El portavoz municipal socialista Francesc Sanguino y el secretario general del PSPV-PSOE de Alicante, Miguel Millana, acaban de presentar en los Juzgados de Benalúa de Alicante una denuncia contra el alcalde, el popular Luis Barcala, por "presunta malversación de fondos públicos y prevaricación" "por no retirar los contenedores de ropa usada ubicados en la vía pública de forma ilegal". Así figura en la denuncia, a la que ha replicado el edil de Medio Ambiente, el popular Manuel Villar, aunque de momento no el alcalde, a quien se dirige la misma. En un comunicado, el equipo de gobierno afirma que desde hace tres meses retiran todos los contenedores de ropa usada y que han sancionado a dos empresas, expedientes que aporta en su comunicado de respuesta. El edil Villar indica que "Sanguino vuelve a hacer el ridículo intentando judicializar la gestión municipal y demuestra mala fe porque todas sus preguntas en el Pleno fueron respondidas con los números de los expedientes sancionadores".
Volviendo a la denuncia en sede judicial, el PSOE recuerda que ha reclamado hasta en dos ocasiones que se adopte esta medida sin que el equipo de gobierno sin éxito, "pese a que en un pleno el edil Manuel Villar (PP) aseguró que se iban a retirar aquellos contenedores que se encontraban en situación irregular".
El PSOE asegura estar sorprendido que fuera el propio equipo de gobierno quien confirmara, a raíz de una declaración institucional presentada por el grupo socialista, que "dichos contenedores carecían de los permisos pertinentes para la instalación en la vía pública, y que no se haya hecho nada". Ante esta inacción “los socialistas no hemos tenido más remedio que poner el caso en manos de la Justicia”, afirma el portavoz.
El pasado 25 de junio el gobierno local aseguró que ya se había recogido un centenar de los 117 contenedores azules, rosas y lilas que estaban repartidos por las calles (según el cálculo municipal), haciendo competencia desleal a Proyecto Lázaro, la única entidad que cuenta con permiso municipal para recoger ropa usada, ahora a través de un contrato menor tras vencer el convenio firmado previamente.
El socialista Sanguino considera que el último responsable de este descontrol es el alcalde. “En los meses de confinamiento perdimos el control sanitario del uso de los contenedores de ropa usada porque el alcalde no ordenó a la Policía Local su precinto, como sí hizo con los legales de Proyecto Lázaro. Barcala tuvo la oportunidad de retirar en ese momento de la vía pública estos contenedores para que no se hiciera un mal uso de ellos, pero no lo hizo como es su obligación, por lo que cometió una grave irresponsabilidad”.
Millana, por su parte, ha asegurado que cuando ha gobernado el PSOE "hemos procedido a retirar los contenedores ilegales, no entendemos el proceder de Barcala y la permisividad que está teniendo ahora, con más de un centenar de contenedores de este tipo que se extienden por toda la ciudad".
Un año
El PSOE explica que ya solicitó el 18 de febrero de 2020 ante el Registro del Ayuntamiento el expediente completo relativo a las instalación de contenedores de recogida de ropa. "El Ayuntamiento contestó que solo tenían contraído contrato con la asociación Proyecto Lázaro. A continuación, el PSOE instó a que se resolviera esta anomalía, pero el problema no se solucionó. Ante ello, el grupo socialista volvió a pedir el 1 de junio por Registro Municipal la retirada de los contenedores por carecer de contrato con el Ayuntamiento, "sin recibir contestación, a fecha de hoy, por parte del bipartito"
Los socialistas entienden que se trata de un nuevo caso de "falta de transparencia” del equipo de gobierno. En este sentido señalan que trasladaron una queja el 13 de enero de 2021 al Síndic de Greuges, contra el Ayuntamiento de Alicante, por "propiciar y mantener contenedores de ropa que carecen de permisos para ocupar la vía pública y que son un potencial peligro para la salud, por suponer un foco de contagio debido a que no se trata la ropa con plenas garantías. El Síndic, una vez más, nos dio la razón".
Réplica del bipartito
El concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha salido al paso de la denuncia presentada por el portavoz del grupo socialista en la oposición, Francisco Sanguino, sobre los contenedores de ropa usada recordando que “se están retirando todos los que se detectan, desde que hace tres meses que el Ayuntamiento asumió su recogida como un residuo con el contrato firmado en mayo con Proyecto Lázaro por el Servicio de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos. Anteriormente era solo un convenio con Asuntos Sociales para un programa de inserción socio-laboral, que además no establecía ninguna exclusividad”.
