«Plancho después de las doce de la noche, pongo la lavadora los fines de semana, la lámpara de la habitación tiene cinco bombillas y hemos aflojado cuatro, las hemos cambiado por unas de bajo consumo y si nos levantamos por la noche, para no encender la luz, usamos una lámpara de pilas». Éstas son algunas de las medidas que han tomado ante la subida del precio de la luz Manuel Pastor y Sofía García, un matrimonio de jubilados de 77 y 72 años de la Zona Norte de Alicante que, pese al cuidado que llevan, pagan el doble por la factura eléctrica que hace un año y eso que, como explican, pasan buena parte del tiempo en casa de sus hijos. La pareja, que vive con la pensión que le quedó a Manuel de su trabajo como pavimentador, tiene bono social eléctrico. Para evitarse un mayor gasto ahora que llega el frío, optan por una estufa de butano. Explican que tienen un cuñado que necesita un aparato para respirar por las noches que recibe facturas astronómicas. También es vecino de la Zona Norte José Ignacio Giménez, sin trabajo por la pandemia y con una ayuda de 452 euros. Pese a vivir solo, pagó en agosto 80 euros de luz por usar el ventilador. Pone una lavadora a la semana y tiene una bombilla para alumbrarse en el salón pero el recibo no le baja de 50 euros dado que solo dispone de un microondas para cocinar.
El porcentaje de alicantinos que no pueden permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada ha crecido en el último año un 120%, según una encuesta de calidad de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) adaptada a la coyuntura económica por la Generalitat, datos que arrojan que más de 80.000 familias de la provincia (unas 240.000 personas) viven en la pobreza energética.
Con el precio de la luz por las nubes, los hogares que no pueden pagar las facturas de suministros han subido un 30% y con ello la demanda de ayuda en la provincia. Pagar la electricidad se ha convertido en una necesidad de primer orden y trabajadores sociales y ONG ya han detectado que hay familias que tienen que elegir entre alimentarse peor y no dejar de pagar algún recibo para evitar que les corten el suministro. En la provincia más de 45.000 familias están recibiendo ya el apoyo de las entidades sociales para poder cubrir sus necesidades básicas y pagar los suministros y15.000 de ellas se han incorporado al listado en apenas unos meses ante la imposibilidad de hacer frente al aumento de las tarifas. Hasta octubre la factura de la luz es un 35% mayor que la de 2020, según datos de la Unión de Consumidores.
También la Generalitat se ve obligada a ayudar a 14.000 familias de la provincia de Alicante con el pago del recibo de la luz, 2.000 más que en enero. En ello tiene mucho que ver el alza de los precios de la electricidad. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se encarga de canalizar, a través de la Renta Valenciana de Inserción, las ayudas para el pago de los recibos de los suministros básicos relacionados con la vivienda, como el alquiler, la hipoteca, el agua y, sobre todo, el denominado «complemento energético». Los destinatarios en la provincia son cerca de 31.000, cuatro mil más en solo nueve meses, que se reparten 6,5 millones de euros en ayudas. La inclusión del pago de suministros básicos a las personas beneficiarias de la Renta de Inclusión ha suavizado la presión sobre los ayuntamientos y las entidades sociales, que, no obstante, prevén que la demanda de pago de recibos por el gasto en electricidad crezca aún más con la llegada del frío. Desde Igualdad destacaron que algunas comunidades han eliminado sus rentas básicas con el Ingreso Mínimo Vital, de carácter estatal, pero en la Comunidad «no la hemos suprimido sino que se refuerza con complementos de ayuda al alquiler, hipoteca y pago de la factura de agua y energética».
Trabajadores de Acción Social en el Ayuntamiento de Alicante afirman que las citas llevan una demora de dos meses y auguran un aluvión de peticiones de ayuda al pago de recibos en las próximas semanas. El Consistorio aprobó 710.630 euros para cubrir necesidades básicas de las familias. El gobierno de Elche afirma haber dado fondos en el último año, por 582.000 euros, a 4.151 familias para hacer frente al recibo de la electricidad, el del agua o el gas.
Las entidades sociales multiplican por seis los fondos para costear los recibos de suministros básicos. Cáritas ha destinado a este fin en lo que va de año 150.000 euros. «Las ayudas directas al alquiler, pago de hipoteca y suministros como luz, agua y gas han aumentado muchísimo, de una forma brutal», apunta Javier Rubira, secretario general de Cáritas Diocesana. Esta partida se lleva ya más del 30% del presupuesto de ayudas que da a la sociedad la entidad de la Iglesia. Rubira alerta de la brecha digital como factor de exclusión y cita una línea de ayudas al alquiler de la Generalitat que se tiene que pedir telemáticamente «y mucha gente no sabe», de ahí que las tres asambleas de Cáritas de la Comunidad se hayan reunido con el Consell para pedir soluciones.
Cruz Roja también espera un incremento de peticionarios de ayuda en los dos próximos meses con el frío, señala Sagrario Sempere, responsable de Intervención Social. La entidad incide en que hay más ayudas gestionadas directamente por la administración y que la pandemia ha creado una brecha digital muy grande, que impide llegar a tanta gente como en un periodo normal.
