Andalucía, Murcia y Madrid se suman a la Generalitat contra el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura

La Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad de Madrid se han sumado a un frente común que lidera la Generalitat Valenciana a la hora de presentar alegaciones conjuntas contra los cambios en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, calificó esta alianza de histórica e inédita porque se trata de la iniciativa de «cuatro comunidades autónomas que representan a 20 millones de españoles, prácticamente la mitad», y se han coordinado en «en la petición de una cultura única del agua en España».

Rigor y objetividad

«De una coordinación nacional -añadió el jefe del Consell- con respecto al agua en España. A favor del rigor y la objetividad y de eliminar ya cualquier criterio político que siga aumentando y generando injusticias» que Mazón ha cifrado 26 recortes del trasvase a través de su historia de 45 años «por no tener unas reglas de explotación técnicas y serias». Las cuatro comunidades que pactan estas alegaciones están gobernadas por el Partido Popular.

Declaraciones de Carlos Mazón sobre la iniciativa "histórica" de coordinación de cuatro comunidades autónomas para alegar contra el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura

Mazón anunciaba de esta forma la presentación de alegaciones «por primera vez y de forma conjunta, coordinada y desde el rigor» de esas comunidades que reciben agua del trasvase. Con la particularidad además de que una de ellas, la Comunidad de Madrid, forma parte además de la cuenca hidrográfica cedente de caudales al trasvase. El plazo para presentar las alegaciones a la revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura finaliza el próximo 2 de mayo, pero se enviaron este martes.

El anuncio se produjo en el acto conmemorativo del 45 aniversario del trasvase Tajo-Segura que, junto al presidente murciano, Fernando López Miras, y los principales representantes de los usuarios del agua del trasvase del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), presidido por Lucas Jiménez, celebraron este martes en el Casino de la capital murciana.

El Gobierno asegura que el trasvase de 27 hectómetros al mes está garantizado hasta septiembre

En este acto conjunto Mazón calificó esta alianza «como un paso histórico» y señaló que en ella «están representados más de 20 millones de españoles en un trabajo coordinado para una política nacional del agua».

Durante su discurso destacó además el valor que a lo largo de la historia de esta infraestructura ha tenido el diálogo y la labor realizada por los empresarios agrícolas, a los que definió como «mosqueteros de la justicia hídrica en España».

A juicio del presidente de la Generalitat, la Comunidad Valenciana «ha demostrado la solidaridad antes de reclamarla» y ha puesto en marcha «después de 20 años» el trasvase Júcar-Vinalopó entre provincias dentro de un mismo territorio «con un esfuerzo extraordinario de generosidad, de vertebración y de rigor». 

Carlos Mazón apeló al ejemplo que a nivel europeo representan en el uso responsable del agua la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería y reiteró «la autoridad moral» de estos territorios para reclamar el agua que necesitan sus tierras.  

Compromiso

Por ello, remarcó la efeméride del 45 aniversario del trasvase Tajo-Segura como una fecha «para el compromiso y la acción coordinada para no ser la generación que vea morir el trasvase» y enfatizó que, con una perspectiva a medio y largo plazo, «hay mucho que hacer» lamentando el tiempo en el que la Región de Murcia «estaba sola incomprensiblemente» en sus reclamaciones en materia hídrica. 

Fernando López Miras, presidente murciano, vendió ayer por su parte -jugaba en casa- el acuerdo a la inversa y señaló que han sido el resto de comunidades a las que se han sumado a la iniciativa de la Región de Murcia.

En las alegaciones, la Generalitat ha expresado a la ministra para la Transición Ecológica (Miteco), Teresa Ribera, «su decepción y desconcierto» por el mecanismo finalmente elegido por este departamento para negociar la actualización de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que se deben modificar tras la aprobación de los nuevos planes de cuenca de ambos cursos fluviales.

El documento que el ministerio de Ribera ha expuesto a consulta pública no contempla que el recorte de los caudales fijado por el nuevo plan de Cuenca del Tajo está recurrido en los tribunales.

Críticas

En una carta firmada por Salomé Pradas, consellera de Medio Ambiente este mismo martes, la Generalitat lamenta que se haya rechazado una propuesta inicialmente aceptada de un trabajo técnico conjunto y colaborativo y se «haya sustituido por un mero envío unidireccional de propuestas escritas, sin posibilidad de diálogo técnico, intercambio de perspectivas y mutuo enriquecimiento de las partes». Considera además que el documento del Gobierno central reduce la idea inicial de «gobernanza participativa a un mero y rutinario trámite».

Para la Generalitat, la forma que ha escogido el ministerio de actualizar las reglas del trasvase sitúa a las comunidades autónomas «en el mismo nivel de interlocución que cualquier interesado», ignorando su condición de Administración pública, y obviando la primordial responsabilidad de representación de intereses medioambientales, socioeconómicos y territoriales a los que afecta un asunto de la fundamental importancia del trasvase. 