“Sanguino vuelve a excederse en atacar al alcalde con falacias y mintiendo, sobre un asunto como es el de la recogida de ropa usada en el que la ley de residuos de la Comunidad Valenciana no obliga a los ayuntamientos a tenerla implantada hasta 2025”, ha precisado Manuel Villar. Asimismo, el edil de Medio Ambiente ha recordado que este convenio-programa de inserción socio laboral se firmó en 2014 con Proyecto Lázaro por un gobierno popular y se renovó en 2017 con el tripartito liderado por los socialistas, sin que nadie procediera a la retirada de estos contenedores, a pesar de las advertencias realizadas en la comisión de seguimiento del contrato, hasta que ha asumido la gestión el área de Residuos y se ha procedido a su retirada, siendo alcalde Luis Barcala”.
“Es por ello que no se entiende que ahora el PSOE de Sanguino pretenda atribuir un delito a un alcalde que ha cumplido con su obligación y con las peticiones que han trasladado al Ayuntamiento desde Proyecto Lázaro, abriendo expediente sancionador a las dos empresas detectadas con esta mala praxis con contenedores en color lila y azul, y procediendo a retirar todos los contenedores de la vía pública”, ha precisado Villar. La legislación sobre residuos de la CV exige la gestión de la retirada de ropa usada a los ayuntamientos a partir de 2025. De ahí que se vaya a introducir su recogida, afirman desde el bipartito, dentro del pliego de condiciones técnicas y administrativas que se va a sacar a licitación para la adjudicación de la nueva concesión del servicio de Limpieza Viaria y recogida de Residuos, previsto para el próximo mes de septiembre.
Hasta la fecha, el Ayuntamiento explica que solo tiene incluido en el contrato la recogida de los contenedores de color gris, para la fracción resto, del amarillo de plásticos, azul de cartón y marrón para la materia orgánica, teniendo delegado el verde de Vidrio con Ecovidrio. "En mayo de este año se firmó contrato con Proyecto Lázaro para la gestión temporal de la recogida de ropa usada, hasta que pueda incluirse en el nuevo contrato junto al resto de fracciones. El objetivo es que la empresa concesionaria resultante pueda subcontratar esta recogida con una entidad con fines sociales y de inserción laboral".
Manuel Villar ha comentado que “estos contenedores alegales han permanecido en la vía pública desde antes incluso de la firma de convenio de Asuntos Sociales con Proyecto Lázaro, incluido en la etapa de gobierno del tripartito y es una práctica habitual de estas empresas en todos los municipios, con independencia del signo político de su gobierno”. “Esta denuncia del PSOE demuestra que actúa con mala fe, puesto que ese grupo ya ha interpelado en el Pleno sobre el asunto de los contenedores y el concejal ha contestado y ha precisado el número de expedientes sancionadores y de los contenedores retirados, más de un centenar”, agrega Villar. "Y con estos datos que bien conoce el señor Sanguino, podemos encontrarnos ante una denuncia falsa", concluye.
Contestación del PSOE
A la réplica del bipartito ha contestado esta tarde el grupo socialista. "El alcalde Luis Barcala ha permitido voluntaria y conscientemente que se incumpla el convenio con Proyecto Lázaro que se firmó en el año 2004 y finalizó el pasado 7 de mayo con la presencia de contenedores de otras empresas sin actuar frente a ellas, hasta el pasado 25 de mayo cuando el convenio ya estaba vencido y se está preparando para la privatización empresarial de la recogida la cual pasará a manos de la UTE compuesta por CIVICA-FCC-FERROVIAL", según el portavoz socialista.
"El propio Ayuntamiento en el expediente ante la Sindicatura de Greuges manifestó conocer la existencia de contenedores en la ciudad ajenos a Proyecto Lázaro desde por lo menos julio de 2020, no siendo sino hasta finales de mayo de 2021, casi 11 meses después cuando decidió iniciar algunas acciones. La mera tardanza, voluntaria, deliberada y consciente ante el incumplimiento del convenio y la permisión de que empresas realizaran actividades en suelo público durante casi un año podría ser ya suficiente, según los socialistas, para haber cometido los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Los delitos ya estarían cometidos a fecha de 25 de mayo. No cabe achacar a un mero retraso de la administración la inacción del alcalde durante casi 1 año con los perjuicios que dicha inactividad ha causado tanto a Proyecto Lázaro como a las arcas publicas", destaca Sanguino.
El PSOE recalca que "la fecha de inicio de los expedientes coincide con la de finalización del convenio con Proyecto lázaro, el 7 de mayo y los expedientes frente a su competencia desleal se abrieron el 25 de mayo, por lo que todo apunta que más que velar por el cumplimiento del convenio con Proyecto lázaro, a lo cual estaba obligado el Ayuntamiento con el alcalde a su cabeza, lo que han realizado es empezar a allanar el camino para que la futura empresa adjudicataria no encuentre estos contenedores en la calle. Mientras estuvo en vigor el convenio original con Proyecto Lázaro el alcalde no hizo nada", termina diciendo Sanguino.
