El PSOE de Alicante ha criticado desde su cuenta de Instagram a la Conselleria de Vivienda, que tiene al frente a Unidas Podemos, socios en el Botànic de los propios socialistas, por el retraso en las obras del barrio Miguel Hernández, el antiguo barrio de José Antonio.
Los socialistas han solicitado la formación de una comisión "compuesta por la Conselleria de Vivienda, la Concejalía de Acción Social y la asociación de vecinos Sol d'Alacant para ordenar los realojos de los vecinos de la forma que menos perjudique a los inquilinos", en especial, han señalado "ahora que se están retrasando las obras".
El portavoz del PSOE alicantino, Miguel Millana, ha señalado que, aunque la intención de la Conselleria está bien formulada, la situación de algunos vecinos trasladados no es adecuada por la lejanía con su zona o por los problemas de movilidad en los edificios a los que en los que han sido reubicados.
Al mismo tiempo, han reclamado "que personas desempleadas de esta zona puedan trabajar en la rehabilitación de las viviendas siempre y cuando estén cualificadas" porque en el barrio "existe una tasa elevada de paro".
En un vídeo publicado desde la cuenta oficial de la formación alicantina, Lisandro Gabarre, presidente de la asociación de vecinos Sol d'Alacant, ha criticado la gestión de las obras: "La rehabilitación del barrio Miguel Hernández de la primera fase no sé cuándo va a terminar. Para febrero o marzo ya debería de estar".
Gabarre ha continuado su crítica y ha señalado que "los vecinos han sido perjudicados en el realojo de su vivienda". En este sentido, ha responsabilizado directamente a la Conselleria de Vivienda: "Conselleria debería de tener en cuenta que la nueva contrata pacte un acuerdo de trabajo con la gente que está en este barrio. Después de un año y medio, no han hecho nada", ha señalado.
Las obras se encuentran paralizadas desde el pasado mes de abril, cuando, según la Conselleria, se llegó a "la paralización total de la por decisión unilateral del contratista", que es la empresa Estructuras y Cimientos Insulares, SA (Ecisa), adjudicataria de las obras de rehabilitación de los edificios de la plaza María Yolanda Escrig en los números 2, 3, 4, 7 y 8.
Vivienda inició el martes el procedimiento para rescindir el contrato por las reiteradas incidencias e incumplimientos
Vivienda inició el pasado martes el procedimiento para rescindir el contrato a la empresa, por las reiteradas incidencias e incumplimientos del contrato en los que han incurrido desde el pasado octubre, según fuentes de la propia Conselleria. Ahora, el PSOE alicantino ha arremetido desde su cuenta oficial contra los socios del gobierno del Botànic, cuando es la propia Conselleria la que ha iniciado los trámites para resolver el contrato.
La Conselleria ha indicado en la resolución del contrato que, desde el 10 de mayo, la empresa ha incumplido las órdenes recibidas para reanudar la ejecución de la obra, a lo que se suman otras incidencias como retrasos en la presentación de documentación contractual o paralizaciones parciales en procesos constructivos concretos.
La otra principal crítica que ha emitido Lisandro Gabarre desde la cuenta oficial del PSOE, es que los inquilinos de las viviendas no se vean perjudicados. Gabarre ha reclamado que se forme una comisión en la que participen la propia Conselleria, la Concejalía de Acción Social y la asociación de vecinos Sol d'Alacant del barrio.
Las subvenciones de Fomento están supeditadas al cumplimiento de plazos, por lo que el retraso podría suponer costes adicionales para Conselleria
Vivienda, por su parte, ha señalado que la ralentización de las obras y el retraso acumulado durante meses supone un gran perjuicio para la propia Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, porque la actuación cuenta con cofinanciación del Ministerio de Fomento e incluye subvenciones supeditadas al cumplimiento de plazos, así como el realojo de los propios vecinos residentes, para lo que hay unos plazos de retorno establecidos que, de incumplirse, conllevarían costes para la mencionada entidad.
El objetivo de Vivienda era regenerar todo el barrio a largo plazo, porque la situación de la plaza María Yolanda Escrig se repite en numerosos edificios de la zona. Las fachadas, señaló el secretario autonómico el pasado mayo, son de interés patrimonial, lo que impide su demolición y la modificación de elementos. Los plazos para terminar el primer bloque estaban marcados para finales de 2022, aunque ahora el cumplimiento de este plazo está en duda por el acumulado retraso.
A la reforma en la plaza María Yolanda Escrig está previsto que le siga la de otro edificio en la misma glorieta, cuya licitación estaba preparada para iniciar los trabajos en 2023. La inversión en estos dos primeros inmuebles es de 3,4 millones de euros en una obra compleja, dado que se ha derribado la parte interior de viviendas, construidas en la década de 1950, y tienen "un serio déficit arquitectónico y sin mejoras previas para construir nuevas viviendas manteniendo la fachada por su interés patrimonial", como señaló el propio secretario autonómico de la Conselleria de Vivienda, Alejandro Aguilar.
Las críticas por el realojo de los vecinos del barrio vienen de lejos, y ya a finales de 2021 se pronunciaron a este respecto, pues la reubicación se ha realizado en la Zona Norte y Carolinas, por lo que los residentes quedaban lejos de los comercios y centros escolares del barrio Miguel Hernández. La administración autonómica había garantizado que los residentes volverían a sus casas en el plazo máximo de un año y medio, porque es cuando estaba previsto que terminase la reforma integral, algo que ahora desde el PSOE de Alicante ponen en duda a sus socios del gobierno valenciano.
