La Fiscalía pide la apertura de juicio oral por el caso de fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de El Campello entre 2011 y 2019. Y solicita para los cinco concejales investigados, entre ellos el actual alcalde, Juanjo Berenguer (PP), y su predecesor, Benjamí Soler (Compromís), 13 años de inhabilitación para ostentar cargo público por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa. Y para la funcionaria imputada pide también 13 años de inhabilitación para ocupar cargo de técnica en cualquier corporación municipal.
El motivo de esta causa son los pagos realizados por el mantenimiento de una depuradora y una fuente durante ocho años sin una licitación pública del servicio, pese a los reparos que presentaban Intervención, Secretaría y Contratación. Una investigación judicial que se abrió a raíz de una denuncia de Esquerra Unida, que por su parte pide para los acusados 12 años y medio de inhabilitación, es decir una pena menor que la de la Fiscalía. Estos pagos suman unos 380.000 euros.
Junto con los dos alcaldes, figuran procesados los exediles Alejandro Collado (PP), David Ramírez (Compromís) y Alfred Botella (Compromís), que ocuparon el área de Servicios entre 2011 y 2019. Y también la funcionaria jefa de servicio de Servicios, Laura Climent. Berenguer está imputado por su primera etapa como alcalde, entre 2011 y 2015, año en el que Soler accedió al cargo, hasta 2019, cuando recuperó la vara de mando Berenguer. En el Consistorio solo permanecen como ediles Berenguer y Soler.
El escrito del fiscal, fechado el pasado 9 de mayo, llega después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Alicante decretara el procesamiento de los seis implicados el pasado febrero tras apreciar indicios de delito en sus actuaciones. Y aún quedan por resolverse recursos interpuestos contra este procesamiento por parte de los investigados, paso previo a la apertura del juicio.
El fiscal destaca que los acusados mantuvieron los pagos pese a las advertencias de ilegalidad por parte de Intervención, Secretaría y Contratación
El fiscal mantiene que "los responsables políticos y la funcionaria indicada, procedieron, en el periodo comprendido, al menos, entre los años 2011 y 2019, a fraccionar el objeto de los servicios, dividiendo el precio de estas mismas prestaciones en diversas facturas, que eran presentadas mensualmente por las empresas suministradores, expedidas bien por 'Talleres Iglesias Campello S.L.', en el caso del mantenimiento de la Fuente del Centenario, bien por 'Depuración De Aguas Del Mediterráneo SL.', en el caso del mantenimiento y explotación de la depuradora del Edificio Cala Merced, y por precio, la inmensa mayoría de las mismas, considerando individualmente cada una de las facturas, inferior al establecido en la legislación de contratación administrativa, 18.000 o 15.000 euros anuales excluyendo IVA, que permitiría su adjudicación directa como contrato menor de servicios (salvo en el caso del servicio relativo al mantenimiento y explotación de la depuradora en el que el importe acumulado anual del servicio siempre impediría su adjudicación directa)".
Según el Ministerio Fiscal, "actuando de esta forma, los acusados, contravenían de forma consciente y radical los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público relativos a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato de todos los ciudadanos, cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente mas ventajosa, con lo que actuaban de forma arbitraria en la adjudicación de los servicios, los cuales fueron finalmente satisfechos tras ser aprobados sus pagos por quien ejercía funciones como alcalde en cada momento, pago que en todo caso era propiciado gracias a las actuaciones previas realizadas por los acusados mencionados".
Así, el fiscal destaca que pese a los reiterados reparos de Intervención y los informes de Contratación y Secretaría "señalando la ilegalidad de los contratos menores", el Ayuntamiento siguió abonando de forma irregular estos servicios y no sacó a licitación el mantenimiento de las dos instalaciones todo el tiempo investigado -entre 2011 y 2019-, algo que no ha llegado hasta ahora. Y es que el año pasado se adjudicó el mantenimiento de la depuradora, y en cuando a la fuente, ha quedado desierto el concurso hace unas semana, siendo ambos procesos impulsados desde la concejalía de Servicios que ahora ocupa Cs. De cualquier forma, apunta que no consta que el Ayuntamiento haya sufrido un perjuicio patrimonial por estos hechos. Por la depuradora se abonaron en el periodo investigado unos 250.000 euros y por la fuente otros 130.000 euros, según el fiscal.
