Quince años después del anuncio de construcción de la desaladora de Mutxamel como solución para el suministro de agua potable en l’Alacantí y Benidorm, parece que se ha convertido más en un problema que en una bendición a tenor de lo que está ocurriendo en El Campello o San Vicente. Estas dos poblaciones no quieren el agua desalada, Mutxamel no puede porque no se ha terminado la obra para abastecerse pese a ubicarse en su propio término municipal, Benidorm aún no ha formalizado su petición de caudal, el plan Rabasa con 13.000 viviendas en Alicante al que iba a suministrar fue anulado por el TSJ... de momento solo da servicio a una parte de la capital y a Sant Joan. Entre las causas, que el agua desalada es cinco veces más cara y que además Bruselas, que subvencionó parte de la obra, obliga a repercutir en el recibo 53 de los 100 millones que ha costado la planta y las obras complementarias para distribuirla, una vez descontadas las ayudas europeas.
En 2015 entró en funcionamiento por primera vez, con capacidad para producir 18 hm3 al año, pero no ha sido hasta 2021 cuando está produciendo un caudal continuo... aunque por el momento escaso, ya que está al 35% de su capacidad. Y es que la falta de clientes por el alto precio del agua desalada y por los costes que se tienen que amortizar hacen que la infraestructura funcione al ralentí.
Esta obra fue incluida dentro del proyecto estrella Agua de la entonces ministra de Medio Ambiente con Zapatero Cristina Narbona, que buscaba frenar la sobreexplotación de los acuíferos del Alto y Medio Vinalopó de los que bebe parte de l’Alacantí, y compensar los continuos recortes -y los que están por llegar- del trasvase Tajo-Segura, ya que el Gobierno central insiste en la desalación como la solución para la provincia.
De momento solo reciben un flujo constante Alicante para la zona de la Playa de San Juan y Cabo de las Huertas, y Sant Joan. En estos dos casos, la repercusión de los costes de la desaladora se ha pactado por un periodo transitorio de 5 años de duración, en el que se repercute de forma progresiva los costes de la nueva fuente de suministro, según explican desde Aguas Municipalizadas de Alicante (Amaem).
El pasado mes se sirvieron 560.000 m3, de los que aproximadamente el 40% fueron para Sant Joan y el 60% restante para la capital, según los datos facilitados por la sociedad estatal Acuamed. Las obras que deben permitir la llegada del agua desalada a Mutxamel, envueltas además en una investigación judicial por irregularidades en la adjudicación de los trabajos, se paralizaron hace cinco años, por lo que no puede recibir agua por el momento pese a que firmó un convenio en 2006.
Por su parte El Campello se niega a recibir el agua pese a que técnicamente ya puede abastecerse, y esta situación ha generado una grave crisis en el tripartito formado por PP, Cs y Vox. Los naranjas rechazan la llegada de estos caudales por el incremento que va a suponer en la factura -una subida del 6,9% en los primeros seis meses y otro 6,9% en el segundo semestre- pese al convenio que firmó el Ayuntamiento en 2006, similar al de Mutxamel. Pero de todas formas el recibo va a subir aunque no llegue el agua, porque en junio Acuamed va a empezar a repercutir en los ciudadanos los 14 millones que le corresponden a El Campello por la construcción de la planta.
El Ayuntamiento se comprometió en 2006 a sufragar así una parte de coste de la desaladora. Eso sí, aún no se ha calculado lo que supondrá el comienzo de la amortización en el recibo de este mes, tras rechazar el pleno modificar el convenio para una subida más escalonada, ampliando de 25 a 40 años el periodo de amortización de los 14 millones.
El PP, siempre crítico con las desaladoras, se ha convertido junto con Vox con el único defensor de la llegada de este caudal a El Campello, para cumplir así con el compromiso aprobado en 2006 por populares y PSOE, y garantizar el suministro de agua en las próximas décadas. Pero precisamente los socialistas campelleros se unieron a Cs, EU, Red y Podemos para tumbar la modificación de convenio y la actualización de tarifas, alegando falta de información y denunciando las prisas del ejecutivo en este tema, bloqueando así la llegada del agua desalada, pero no el pago de los costes de construcción por el citado convenio.
Sobreexplotación de acuíferos
El PP no entiende esta postura de los socialistas, ya que el PSOE respaldó en 2006 el convenio y es el Ministerio para la Transición Ecológica, en manos socialistas, quien urge la llegada del agua desalada. Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), también dirigida por el PSOE, ha requerido ya en dos ocasiones a El Campello para que deje de abastecerse de los pozos del Vinalopó y se conecte a la desaladora, para permitir así la recuperación de los acuíferos, tal y como exige la UE, por lo que el municipio parece abocarse a la apertura de un expediente y posibles sanciones.
Por su parte Sant Joan ya está recibiendo caudal desalado. Y San Vicente ha manifestado que en su día rechazó conectarse a la desaladora porque no le interesaba, por lo que no tiene obligación alguna y no será cliente de la planta de Mutxamel. Lo que va a hacer es aumentar el suministro del trasvase Tajo-Segura para compensar el cierre de los pozos del Vinalopó, lo que aumentará en 50 céntimos al mes la factura. Del mismo modo, Benidorm tiene intención de solicitar 500.000 m3 al año, aunque aún no ha formalizado esta petición. Y hay que recordar que la planta de Mutxamel recibe el nombre oficial de «desaladora de la Marina Baixa», ya que uno de sus objetivos es garantizar el suministro de Benidorm en caso de necesidad.
Acuamed espera que con el tiempo se vaya incrementando el consumo por parte de los dos usuarios existentes y con la incorporación de nuevos. Pero por el momento, una infraestructura que debía dar servicio a 200.000 personas de Alicante, Mutxamel, El Campello, San Vicente y Sant Joan, y en caso de emergencia a Benidorm, se limita por el momento a una pequeña parte. Y mientras, la UE aprieta.
