El centro de Alcoy dejará de ser peatonal al renunciar el Ayuntamiento a recurrir la sentencia en contra

Las calles del centro de Alcoy que se peatonalizaron en marzo de 2021 volverán a su situación anterior, admitiendo el paso de vehículos, al renunciar el Ayuntamiento a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que anula este plan. Lo ha anunciado este jueves el concejal de Movilidad, Jordi Martínez, quien ha señalado que el actual equipo de gobierno ya dijo al constituirse la corporación que este mandato sería "tiempo de humildad" y que "si llevamos este asunto al juzgado perdemos todos, y si abrimos el diálogo ganamos todos". Por ello, se restablecerá el tráfico en las calles afectadas, aunque con la mirada puesta, eso sí, en consensuar un nuevo plan de peatonalización con todas las partes que tengan algo que decir al respecto.

En el próximo pleno ordinario, que se celebrará el 3 de noviembre, el gobierno municipal incluirá en el orden del día el acatamiento de la sentencia del TSJ, lo que supondrá la derogación de la ordenanza reguladora de la peatonalización del centro, que entró en vigor el 29 de marzo de 2021. A partir de entonces, ha señalado Martínez, "se irá recuperando poco a poco" la situación previa a la citada fecha, es decir, la apertura al tráfico de las calles que se cerraron entonces. Esto requerirá ya una negociación con agentes como algunos hosteleros de la zona, que en los últimos dos años y medio han ampliado el espacio de sus terrazas en lo que ahora teóricamente volverá a ser una calzada.

En cuanto a las sanciones por incumplir la ordenanza, como por ejemplo por entrar con un vehículo particular en la calle San Lorenzo sin ser residente, las que se hayan impuesto desde la fecha de notificación de la sentencia, el pasado 15 de septiembre, no se aplicarán. "Hemos tramitado los expedientes pero no hemos ejecutado cobros", ha dicho el edil de Movilidad. Así se seguirá haciendo hasta la derogación de la norma, tras el pleno del 3 de noviembre. Sin embargo, lo que podía parecer una de las grandes controversias en torno a este fallo judicial, la incógnita de si el Ayuntamiento tendría que devolver el importe de todas las multas impuestas a lo largo de estos dos años y medio, no es tal. Esas sanciones, ha explicado Martínez, son firmes, al no haberse recurrido en su momento, y por lo tanto no hay que devolver importe alguno de ellas.

El concejal de Movilidad ha añadido que, con todo, "entendemos que la peatonalización del centro se producirá en un futuro", con un consenso amplio. Por ello, ha apelado a "abrir un proceso de escucha a toda la gente". Además, ha indicado que cuando llegue el momento de poner en marcha la zona de bajas emisiones, que ya está aprobada y a lo que Alcoy está obligada por ser una ciudad de más de 50.000 habitantes, será "el momento de abrir ese diálogo".

El TSJ emitió su sentencia el pasado 31 de julio, aunque la notificó a las partes el 15 de septiembre, como ya publicó este periódico. El tribunal entendió, y así recogió en el fallo, que no se informó debidamente a los ciudadanos acerca del plan de peatonalización. Sí se difundió a través de la página web municipal un borrador de la ordenanza y su ámbito de actuación, pero el Ayuntamiento "no puso a disposición de los ciudadanos ningún informe técnico ni memoria justificativos del contenido", según recogía el texto. En un primer momento, el Consistorio anunció que recurriría la sentencia, pero finalmente ha desistido de hacerlo.

Abiertos al diálogo

La plataforma que emprendió el proceso judicial ha acogido con "mucha satisfacción" el anuncio del Ayuntamiento de no recurrir la sentencia del TSJ que tumba el plan de peatonalización. Cristina Richart, portavoz del colectivo, argumenta a preguntas de este periódico que "aunque recurrieran, estaba perdida" para la administración municipal, en tanto que uno de los principales fundamentos del fallo era que no se había informado correctamente del plan a la ciudadanía.

Aunque incide en que "de facto ya se está cumpliendo la sentencia", en tanto que las sanciones que se han impuesto desde el 15 de septiembre no van a tener ningún efecto, Richart apela a que la ordenanza se derogue cuanto antes, porque "no tiene sentido" que siga en vigor tras el fallo del TSJ y el anuncio de que no se recurrirá. La portavoz de la plataforma incide en que "no se ha dialogado en ningún momento con los vecinos" para elaborar el plan tumbado por el tribunal, y también en aspectos que para los demandantes son un sinsentido, como que "es más corto el recorrido por la calle San Lorenzo que por la de San Jaime", que ha absorbido el grueso del tráfico en estos dos años.

Con todo, el colectivo recoge el guante del concejal de Movilidad. Richart hace hincapié en que "nunca hemos estado cerrados al diálogo", sino todo lo contrario. Por ello, apela a que se cuente con ellos, y con la ciudadanía en general, tanto a la hora de elaborar posibles alternativas al plan que ahora se derogará como otras iniciativas, caso de la zona de bajas emisiones. "Ahí también hay cosas que aclarar", indica la portavoz, en aspectos como los flujos de tráfico o las distintas fuentes de ruido.