Los ayuntamientos de la provincia de Alicante tendrán que financiar a partir de ahora parte de los programas “Major a casa” y “Menjar a casa”, que hasta ahora costeaba la Conselleria de Igualdad junto con una aportación de los usuarios. Cerca de 4.600 personas mayores de 65 años y en situación de vulnerabilidad en la Comunidad Valenciana son usuarias de estos programas por los que reciben comida diaria y determinados servicios de limpieza.
La situación ha generado malestar entre algunos de los ayuntamientos afectados, no sólo por el nuevo desembolso al que, afirman, va a tener que hacer frente para cubrir este programa. También por las dificultades que se están encontrando para sacar a licitación el servicio. “No es lo mismo sacar un pliego de condiciones para toda la provincia, que para un único municipio. Es difícil que a las empresas les interese trabajar para tan pocos usuarios”, lamenta Ángela Llorca, edil de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm. En este consistorio, calculan que será en torno a 30.000 euros el coste que tendrán que asumir a partir de ahora. “La conselleria nos ha marcado un precio de 7 euros por menú y día y las empresas a las que hemos sondeado nos han dicho que no les interesa, así que ya asumimos que vamos a tener que licitarlo por más cuantía, y por tanto desembolsar más dinero”. En la ciudad 26 personas son usuarias de estos servicios y de momento, para no dejarlos sin asistencia este verano “vamos a intentar prestarla a través del servicio de ayuda a domicilio”, señala Llorca.
En la ciudad de Alicante, la edil de Acción Social, Julia Llopis, calcula que su caso serán unos 400.000 euros anuales los que haya que desembolsar a partir de este momento. Afirma Llopis que han pedido a la conselleria una prórroga “mientras preparamos el pliego del contrato, ya que es complejo”. En Elda se han enviado cartas a los usuarios de este programa anunciando que se dejará de llevar comida los fines de semana y los festivos y que también se prescinde del servicio de lavandería.
El programa “Menjar a casa” consiste en entregar a domicilio una comida completa a las personas mayores beneficiarias, compuesta por primer y segundo plato, pan y postre. Las comidas son preparadas y se sirven en frío. El programa “Major a casa” además incorpora la limpieza del domicilio y lavandería de ropa de cama y aseo una vez a la semana. Las personas beneficiarias las seleccionan los Ayuntamientos a través de los equipos municipales de atención primaria, y es requisito para acceder ser mayor de 65 años y tener una situación de vulnerabilidad social que impida que la persona mayor pueda cocinar, o garantizarse una alimentación adecuada.
Desde el departamento de Aitana Mas sostienen que será un 10% el coste que tengan que asumir los ayuntamientos por estos servicios, un 34% el usuario y un 56% entre Diputación y Generalitat. Los programas “Major a casa” y “Menjar a casa” se prestan en la Comunidad Valenciana desde el año 2007. En un principio se pagaban a través de un convenio por el que Generalitat asumía el 42%, los ayuntamientos un 24% y los usuarios un 34%. Sin embargo, desde hace unos años, cuando los contratos entraron en resarcimiento, el coste lo asume íntegramente la Generalitat, según explican fuentes del mismo departamento.
Sin embargo, precisan desde Igualdad, ambos programas “son competencia municipal, y se encuadran en el servicio de promoción de la autonomía personal dentro del programa de atención domiciliaria”.
En julio de 2021 se comunicó a los ayuntamientos que el 1 de julio de 2022 ambos programas deberían ser prestados por los ayuntamientos, financiados a través del contrato programa. “La notificación, con casi un año de antelación, tenía por objeto que les diera tiempo de reaccionar, comunicar si querían seguir o no, a efectos de incluirlo en los presupuestos del contrato programa, y darles tiempo a que licitaran los posibles contratos”, señalan desde el departamento de Aitana Mas. Conselleria asegura que también se les han los pliegos de prescripciones técnicas para facilitar la elaboración de los contratos. “A lo largo de ese año se han ido resolviendo las distintas incidencias, acordándose la prórroga de la prestación por la Generalitat hasta el 31 de diciembre para los Ayuntamientos con financiación del contrato programa a través de las Diputaciones (menos de 10.000 habitantes en Castellón, menos de 15.000 en València, y menos de 20.000 en Alacant), y la inclusión en el contrato programa de la Generalitat Valenciana del resto de Ayuntamientos a partir del 1 de julio”.
Trabajadores que prestan actualmente el servicio en la provincia temen el empleo que se puede llegar a perder y la cantidad de personas vulnerables que se van a ver afectadas. "Hay muchas localidades donde el servicio se va a perder porque el precio que se ofrece es tan bajo que a las empresas no les compensa", señala una de estas trabajadoras.
