Alicante mantiene sin uso cinco viviendas públicas abandonadas desde hace años

Hasta cinco viviendas propiedad del Ayuntamiento de Alicante se encuentran sin uso, tapiadas o directamente abandonadas, algunas desde hace más de una década. Es lo que se recoge de los distintos informes emitidos en los últimos meses por las concejalías de Urbanismo e Infraestructuras, publicados a raíz de una investigación del Síndic de Greuges.

Una denuncia vecinal por el abandono de un inmueble público en la calle Perla motivó la actuación del defensor del pueblo valenciano, que ha concluido con el compromiso del bipartito de rehabilitar cinco propiedades repartidas entre los barrios de Colonia Requena, Juan XXIII y San Antón. Precisamente varias de las zonas de Alicante donde la emergencia social es más acuciante y donde los vecinos han denunciado en repetidas ocasiones la crisis habitacional existente.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras y presidente del Patronato de Vivienda, José Ramón González, asegura que «si tenemos la posibilidad de ofrecer más viviendas, lo haremos» y que «se está valorando técnicamente la situación para tomar una decisión» aunque advierte de que no depende solo de su área, sino que el asunto compete también a las concejalías de Urbanismo y Patrimonio, en manos del edil de Ciudadanos Adrián Santos, así como de la de Acción Social, dirigida por la concejal del PP Julia Llopis.

El pasado 8 de junio, un vecino escribió al Ayuntamiento interesándose por la situación de una vivienda situada en la calle Perla y de propiedad municipal desde el año 2009. En su escrito, el residente preguntaba a la concejalía de Patrimonio por qué no se había destinado el inmueble a alquiler social «contribuyendo a mejorar la situación», así como para «evitar su okupación y generar ingresos al erario público».

Por su parte, el Consistorio respondió que «ya se han emprendido tiempo atrás gestiones para conseguir arrendar el piso sin resultado positivo». Tres días más tarde, el Ayuntamiento recibió una nueva comunicación por parte del vecino con cuatro preguntas sobre la vivienda, entre ellas, «¿Cómo pretendían alquilarla si lleva tapiada desde el año 2012?». Sin embargo, el bipartito no dio respuesta alguna a este segundo escrito, lo que motivó la intervención del Síndic de Greuges porque «podría afectar al derecho de acceso a la información pública de la persona promotora del expediente».

A partir de ese momento, el denunciante, el Síndic y el Ayuntamiento entrecruzan más de una decena de comunicaciones de las que se desprende que no se trataba de una única vivienda, sino que el Consistorio posee al menos cinco inmuebles en la misma situación de abandono, llegando a reconocer que ni siquiera se tiene copia de la llave de uno de ellos. Finalmente, el defensor del pueblo valenciano resolvió recomendar al Ayuntamiento «poner cuanto antes las viviendas a disposición de las personas más necesitadas a través de un alquiler social», a lo que el responsable de Urbanismo respondió que la finalidad de la concejalía era «rehabilitar y dedicar a un fin social» las viviendas que llevan años abandonadas.

Sin partida presupuestaria

Con la intención de conocer el estado de los inmuebles, la concejalía de Infraestructuras elaboró un detallado informe sobre la situación de las viviendas, así como de las actuaciones de rehabilitación necesarias para su puesta a disposición de personas en situación de vulnerabilidad. Del documento se desprende que tres de las viviendas se encuentran vacías, dos de ellas ocupadas -sin aclarar si es una ocupación lícita o ilegal- así como que serán necesarios 134.360 euros para la rehabilitación de las cinco. Sin embargo, a pesar de las intenciones de los ediles de Urbanismo e Infraestructuras, no existe partida presupuestaria en el borrador del ejercicio 2022 que contemple llevar a cabo esta actuación.

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