En el caso de la depuradora, el Ayuntamiento alegaba para dar vía libre a estos pagos que se había solicitado a la Epsar que se hiciera cargo del mantenimiento, y que la próxima ejecución de las obras de la Generalitat para conectar el alcantarillado de la zona norte con la depuradora se preveían para 2017, con lo que este servicio dejaría de prestarse. Pero lo cierto es que esta obra sigue arrastrando un enorme retraso y aún está en fase de licitación, aunque se espera que se concluya la adjudicación en breve.
Benjamí Soler asegura tener la conciencia tranquila y espera que acabe esta "pesadilla"
El alcalde, Juanjo Berenguer, ha declinado este viernes hacer declaraciones sobre este proceso. Y el exprimer edil Benjamí Soler se ha limitado a manifestar que "tengo la conciencia muy tranquila de haber actuado en todo momento por el bienestar de los vecinos y vecinas de El Campello. Ahora toca esperar y ver cómo acaba esta pesadilla".
Precisamente el tema de los contratos menores y el riesgo de fraccionamiento de contrato está muy presente en el Ayuntamiento, lo que está provocando el bloqueo de muchos servicios municipales, hay funcionarios que se están negando a firmarlos para no incurrir en ilegalidades y está causando un nuevo choque en el seno del tripartito entre PP y Cs.
Esquerra Unida pide la dimisión de Berenguer y Soler
Por su parte, desde Esquerra Unida su edil Pedro Mario Pardo, que llevó este caso ante los tribunales, ha recordado que "han sido numerosas las ocasiones que nuestra formación política ha exigido, con los informes de los técnicos municipales que advertían de las ilegalidades, que se regularizada la situación de absoluta falta de respeto a la ley que se vivía en el Ayuntamiento durante años por los políticos que han ido pasando por el gobierno. Y ante la nula respuesta al no considerarlo cuestión de importancia no nos quedó otra opción que o ser cómplices o acudir a la justicia. Y para la primera opción no estamos en política".
Pardo ha agregado que "algunos de los propios acusados, cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó al exalcalde Juan Ramón Varó (PP) una pena de inhabilitación de 8 años por un caso similar, exigieron la dimisión aludiendo a que 'hemos aguantado mucho tiempo sin decir nada sobre este tema cuando ya estaba imputado, pero creo que ya es suficiente y tenemos que pedirle responsabilidades. No es de recibo que tras 16 años de alcalde no supiera lo que se tenía que hacer y lo justificara en la urgencia. Las normas están para cumplirlas'. Hoy, tras la solicitud de la Fiscalía debería dimitir cumpliendo con lo mismo él exigía a los demás". Estas declaraciones las realizó Benjamí Soler en 2013, cuando estaba en la oposición, bancada que ocupa también en el actual mandato. Varó fue condenado finalmente a 4 años y medio de inhabilitación en 2016.
El edil ha lamentado que "ahora que empiezan a verle las orejas al lobo es cuando les han entrado las prisas por licitar algunos de los ser servicios que se han mantenido sin licitación durante décadas. Pero no se puede solucionar en un día lo que se lleva haciendo mal durante años. Es responsabilidad directa de Berenguer y Soler haber desoído informes técnicos y haber llevado a la contratación municipal al colapso, al caos y la falta de gobierno por la que atravesamos. Por ello, no es momento de ponerse de perfil y asumir responsabilidades", por lo que pide tanto a Soler como al actual alcalde que dejen el acta de concejal, siguiendo el mismo criterio que mantuvieron EU y el propio Compromís en 2013 con Juan Ramón Varó.
