Ni le apañaron nada en la redacción del Plan General (PGOU) de Alicante ni entregó regalos a los exalcaldes de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. El empresario Enrique Ortiz negó ayer ante el tribunal que le juzga por los delitos de cohecho y tráfico de influencias las acusaciones, aunque se acogió a su derecho a no declarar sobre el contenido de las escuchas en las que se basa la investigación que le ha llevado al banquillo. Tampoco contestó a los letrados del Ayuntamiento y EU, que ejercen la acusación particular y popular respectivamente. Era la primera vez que el promotor declaraba en esta causa ya que hasta ahora se había acogió al derecho a no testificar.
Tras haberse resuelto las cuestiones previas, el juicio por los presuntos amaños del PGOU arrancó ayer en la Audiencia de Alicante con la declaración de cinco de los nueve acusados. En el banquillo, además de Ortiz y de los dos exalcaldes, se sientan el promotor ilicitano Ramón Salvador, los abogados urbanistas Javier Gutiérrez y el hermano de la exregidora José Luis Castedo, así como un hermano del promotor y dos de sus empleados. El proceso es una pieza separada del llamado caso Brugal que comenzó investigando una presunta trama de sobornos en la contrata de basuras de Orihuela y se acabó desgajando en una veintena de causas.
"Mi relación con Castedo era la propia de un empresario con múltiples concesiones municipales"
El primero en declarar ayer fue Ramón Salvador para ratificar la conformidad que llegó con la Fiscalía el pasado febrero en la que admitía haber pagado para que le recalificaran suelo. El tribunal le permitió irse a casa y ya no tendrá que volver hasta el último día del juicio.
Al empezar el interrogatorio de Ortiz, el segundo en comparecer, el fiscal Felipe Briones arrancó interesándose por los motivos por los que en abril también quiso llegar a un acuerdo, como el promotor ilicitano, y declararse culpable. Un pacto del que dio marcha atrás poco antes del juicio y sobre el que la magistrada que preside el tribunal, Montserrat Navarro, no le permitió al acusador preguntar.
Ortiz aseguró que su relación con Castedo «era la propia entre un alcalde y un empresario que tiene múltiples concesiones municipales y es urbanizador de varios planes». «Es una buena relación» recalcó. Y explicó que el marido de la exalcaldesa es «amigo mío y trabaja para nuestras empresas desde antes de casarse con ella». Sobre Alperi, aseguró que al principio no era buena porque «me veía como un contratista del PSOE, pero en las riadas del 97 pusimos todos nuestros medios a disposición del Ayuntamiento y estuvimos trabajando día y noche para reparar las zonas afectadas. Ahí me gané su confianza y empezó nuestra relación».
"Al principio Alperi me veía como un contratista del PSOE pero me gané su confianza en las riadas del 97"
Ortiz negó haber recibido información privilegiada del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad y dijo que la que manejaba era de dominio público. «No hemos comprado ni un solo metro antes del avance del plan y se ha pagado en razón de lo que valía», recalcó. El promotor aseguró que siempre se ha preocupado por informarse sobre el estado de las zonas donde tiene suelo. «El único que podía dar información privilegiada era yo», ironizó señalando que en sus empresas siempre han tratado de ir por delante de la Administración. «Tenemos más medios que el propio Ayuntamiento, porque si fuéramos a su ritmo, estaríamos muertos», apostilló.
Según el promotor, «Sonia Castedo no me apañó ni lo del APA-9 ni lo del Rico Pérez». Afirmación con la que aludía a una de las escuchas que aparecen en la investigación a pesar de que había dicho que no iba a responder nada sobre ellas «porque las conversaciones no están completas y son de doce años, por lo que se podrían sacar conclusiones erróneas», argumentó.
