La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, declaró en el juicio por el caso Isjoma que su labor cuando conoció las presuntas irregularidades se limitó a verificar que la tramitación del expediente había sido correcta. Castedo declaró en calidad de testigo a propuesta de las defensas para tratar de negar la existencia de irregularidades en el concurso por el que se adjudicó a Isjoma en el año 2009 la instalación de escenarios festeros en actos festeros para la ciudad de Alicante.
Según su versión, recibió al representante de la otra empresa, Alavés Montajes y Realización, que «venía a hablar conmigo porque el Ayuntamiento no le iba a dar el contrato e iban a cometer una gran injusticia». La adjudicación definitiva a Isjoma quedó paralizada mientras ella encargaba un informe al jefe de Contratación del Ayuntamiento que verificó que toda la tramitación administrativa del expediente había sido la correcta y no consideró oportuno tomar ninguna medida más. Tanto la Fiscalía como la acusación particular le preguntaron sobre si no se hicieron más indagaciones sobre el contenido de los informes que se mostraban favorables hacia la adjudicación a Isjoma, a lo que ésta replicó que no podía este cuestionando todos los informes. «Lo que Alavés me comunicó fue su disconformidad con el resultado del concurso y no habló de ninguna ilegalidad en los informes o sobre la actuación de algún funcionario», precisó.
En parecidos términos se expresó otro compañero de corporación, Juan Seva, que fue vocal de la mesa de contratación y que aseguró que nadie alertó de irregularidad alguna en el expediente de Isjoma. «Lo normal es que se diera por bueno todo lo que nos trasladaban los técnicos», dijo.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) anuló el contrato a Isjoma y falló que la otra mercantil, Alavés, era la que tenía que haber ganado el concurso por haber presentado una mejor oferta. Para ello, el TSJ se basaba en un informe pericial encargado expresamente por el tribunal a un perito imparcial e independiente y que consideraba "incorrectas y subjetivas" las valoraciones por las que el funcionario que realizó la propuesta por la que se acabó adjudicando el contrato.
El juicio continuará este miércoles en la Audiencia Provincial con la declaración de los técnicos municipales y representantes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
