La Conselleria de Sanidad remitió ayer a la Fiscalía de Alicante la documentación que la pasada semana le solicitó el fiscal Pablo Romero en el marco de las diligencias abiertas para investigar las vacunas contra el covid que supuestamente se administraron de forma indebida a cerca de una decena de cargos públicos en la provincia.
Las diligencias se incoaron la pasada semana después de que un representante vecinal y un exdirigente de colectivos ciudadanos presentaran una denuncia a título particular en la Fiscalía en la que comunicaban estas inmunizaciones, entre las que se encontraban cargos públicos tanto del PSPV como el PP. De los populares, el caso más paradigmático es el del alcalde de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano, quien no solo se saltó el turno establecido en el protocolo de vacunación sino que se le administró el vial en una residencia de mayores donde el acceso estaba restringido por las medidas anti covid. Entre los del PSPV, un matrimonio, el que forman los regidores de El Verger, Ximo Coll, y la de Els Poblets, Carolina Vives. Todos, a excepción de la teniente de alcalde de Dénia, Cristina Morera, y del comisionado de Sanidad de Torrevieja, José Antonio García, continúan en sus puestos.
El fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, ha puesto al frente de la investigación al también fiscal anticorrupción Pablo Romero, quien quiere estudiar toda la documentación que ha requerido a Sanidad para analizar después el alcance de los hechos denunciados, pero caso por caso.
Entre el material que ayer salió de la Conselleria de Sanidad se debe encontrar el protocolo de vacunación, si existen eventualidad que permitan excepciones en los turnos establecidos para las inmunizaciones, la cadena de suministro de las vacunas y las personas que han participado en el proceso.
La consellera de Sanidad cifró en 62 las vacunaciones indebidas detectadas por su departamento en toda la Comunidad Valenciana, pero solo la Fiscalía de Alicante ha abierto una investigación por unos hechos en los que también está involucrado, entre otros, quien fuera fiscal jefe de Castellón hasta que renuncio al cargo tras hacerse público que se había vacunado. Ni en Valencia ni en Castellón se han seguido los pasos de Alicante.
Murcia tiene abierta otra investigación por vacunaciones bajo sospecha a políticos, funcionarios y, desde el martes, a la cúpula de su Diócesis.
