El proceso por las presuntas irregularidades durante la tramitación del Plan Zonal quedó este miércoles visto para sentencia tras seis meses de juicio y una larga instrucción que comenzó hace quince años. Los informes de las últimas defensas y el turno de última palabra de los trece acusados marcaron la última sesión del juicio por esta pieza del caso Brugal en la que se han sentado en el banquillo, entre otros procesados, el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente; los empresarios Ángel Fenoll, Enrique Ortiz y Rafael Gregory.
En esta última sesión, reapareció Fenoll, que ha estado eximido de asistir a las sesiones después de que se le diagnosticara alzhéimer. El empresario ha entrado en la sala acompañado de su mujer al término de los informes para limitarse a negar con la cabeza cuando le han preguntado si quería decir algo. Salvo el diputado socialista Antonio Amorós, el resto de los acusados declinaron hacer uso de su última palabra. La defensa de Fenoll ha reiterado su protesta por el hecho de que no se le haya dejado fuera del proceso y alegando que no estaba en condiciones de responder a nada, ni hacer uso de palabra alguna.
El empresario oriolano reaparece en la sala de vistas en la sesión final después de su diagnóstico de alzhéimer
Este miércoles fue el turno para presentar las conclusiones de la defensa de Mónica Lorente, María Sansano, que descartó la existencia de trato de favor alguno de la dirigente del PP hacia el empresario Ángel Fenoll y que negó que su defendida desvelara información privilegiada o secreto alguno cuando apuntó a que la futura planta podría estar ubicada en la pedanía oriolana de Torremendo. Para la Fiscalía, estas palabras de Lorente serían una prueba de que existía la voluntad política de compensar a Fenoll levantando la futura planta en suelo de su propiedad tras haber perdido la contrata de la basura en el Ayuntamiento de Orihuela y la adjudicación del futuro vertedero.
Sansano aseguró durante su informe que había un 90% de posibilidades de que las instalaciones se acabaran levantando en Torremendo por la propia Orden de la Generalitat por la que se aprobaba el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. Por este motivo, señaló que la exalcaldesa trató de que la opción adoptada fuera la menos gravosa para los ciudadanos, valorando que la basura no tuviera que transportarse a distancias superiores de más de treinta kilómetros, lo que hubiera supuesto un encarecimiento del precio, o evitar que los camiones atravesaran el núcleo urbano de la pedanía, o la exigencia de que en la planta se adoptaran las últimas tecnologías.
«Mayoría silenciosa»
La defensa de Lorente señaló que se presentaron numerosas alegaciones y que la Asociación de Vecinos de Torremendo «no era la única con voz en el tema del vertedero». «Había una mayoría silenciosa que estaba a favor de la labor que estaba haciendo Lorente y eso le dio la mayoría absoluta», aseguró. La letrada señaló que la acusación se había basado en el testimonio de personas que tenían una enemistad personal con la exalcaldesa, en alusión a la actual delegada del Consell en Alicante Antonia Moreno, entonces concejala socialista en el Ayuntamiento de Orihuela. Unos argumentos muy similares a los que usó la defensa del diputado socialista Antonio Amorós, que acusó también a Moreno de haber testificado en su contra por enemistad personal.
La abogada de la exalcaldesa de Orihuela acusa a Antonia Moreno de declarar contra ella por enemistad personal
«Llama la atención la cantidad de tiempo que ha dedicado el fiscal a hablar de la posible implicación de Mónica Lorente en estos hechos y lo poco que aparece en toda la causa», ha dicho Sansano, que ha recordado que la exalcaldesa no fue citada a declarar como imputada hasta siete años después del inicio de las pesquisas. «La acusada ha padecido un calvario en su vida personal y en su carreta política», ha recalcado, al tiempo que subrayó que el Consorcio de Basuras era un órgano colegiado.
«No se puede condenar a nadie por hablar por teléfono»
La defensa de Manuel Garriga, el socio de la mercantil Cespa con la que Enrique Ortiz se hizo con la adjudicación del Plan Zonal, aseguró durante su informe que «no se puede condenar a nadie por recibir una llamada y hablar» y destacó que no ha tenido intervención en los hechos. «La conducta de mi defendido es la nada», subrayó, recalcando que no conocía nadie en el Consorcio, que era el delegado de Cespa para la Comunidad y que no intervino en la negociación para el cambio de ubicación de la planta. «Por teléfono se dicen muchas cosas, pero no todas se convierten en acciones», ha dicho. J.A.M./M.G.
Responsabilidad civil
El turno de informes se cerró con la intervención de los letrados de las empresas Sufi y Cespa, socios de las mercantiles con las que Fenoll y Ortiz se presentaron al concurso del Plan Zonal respectivamente y a las que la Fiscalía las consideran responsables civiles subsidiarios. El abogado de Sufi señaló que la empresa dejó de tener relación con el Plan Zonal cuando su opción no resultó elegida en el concurso; mientras que el letrado de Cespa incidió en que fue la oposición al vertedero por parte de distintos ayuntamientos la que impidió que la planta finalmente se construyera. Los dos negaron responsabilidad alguna.
