Algo infrecuente y que causó perplejidad. Funcionarios de alto rango en el Ayuntamiento de Alicante declararon en la sesión del juicio del caso Isjoma admitieron que el informe técnico que determinó que el contrato del montaje de escenarios y suministro de sillas en eventos festeros se adjudicara a esta mercantil causó revuelo por el hecho de que se decantara por la oferta más cara. Los técnicos fueron citados por las defensas en la tercera sesión del juicio para que declararan que el concurso se desarrolló sin incidencias y sin avisos de ilegalidad. Sin embargo, cuando fueron interrogados sobre los precios, admitieron que les resultó llamativo que el entonces jefe de Atención Urbana diera la máxima puntuación a la mercantil Isjoma, que económicamente era hasta 900.000 euros más cara que la de su rival, Alavés Montajes y Realización.
En el banquillo se sientan el exedil de Atención Urbana y exvicealcalde de Alicante Andrés Llorens; el exedil de Hacienda Juan Zaragoza; el empresario de la contrata Isidro García; y dos funcionarios municipales. Por estos hechos también estuvo acusado el jefe del área que hizo el informe que determinó la adjudicación Víctor López, pero falleció el año pasado durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les acusa por las irregularidades en el concurso, que fue anulado en 2015 por el TSJ, así como por las numerosas contrataciones a dedo que se hacían a la mercantil al margen del contrato.
El vicesecretario del Ayuntamiento Germán Pascual aseguró que el informe firmado por el fallecido Víctor López «causó perplejidad», aunque matizó que aunque «no es frecuente que gane la oferta más cara, es algo que ocurre. El precio no lo es todo y no estamos en una subasta». Según explicó, una de los primeros aspectos que se analizan en caso de diferencias tan amplias es si se trata de una baja temeraria, algo que no ocurrió en este caso, pero señaló que el informe técnico es lo que acaba decantando la adjudicación.
El interventor sostiene que correspondía al órgano gestor del contrato vigilar que no se fraccionaran contratos
El interventor municipal Francisco Guardiola señaló que la diferencia de precios entre la oferta de Isjoma y la de Alavés fue «algo notorio» y consideró «infrecuente» que el técnico se decantara por una oferta más cara y que, al menos a él sí que le llamó la atención. «Yo no puedo discutir ese informe, no soy quién para cuestionar las conclusiones de un ingeniero. Me leí el informe, vi las razones que daba y que lo hacía de manera coherente. Si el informe decía que la otra oferta era mejor poco puedo decir».
A preguntas del fiscal, tanto Guardiola como Pascual coincidieron en manifestar que nada hubiera impedido en caso de dudas encargar una segunda opinión a otro técnico diferente. «La ley no lo prohíbe», manifestaron los dos.
Entre los testigos de la jornada también se encontraba el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Manuel Cordón, quien señaló que en el caso de haber un fraccionamiento de contratos es algo que debería detectarse por parte de la intervención.
Por su parte, el interventor señaló que solo con las facturas era «imposible» fiscalizar si existía o no un fraccionamiento de contratos. «Por ese departamento pasan un promedio de entre 16.000 y 18.000 facturas, parte de ellas son certificaciones y otras en concepto de contratos menores. «Para poder detectarlo sería necesario un examen pormenorizado comparando unas facturas con otras y aun así, las conclusiones que se alcanzaran podrían ser discutibles», aseguró. Por lo que, a su juicio, quien debe hacer ese control parte del órgano gestor del contrato que sí que tiene una visión de conjunto. «Yo no soy capaz de relacionar esos gastos con la unidad funcional del servicio, pero el gestor del contrato sí que sabe estos extremos», aseveró.
Otro de los testigos citados fue un expresidente de las fiestas de Altozano, entidad donde coincidieron dos de los acusados: el empresario de Isjoma, Isidro García, y el exfeje de Talleres Ginés Pérez. Éste aseguró que ambos tuvieron una enemistad pública y manifiesta durante diez años por temas relacionados con las fiestas, un testimonio con el que se trataba de desmentir una posible connivencia del adjudicatario con los técnicos. Asimismo, declaró otro vecino de Isidro García que aseguró que estuvo ayudándole con la preparación de la oferta que se presentó al Ayuntamiento para el concurso y que en dichas labores no intervino nadie más. Testimonio con el que se pretendía rebatir que la redacción de la oferta se redactó en los ordenadores de los propios funcionarios de la concejalía de Atención Urbana, tal y como sostienen las acusaciones.
El juicio continuará este jueves con la declaración de José Antonio Alavés, el empresario que denunció las presuntas irregularidades, así como de los policías que investigaron el caso.
El informe tras la denuncia no valoró criterios técnicos
El autor del informe encargado por la alcaldesa Sonia Castedo tras las primeras denuncias de presuntas irregularidades señaló que su labor no es entrar a valorar criterios técnicos. «Solo estudio el aspecto formal de la tramitación administrativa y aquí estaba todo correcto», aseguró al tribunal José María Simón, que era jefe de Contratación del Ayuntamiento en 2009. El otro empresario que optaba a la contrata alertó a Castedo de las irregularidades y ésta paralizó la contrata para encargar este informe.J. A. M.
