Victoria parcial para los agricultores del Vinalopó y l`Alacantí. La junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar levantó este miércoles del orden del día, a petición expresa de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, a la sazón vicepresidenta de la CHJ, la aprobación en la que tenía que votar el plan para reducir, algunas al cien por cien, las extracciones de agua subterránea en los acuíferos de la provincia cuyas reservas de agua deben ser sustituidas por el caudal del trasvase del Júcar.
La Confederación aceptó la propuesta de la consellera Mollà de aplazar cualquier decisión durante tres semanas para mejorar el texto y negociar con los usuarios afectados, las comunidades de regantes que forman parte de la Junta Central de Usuarios. Lo cierto es que la decisión que tenía tomada la Confederación del Júcar no tenía sentido, ya que se había presentado un calendario de cese de extracciones hasta 2027 sin dar una alternativa a los regantes, salvo los 18,8 hm³ de agua que se trasvasará desde el Júcar hasta el 31 de diciembre de este año.
La Junta Central no se opone a dejar de extraer agua de los acuíferos para facilitar su recuperación -objetivo del trasvase desde que se concibió y construyó con un coste de 400 millones de euros- pero exige alternativa para no “llevara a la ruina a los agricultores a los que no se les pueden dejar sin derecho a las extracciones sin contar con una alternativa”, subraya Ángel Urbina, portavoz de la Junta.
La prohibición, aplazada de momento, de extraer 86 hm3 de los 95 hm3 actuales de agua subterránea para regadío de los seis acuíferos desde los que se abastecen regantes y municipios, que serán los únicos que seguirán teniendo acceso, de momento, a los 41,3 hm3 a los que tienen derecho, iba contra el sentido común y la propia Ley de Aguas. Agua, la de los agricultores, que tendrá que ser sustituida por la del trasvase. La propuesta inicial era reducir un 90% el derecho y la concesiones de los regantes, que pasaran a disponer solo de 9,2 hm3 al año por los 95,2 hm3 actuales. El problema es que la Confederación del Júcar pretende dar el paso ya este año, sin tener cerrada la cantidad que facilitará a los agricultores y, que según, fuentes de la Junta Central, estaría en torno a los 30 hm3 al año. Un caudal insuficiente para cubrir las necesidades.
"No vincular la reducción de las extracciones con los aportes del Júcar-Vinalopó no lo entiende nadie. El problema es muy grave", insiste Ángel Urbina, portavoz de la Junta Central del Júcar-Vinalopó. En el Consell también había preocupación y la intervención de Mireia Mollà ha sido clave.
El impacto para el abastecimiento urbano es menor, un 40% menos entre la puesta en marcha del plan hasta 2027 o, lo que es lo mismo, pasar de los 41 ,3 hm3 de agua que se extraen en estos momentos a 24,7 hm3. Básicamente, esta disminución se concentrará en los municipios de l`Alacantí, que deberán abastecerse con agua desalada o, en el caso de Alicante, la que llegue también desde el Tajo.
Un situación que afecta las denominadas «masas de agua subterránea» de los acuíferos Villena-Beneixama, Sierra Castellar, Sierra Salinas -estos dos se cierran al completo para el campo-, Peñarrubia, Sierra de Crevilllent y Reclot. La Junta Central trata en estos momentos de minimizar el impacto que puede tener la decisión del próximo miércoles. Los regantes hablan de ruina total si se da el paso adelante y avalancha de reclamaciones patrimoniales porque, además, muchas comunidades de regantes siguen sin estar conectadas con la infraestructura del postrasvase del Júcar.
Por su parte, horas antes de conocerse el desenlace provisional, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de “querer enterrar” a la provincia de Alicante con su política hídrica, al tiempo que ha avanzado que desde la institución provincial se emprenderán todas las acciones necesarias, incluidas las legales, “si se confirma la intención de la Confederación Hidrográfica del Júcar de cerrar los acuíferos del Vinalopó”.
