Apenas unos minutos después de que el pleno de la ciudad de Alicante aprobase, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, la controvertida ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, oficialmente conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica, el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se ha pronunciado por primera vez sobre una norma que rechazan todas las entidades sociales que trabajan con sintecho y mujeres prostituidas, incluida Cáritas y Médicos del Mundo. Lo ha hecho tras la presentación del Plan de Transformación Digital de la Comunitat Valenciana, que se ha desarrollado en Distrito Digital.
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Preguntado sobre el texto, que ha salido adelante pese al "no" de los grupos de izquierda, Puig ha defendido que las sociedad "decentes, no dejan a nadie detrás", en alusión a una ordenanza que incluye multas de hasta 3.000 euros para personas vulnerables. Puig, al respecto, ha asegurado que "no puede haber convivencia basada en la exclusión y no puede haber convivencia sin inclusión ni sin atender la exclusión social". Sobre la prostitución, ha defendido su "abolición para darle una oportunidad a las mujeres que están siendo esclavizadas". Sobre la mendicidad, ha añadido que "tiene que haber inclusión, en una sociedad decente que no deje nadie detrás". Para Puig, "cualquier estigmatización es inhumana".
Barcala "esconde" el pleno de la ordenanza de mendicidad y será por "plasma"
Entre el articulado, se recogen sanciones por ofrecer servicios o productos, siempre que no hayan sido demandados por el usuario, como tarot, videncia, masajes, tatuajes, espectáculos circenses o de malabarismos, indicaciones de aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, limpieza de parabrisas, pañuelos, mecheros u otros análogos, en vías o espacios públicos y a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos, a cambio de una cantidad de dinero o donativo.
También se prevén multas, entre otras cuestiones vinculadas a la mendicidad, por dormir en la calle. En concreto, según la redacción de la ordenanza, estará castigado "acampar en las vías y los espacios públicos, acción que incluye la instalación estable en estos espacios públicos, sus elementos o mobiliario de tiendas de campaña, tenderetes, colchones, vehículos, autocaravanas o caravanas, salvo autorizaciones para lugares concretos, y tampoco estará permitido dormir de día o de noche en estos espacios".
Prohibido ir sin camiseta por la calle y otras 24 restricciones en la Ordenanza de Convivencia Cívica (mendicidad y prostitución, al margen)
No es la primera vez que un miembro del Consell del Botànic se ha pronunciado sobre la ordenanza. Recientemente, la vicepresidenta, Mónica Oltra, volvió a poner el foco en el Ayuntamiento de Alicante ante la entonces inminente aprobación de la controvertida ordenanza contra la mendicidad y la prostitución. Lo hizo desde las Cortes. En esta ocasión, no dirigió sus críticas contra el bipartito que lidera Luis Barcala (PP), sino que arremetió contra la extrema derecha. La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas reprochó a Vox que en las instituciones donde ese partido determina el Gobierno se impulsen políticas como la que impondrá sanciones contra personas sin recursos, en situación extrema de vulnerabilidad, como es el caso de la capital provincial.
La ordenanza de mendicidad de Alicante salta al debate político nacional
El polémico asunto salió a colación a raíz de una pregunta registrada por el diputado de Vox David García. En su alocución, el parlamentario ha mostró imágenes de gente durmiendo en la calle y cargó contra el Consell al aseverar que las calles valencianas se llenan de personas que se quedan fuera del escudo social que ellos defienden. Personas que han sido abandonadas, dijo el diputado ultra, mientras el Gobierno autonómico se resguarda en palacetes.
La respuesta de Oltra fue contundente: "En Alicante, les multan. Allí donde ustedes (Vox) determinan el Gobierno, multan a las personas sin hogar. Esa es la ordenanza de la vergüenza, la aporofobia (fobia a las personas pobres o desfavorecidas) se impone, y multan a los que carecen de hogar", aseveró la vicepresidenta con relación a la normativa, que días atrás ya cargó contra la ordenanza por "estigmatizar a las víctimas y recordar a la dialéctica franquista".