La sentencia del PGOU echa por tierra el pelotazo de Enrique Ortiz con los parques naturales

Como ya publicó este diario, la sentencia descarta amaños en el PGOU y absuelve a la mayoría de los acusados, entre ellos la exalcaldesa Sonia Castedo. Únicamente condenan a multas Ortiz y el exprimer edil Luis Díaz Alperi por algunos de los regalos por los que estaban acusados.

Las magistradas no consideran probado que los cambios de los coeficientes k para el aprovechamiento de ese suelo protegido se hiciera para beneficiar a Ortiz. «No es cierto por tanto que la fijación de los coeficientes K, sea injustificada ni se aporta por las acusaciones prueba alguna de que sea arbitraria o aleatoria», asegura el fallo, que recalca que había hasta tres informes de los técnicos avalando el cambio de los aprovechamientos.

La sentencia analiza las zonas donde Ortiz tenía intereses para descartar que la actuación de las autoridades municipales buscara beneficiar al promotor. El fallo asegura que los terrenos de Torre de la Huerta fueron comprados entre los años 2004 y 2006, cuando ya estaban declarados como suelo urbanizable residencial intensivo desde el avance del PGOU de 2002. Las magistradas recalcan que en todas las escuchas no hay «ni una sola conversación de Ortiz con Castedo ni Alperi sobre el tema de Torres de la Huerta», ni sobre recalificaciones ni aprovechamientos del suelo.

Sin suelo en Fontcalent

A Ortiz se le acusaba también por la compra de terrenos en la sierra de Fontcalent para convertirlo en parque natural y adscribirlo a Torres de la Huerta. Las magistradas hablan en la sentencia de que «se montó toda una ficción» pero «la realidad, lo que se declara probado es que no se compró por el acusado terreno en Fontcalent. Es cierto que se negoció (...) pero que finalmente no se llegó a un acuerdo en cuanto al precio». El fallo además concluye que esta sierra se declaró parque natural por acuerdo de pleno del 17 de abril de 2009 y su gestión no se adscribió a ningún sector concreto.

La sentencia tampoco ve beneficio alguno para Ortiz en la llamada Ciudad de la Economía, donde el promotor junto con la CAM compraron terrenos por ocho millones de euros con la previsión de que pasara a ser suelo terciario, una recalificación que finalmente no se llevó a cabo por el Ayuntamiento. Las magistradas recuerdan que fue un negocio «que resultó fallido» descartando que los compradores tuviera información privilegiada. Del mismo modo, recuerdan que el Ayuntamiento también tumbó el proyecto para recalificar el entorno del estadio Rico Pérez como pretendía el promotor.

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