Decepción

La consellera señala que, pese «a esta decepción» unánimemente expresada en la reunión por todas las comunidades autónomas asistentes, que manifestaron su disposición favorable al trabajo conjunto inicialmente planteado, «trasladamos nuevamente al ministerio nuestra firme voluntad de trabajar cooperativamente y, a esos efectos, reiteramos nuestro ofrecimiento para el desarrollo conjunto y colaboración en las necesarias tareas técnicas, aportando la experiencia, procesos, metodologías y herramientas que ya se tienen desarrolladas y que se ponen a disposición del ministerio».

Un área cuya responsabilidad principal queda ahora vacante con la elección de Teresa Ribera para encabezar el cartel electoral del PSOE en las elecciones europeas. Ayer Mazón ironizaba con el hecho de que el sustituto no podía empeorar las expectativas de los regantes de Murcia y Alicante, ante la impronta ambientalista que deja la ministra en su gestión.  

Reglas de explotación

Las normas de explotación del trasvase puestas en marcha en 1997 fueron sometidas en 2013 a una sustanciosa modificación con el "Memorándum" aprobado bajo el Gobierno del Rajoy que, en la práctica, supuso la primera regulación y recorte importante del trasvase del Tajo -no se puede trasvasar por debajo de los 400 hectómetros en Entrepeñas y Buendía frente a los 240 de las reglas anteriores-. Estas disposiciones reguladoras se deben actualizar tras la aprobación de cada nuevo ciclo del plan de cuenca del Tajo. 

Caudales ecológicos

El desencuentro fundamental entre la Generalitat y el Gobierno se centra en que la propuesta de actualización de las reglas de explotación, a juicio del Consell, no tiene en cuenta los recursos que han sido presentados ante los tribunales por la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Ambas comunidades autónomas han llevado al ámbito judicial los recortes del trasvase derivados del aumento de los caudales ecológicos del Tajo, recogidos en el nuevo plan de cuenca, que han sido rechazados frontalmente por el empresariado agrícola del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

En el documento al que ha tenido acceso INFORMACIÓN al que se añaden las alegaciones presentadas ante el Miteco por la Administración autonómica valenciana -las mismas que ha registrado la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid-, se señala que la actualización de la regla difícilmente «podrá evitar el impacto de las reducciones en las posibilidades de trasvase al Segura y Guadiana, reducciones debidas fundamentalmente a los nuevos caudales ecológicos fijados en el Plan Hidrológico del Tajo».

La consellera Pradas remarca en este sentido que «es necesario reiterar que estos caudales han sido recurridos ante los tribunales y están sub iudice en estos momentos». La Generalitat propone para «superar esta situación proponer soluciones alternativas que cubran las distintas posibilidades, sin discontinuidades ni vacíos temporales. 

Las comunidades autónomas piden además que en la actualización de la normativa permanezca el tratamiento conjunto, como hasta ahora, de los trasvases al Segura y al Guadiana. 

Datos

Respecto a los datos a utilizar para medir, dicen que tienen que ser objetivos, con nuevas batimetrías para conocer la capacidad real de los -embalses de cabecera y sus evaporaciones, así como nuevos embalses mínimos en la cabecera del Tajo, abriendo la posibilidad de que se pueda estudiar una medición por separado y no como un conjunto, en referencia a los datos de Entrepeñas y Buendía.

Además, se señala que se deberían analizar las filtraciones que, aseguran, se producen en los embalses de cabecera, que en estos momentos suman más de 1.180 hectómetros. Un volumen que garantiza el trasvase destinado al riego hasta el final del año hidrológico, en septiembre. Es decir durante todo el verano. 

Las alegaciones matizan que sí existen cinco sentencias del Tribunal Supremo que exigen el establecimiento de un caudal ecológico, pero que en ningún momento fijan si tiene que ser el establecido por el nuevo Plan Hidrológico del Tajo. Un argumento, no obstante, que ya esgrimió el anterior Gobierno del Botànic para evitar el recorte en el plan de cuenca del Tajo, sin éxito y que se mantiene en los recursos judiciales.

Nivel 3

En las alegaciones pactadas por las cuatro comunidades también se explica que cuando los embalses de la cabecera del Tajo se encuentren en Nivel 3-con menos de 600 metros cúbicos embalsados-, la toma de decisiones sobre los trasvases a autorizar tiene que estar basada «en criterios objetivos». Por ello, se pide incorporar el procedimiento denominado «regla del tercio», en el que se tienen en cuenta los recursos disponibles en ese momento y «la previsión» de los dos siguientes meses.