Mazón ha vuelto a denunciar que la declaración de sobreexplotación de seis acuíferos del Alto Vinalopó “carece de criterios técnicos y se basa en datos de hace veinte años y en catas mal tomadas” y ha recordado, al respecto, que “desde la provincia ya le hemos demostrado técnicamente al Gobierno de España que hay masas de agua subterránea que no están sobreexplotadas y, sin embargo, no nos quiere contestar”.
Mazón ha insistido en denunciar la política de “locura” que en materia de agua está desarrollando el Ejecutivo central con respecto a la provincia de Alicante. “El Gobierno de España en pleno, incluidas las Confederaciones Hidrográficas, están, por un lado, estrangulando el Tajo-Segura y, por otro, queriendo taponar, sin ningún criterio técnico, los acuíferos del Vinalopó justo ahora que habíamos conseguido un acuerdo para que llegará algo del trasvase del Júcar Vinalopó”, ha señalado el presidente, quien se ha preguntado “qué pecado hemos cometido en esta tierra para que con el Segura y el Vinalopó el Gobierno nos quiera enterrar”.
Por todo ello, ha añadido que “la guerra del agua la está poniendo en marcha quien se carga los consensos y los acuerdos sin ningún tipo de criterio técnico y ese es Pedro Sánchez y su gobierno”, al tiempo que ha defendido que su posición y la del conjunto de la provincia “es actuar en clave de legítima defensa” y que esta situación solo se podrá afrontar “con una Generalitat con capacidad de influir en el Gobierno de España, algo que no hemos visto hasta la fecha”.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y diputado de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Júcar que respete los derechos de los regantes alicantinos y que ofrezca alternativas de riego, con agua del trasvase del Júcar, antes de aprobar definitivamente el cierre de los acuíferos del Vinalopó, una cuestión que, ha recordado, está también recurrida por los usuarios en los tribunales.
“No podemos tolerar ni un minuto más el agravio continuado y la discriminación hacia la provincia de Alicante del Gobierno socialista”, ha denunciado Ana Serna, quien ha criticado, además, el “silencio cómplice” del presidente Ximo Puig, “que ha demostrado que en materia de agua es incapaz de hacer valer los intereses de su tierra por encima de los de su partido”.
Por su parte, el secretario de Agricultura del PSPV-PSOE, Roger Llanes, ha pedido al presidente del PPCV, Carlos Mazón, que "no siga utilizando el agua como trampolín electoral sin informarse previamente" y ha asegurado que no hay aún una decisión tomada sobre el cierre de los acuíferos del Vinalopó, sino que se está trabajando para "acomodar" la resolución final, por lo que le ha pedido que no "avive fuegos".
Llanes se ha pronunciado en estos términos en un comunicado después de que el líder 'popular' y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, haya criticado que la situación de la provincia con los acuíferos del Vinalopó y el trasvase Tajo-Segura "es una locura" y haya anunciado acciones legales de confirmarse el cierre de las extracciones de las masas subterráneas.
"En estos momentos, la cuestión no está encima de ninguna mesa y no se ha tomado ninguna medida al respecto", ha aclarado Llanes.
Para el dirigente socialista, "Mazón se expresa en términos bélicos porque alude a que, de producirse algo que ni siquiera ha sucedido, lo tomaría como una nueva declaración de beligerancia contra la provincia de Alicante. Le exigimos que no enfrente a valencianas y valencianos que residen en diversas zonas de nuestra Comunidad por este motivo". "Ya sabemos los desastrosos efectos que tienen las guerras, con el agua y con cualquier otro asunto, así que lo mejor sería no avivar ningún fuego", le ha pedido. El secretario de Agricultura del PSPV-PSOE cree que Mazón "debería informarse previamente, porque los responsables de Agricultura del Consell están trabajando para acomodar la decisión sobre dichos acuíferos y tenemos una participación activa en busca de la mejor solución a este asunto, del que también forma parte el Ministerio".