Sobre el APA-9 sostuvo que Castedo no le pudo apañar nada porque ya era urbanizable avalado incluso por sentencia judicial. En cuanto a la zona del estadio del Hércules, recordó que fueron los propios técnicos municipales quienes rechazaron el plan y que desde entonces «se quedó muerto». Ortiz explicó que «el estadio se venía abajo» y que había que asumir unas obras por valor de cuatro millones para arreglarlo. El problema fue que para llevar a cabo dichos trabajos era necesario el doble. El promotor insistió en que el plan «no fue una operación especulativa» y que lo que se pretendía era sacar financiación para arreglar el campo. «Esto no era un capricho. El Hércules iba a ascender a Primera y había opciones de que la ciudad pudiera acoger partidos del Mundial. Necesitábamos un campo de cinco estrellas. Me he gastado más de 60 millones en el club y eso que el fútbol no me gusta. Hemos hecho muchas cosas a fondo perdido», añadió.
"Castedo no me apañó ni el APA 9 ni el plan del Rico Pérez"
Ortiz insistió en que ni Alperi, ni Castedo, ni ningún funcionario municipal le entregaron planos del PGOU. Únicamente admitió que en una ocasión le dio a Alperi un plano con unas fincas en el plan Rabasa para que se incluyeran los accesos a la autopista que le exigían desde la Dirección General de Carreteras. «Les dije que me las pintaran de azul como expresión coloquial, pero luego me negaron todas las alegaciones», aclaró. A preguntas de su abogado, Francisco Ruiz Marco, aseguró que los documentos con los que le fotografió la Policía a la salida de una comida con Alperi en un restaurante se los había dado el dueño del local y eran las escrituras de un terreno para que se lo valoraran de cara a venderlo.
El acusado negó tener intereses en parques naturales para obtener con ese suelo mayor porcentaje de urbanización en otras zonas. «Era enemigo público del sistema uno por uno porque arruinaba a los profesionales de la construcción», expuso, aunque sí encargó un estudio con los parques prioritarios para la Generalitat y si tenían alguna incidencia en sus intereses. En este sentido, dijo que ni ha comprado suelo en la sierra de Fontcalent, ni en los saladares de Agua Amarga. Sobre esta última , admitió haber invertido en el fallido proyecto de la Ciudad de la Economía y que se frustró por la afección de ese suelo a la protección de los Saladares. También negó haber contratado a los abogados del despacho Salvetti, acusados en esta causa, para que le presentaran alegaciones. «Los conozco, son un despacho de prestigio pero tengo a mis propios abogados», dijo.
Viajes a Andorra y Creta
El promotor negó las dádivas a Castedo y a Alperi de las que le acusan. Así, rechazó haber regalado un Mini a una amiga de la exalcaldesa. «Era un coche que usaba mi hijo y como lo iba a vender, su marido me propuso comprarlo y regalárselo en su cumpleaños. Lo vendí por 5.000 euros y lo pagaron a plazos», explicó.
Desmintió haber regalado dos viajes a Andorra a Castedo en las navidades de 2008 y 2009. «Yo voy todos los años y un día me preguntó a qué hotel íbamos. No pagué nada», aseguró. Sí confesó haber invitado a la exalcaldesa a un viaje a Ibiza en su yate. «Cuando no está en chárter, uso el barco e invito a mis amigos. Los gastos son los mismos si van diez o doce personas», puntualizó.
"No compramos ni un metro antes del avance del PGOU"
Sobre las supuestas dádivas a Alperi, rechazó haber pagado por los bungalows en los que vivían sus hijos, así como haberle regalado un viaje a Creta. «Solo llamé a un amigo que alquilaba aviones para que le tratara bien. Al final, llamó a otro y se lo alquiló a él». Y sobre el supuesto regalo de un palco en el Rico Pérez dijo que «en el estadio no había ni hay palcos». Sí admitió haber ayudado al hijo del exprimer edil a crear una empresa para la que le prestó 30.000 euros que le devolvió. El empresario admitió haber contratado a gente recomendada por todos los partidos, sindicatos y entidades sociales. «Gente necesitada, siempre hemos tenido una vertiente social», ha dicho.
Más breve fue la comparecencia de Alperi, que solo contestó a su abogado para negar los hechos. La sesión se cerró con la negativa a testificar del hermano del empresario y la declaración de un empleado, el ingeniero de caminos Santiago Bernáldez, que desmintió que se falsificaran trabajos para encubrir entregas de dinero a Alperi.
