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Barcala adelanta que el centro de congresos estará listo en 2024 y costará un mínimo de 50 millones

El alcalde anuncia un concurso internacional de ideas para que la instalación sea un «hito» y espera que el proyecto duplique el impacto económico del turismo congresual en Alicante hasta los 40 millones

Un instante de la Comisión Puerto-Ciudad convocada esta mañana para explicar a la oposición el proyecto

Casi un mes después del registro de una declaración de intenciones ante la Autoridad Portuaria sobre el proyecto del centro de congresos en los muelles 7 y 9, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tomó este lunes la palabra para dar explicaciones a la Corporación municipal. Lo hizo en la comisión municipal de Puerto-Ciudad, que se convocó a petición del grupo municipal socialista. 

El regidor popular trazó públicamente la hoja de ruta de una iniciativa en la que se han embarcado, además del Ayuntamiento, la Diputación de Alicante, la Autoridad Portuaria y se prevé también la participación de la Generalitat. Al respecto, Barcala reconoció que tiene una reunión pendiente con el jefe del Consell, Ximo Puig: «Por primera vez, todas las administraciones involucradas estamos trabajando en el proyecto y estamos de acuerdo. No voy a revelar conversaciones porque no estoy autorizado, pero el Puerto no hubiera dado su visto bueno sin la autorización del Gobierno central y de la Generalitat. Las condiciones de Puig las sabíamos y las compartimos. Siempre he recibido el apoyo de la Generalitat». De hecho, el propio Barcala defendió este lunes, ante la Comisión Puerto-Ciudad [en la que no está representada, por decisión propia, la Autoridad Portuaria] que la instalación congresual debe ser emblemática. Es decir, un hito. 

El regidor popular pide unidad política para sacar adelante la iniciativa, mientras la izquierda le acusa de opacidad

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En su intervención, el alcalde habló de cifras, tanto del presupuesto estimado para el proyecto como de las fechas previstas para su realización. Todo ello, sin embargo, sigue en el aire. A la espera de que la iniciativa siga avanzando. Con ese fin, Barcala insistió en que se convocará un concurso internacional de ideas para el diseño de un proyecto que contará con una inversión inicial de 50 millones de euros, una cantidad que se podrá ampliar si los expertos consideran que se requiere de una mayor inversión. En ese encaje de cantidades también será relevante la participación (o no) del Consell. 

En la previsión que defendió el alcalde, se espera que el diseño del proyecto se conozca a finales de 2022 y que las obras arranquen en el año 2023, tras las elecciones municipales previstas para finales del mes de mayo, con el objetivo de que terminen durante el 2024, es decir, con otra corporación. «No habrá primera piedra», bromeó Barcala, quien apuntó que antes de que finalice la construcción se debe aprobar un consorcio. «Este órgano se encargará de la gestión y el mantenimiento del centro de congresos. En Alicante será a través del Patronato Municipal de Turismo, que elaborará su proyecto de gestión», precisó. 

Desde el gobierno municipal se espera que el futuro centro pueda duplicar la actividad congresual en la capital alicantina, y así lo hizo saber el propio Barcala, quien calcula que el retorno en la ciudad puede pasar de los 22 millones previos a la pandemia de coronavirus hasta los 50 millones, mientras que se espera que los asistentes pasen de 25.000 hasta los 50.000 congresistas una vez esté disponible el centro de congresos sobre terreno portuario. 

Cohesión municipal 

Tras hacer pública la hoja de ruta, Barcala tendió la mano a los grupos de la oposición para sacar adelante el proyecto. «Requiere un respaldo lo más amplio posible, debemos remar todos juntos. Es un proyecto de ciudad. Les pido compromiso, para dentro del debate saquemos este proyecto adelante. Hemos fracasado demasiadas veces en este tema», admitió, en alusión a otros intentos en Sangueta y el Benacantil con anteriores gobiernos populares. Desde la oposición, en cambio, la izquierda acusó de opacidad al alcalde. El más crítico fue el socialista Sanguino, que se alejó del tono empleado por el resto de grupos. «No le importamos lo mas mínimo. Hablar de discreción es torticero, solo le importan los votos de Vox», señaló el socialista, que fue calificado como «alma libre» por Barcala en la réplica. 

Desde Unidas Podemos, el portavoz, Xavier López, reclamó que el proyecto no se quede en nada, una vez más: «No nos oponemos al centro de congresos, pero la música no nos gusta. Ha nacido improvisado, con ansias de protagonismo». Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, criticó al bipartito por no facilitar los informes previos encargados a la UA y a la UPV, y a su vez pidió al alcalde que convoque el Consejo de la Ciudad para poner sobre la mesa el proyecto. Por último, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, dio su apoyo explícito a la iniciativa: «Se trata de una reivindicación histórica. No es posible que Alicante no tenga un centro de congresos adecuado. La ubicación nos gusta».

Dos meses para firmar el convenio... 

En su intervención, el alcalde explicó que se está ultimando el convenio entre las administraciones que regulará la primera fase del proyecto (la construcción de la instalación). Se pretende que en ese documento quede patente los detalles del proyecto, incluyendo la planificación y también la participación de cada entidad pública. Se prevé firmar en un plazo máximo de dos meses, según anunció Barcala, quien al respecto de la participación de la Generalitat aseguró que ya ha mantenido conversaciones con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con quien prevé tener una reunión monográfica en breve «para explicar el asunto con detalle». 

Y casi un año para la modificación urbanística

Por otro lado, el alcalde de Alicante señaló este lunes que desde la Concejalía de Urbanismo, que lidera Adrián Santos Pérez, ya se está trabajando para la modificación del Plan Especial del Puerto, que será necesario ajustar para que tenga cabida el centro de congresos en los muelles 7 y 9 del puerto, en una zona próxima a Panoramis. Barcala concretó que los cambios a nivel urbanístico pueden prolongarse sobre un año (como mínimo, ocho meses), en función de las alegaciones que se presenten al proyecto. El popular añadió por otro lado que el periodo de cesión de los terrenos portuarios será por el «máximo» legal, es decir, por cincuenta años.

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