Se ha tomado su tiempo pero por fin la Conselleria de Sanidad ha comenzado a remitir a la Fiscalía de Alicante la documentación que le requirió hace un mes sobre ocho vacunaciones contra el covid, todas ellas de cargos públicos que fueron denunciados por haberse saltado su turno en el protocolo fijado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la administración de las dosis.
Se trata de las inmunizaciones del alcalde de La Nucía y diputado provincial del PP, Bernabé Cano, de sus compañeros de partido Juan Bautista Roselló, diputado provincial, y José Galiano, concejal de Sanidad en Orihuela, a quienes se unen los regidores socialistas del El Verger y El Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, la exteniente de alcalde de Dénia, la también socialista Cristina Morera, el excomisionado de Sanidad de Torrevieja, José Antonio García, y el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, que se vacunó junto a su hermana y su cuñado en la Casa Sacerdotal de Alicante cuando no residen allí.
Tras la denuncia que a título particular interpusieron dos representantes vecinales, el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, decidió abrir diligencias a principios del pasado mes, momento en que el fiscal que se ha encargado del caso, Pablo Romero, se dirigió a la conselleria para solicitarle la información que ahora ha comenzado a llegar.
Entre otros datos, el fiscal reclamaba la normativa estatal para la administración de las vacunas, donde se fijan los criterios para establecer los grupos de riesgo y el calendario de vacunación, así como las peculiaridades, si las hubiera, para su aplicación en el territorio de la Comunidad.
Quiere el fiscal también que la conselleria certifique si los ocho denunciados han recibido efectivamente la primera dosis y, en el caso de que así sea, le facilite los datos precisos de dónde y quién las administró, Y extiende la petición de información a la cadena de suministro de los viales con indicación expresa de todas las personas que participaron en el proceso precisando los cargos y la responsabilidad de cada una de ellas.
Una vez disponga y estudie toda la información, el fiscal analizará cada caso de forma individualizada para determinar si estas acciones tienen encaje en el Código Penal. El decreto de apertura de diligencias apuntaba a los posibles delitos bien de prevaricación, en tanto que con estas inmunizaciones se habría incumplido la resolución de un órgano administrativo, precisamente por parte de cargos públicos, o de malversación, atendiendo al valor de un bien escaso y beneficioso para salud, como es la vacuna contra el covid en este momento de crisis sanitaria.
Una vez que el fiscal analice todos estos aspectos, será el momento de decidir de forma individualizada si existen indicios de delito, lo que llevaría a su judicialización para que un magistrado se encargue de la instrucción, o, en caso contrario, se procedería al archivo.
