Los padres de alumnos exigen a Educación que persiga a los colegios e institutos públicos de Alicante que cobran matrícula a las familias

“Es una práctica habitual y muy extendida”. El presidente de la Confederación de padres de alumnos Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, ante el cobro a familias, este mismo curso, de hasta 100 euros en un instituto público, ha decidido reclamar a la Conselleria de Educación que tome cartas en el asunto de forma decidida, e incluso de oficio, para no tener que seguir funcionando a golpe de denuncia como hasta ahora.

Entre 5 y 100 euros, son las cantidades que esta organización de padres ha venido detectando que se cobran desde centros públicos a las familias, a pesar de que la normativa publicada en 2016 por la Generalitat, a raíz de la denuncia de cobros indebidos por centros concertados, contempla de forma clara que no se puede cobrar “en ningún caso” a las familias porque la enseñanza tanto pública como concertada “es gratuita”.

Los representantes de los padres constatan que “existe cierta presión” al respecto sobre las familias, hasta el punto de que aunque algunas AMPA hayan comunicado el cobro irregular a la Confederación que les representa, a la hora de hacer llegar a Educación la situación en concreto, “se echan para atrás y no remiten la documentación donde consta el citado cobro, porque temen que les cause problemas con la directiva del centro”, sopesa Pacheco.

Inspección

Abunda que los representantes de los padres no quieren estar a mal con la dirección de su centro y optan por callar en el último momento “a pesar de que siempre anonizamos los documentos para que no se identifique a nadie en concreto” pero, eso sí, el nombre del centro lo tienen que aportar.

De hecho Rubén Pacheco afirma que cada vez que han presentado una denuncia al respecto, desde la conselleria se ha actuado de inmediato y de forma eficaz para atajar estas prácticas de cobro indebido.

No obstante lamenta que como organización de padres no llegan ni mucho menos a la totalidad de los centros educativos públicos, colegios e institutos, por lo que esta vez han decidido demandar una actuación de oficio por parte de Educación, y que inspeccione todos y cada uno de los centros para erradicar cualquier tipo de cobro irregular.

Matrícula

Preguntados al respecto, desde Educación aseguran que “en el caso de que un centro pretenda cobrar por matrícula, si las familias nos informan requerimos al centro que elimine tal exigencia”. E incluso animan a que se denuncien estas situaciones: “En caso de detección de cobro por matrícula hace falta que las familias se pongan en contacto con la dirección general de centros”, precisan desde la conselleria. Y siempre que suceda algo similar aseguran que “se requerirá al centro que elimine tal exigencia y que devuelva el dinero”.

De hecho, la práctica denunciada por los representantes de los padres concreta el cobro de cantidades indebidas tanto en los sobres de matrícula como en otro tipo de aportaciones.

El procedimiento denominado “más clásico”, porque es también el más habitual, consiste en incluir en el sobre de matrícula una cuartilla en la que, bajo el epígrafe “instrucciones de matrícula 2022-2023”, se especifica la documentación a presentar.

Junto a los consabidos DNI, fotocopias del libro de familia, del boletín de notas del curso anterior excepto si se trata de alumnado de cuarto de ESO en el mismo centro, del documento de notas o de promoción -como se denomina desde el curso pasado- y de la tarjeta sanitaria del alumno, se incluye un apartado que bajo el título de “tasas administrativas” incluye una cantidad que oscila entre los citados 5 a 100 euros.

“En los centros que siguen este modo de proceder se indica a las familias que en el momento de presentar la documentación se adjunte el justificante de haber ingresado la citada cantidad en concepto de “matrícula”.

Tasas

Pacheco advierte que bajo esta apariencia de normalidad se producen cobros anómalos porque no existe ningún pago por matrícula. “El único concepto que puede incluirse en la matrícula es una pequeña tasa y solo en tercero y cuarto de ESO”. Son las tasas de carne de estudiante, 1,20 euros, y del seguro escolar, 2,10 euros, específico para estos cursos y hasta segundo de Bachillerato porque para el resto del alumnado la cobertura la ofrece la seguridad social.

De igual forma se llega a incluir en el sobre de matrícula algún anexo en el que se contempla el pago de “matrícula y materiales”, asegura Pacheco, “y la gente paga porque entiende que así ayuda al funcionamiento del centro, pero cuando los hay que no pagan, porque aunque parezcan cantidades mínimas con esta crisis cualquier extra desbarajusta las economías más precarias, se empiezan a generar desequilibrios y desigualdades en los propios centros”, alertan los representantes de los padres.

La Confederación Gonzalo Anaya dice estar recopilando datos de numerosos centros en este sentido porque, insiste el presidente, “debe quedar claro que esta práctica está extendida y generalizada. La norma está para cumplirla, y es la conselleria quien debe recordarlo a los centros, porque si muchos creen que pueden hacerlo y que no actúan mal, la administración debe recordarles expresamente que la educación pública debe ser gratuita”, subraya Rubén Pacheco.

Directores

La presidenta de la asociación de los directores de Infantil y Primaria, Joaquina Barba, califica esta situación de “muy grave. No se debe pedir nada en ningún paso de curso, ni para acceder a Infantil, ni a Primaria ni a Secundaria”, sostiene.

Reconoce que en aulas de Infantil se piden de 30 a 40 euros para gestionar actividades pero siempre precisando de forma expresa los motivos, o en Secundaria para llevar a cabo por ejemplo proyectos interdisciplinares de Plástica, pero siempre desde el departamento que indica la actividad y de forma muy concreta.

A su vez, el presidente de los directores de Secundaria, Toni González Picornell, abunda que la únicas tasas son las que menciona el portavoz de los padres, para el carné y el seguro en la ESO, y que cuando se trata de realizar la compra global de algún material fungible, se indica expresamente a las familias, además de “facilitar el uso del material común a aquellas que no pueden hacer el gasto”, concreta el portavoz de los directores.