Alicante devuelve al Consell 329.880 euros de ayudas a la vivienda para personas vulnerables al no justificar su uso

El Ayuntamiento de Alicante devolverá a la Generalitat Valenciana el 40% de las ayudas recibidas para ofrecer una solución habitacional a personas vulnerables. En concreto, la Junta de Gobierno tiene previsto aprobar este martes, en su sesión ordinaria, la minoración en 329.880 euros de la subvención concedida al Ayuntamiento de Alicante, en el marco del programa de ayudas a las personas víctimas de violencia de género, personas que han sufrido desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables a través de las entidades locales, correspondiente al Plan estatal 2018-2021, por importe de 821.878 euros. Es decir, el Consistorio finalmente habrá podido destinar 491.998 euros al no poder justificar el resto de la cantidad recibida en un primer momento por la Generalitat.

El Ayuntamiento aceptó la ayuda en una sesión de la Junta de Gobierno celebrada en septiembre de 2021, así como designar a la Concejalía de Acción Social, dirigida por la popular Julia Llopis, como órgano encargado de la gestión y distribución de la subvención a los beneficiarios finales entre los que se podían encontrar personas víctimas de violencia de género o de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar, asiladas, refugiadas, apátridas, acogidas al régimen de protección temporal u otros estatutos de protección subsidiaria, entre otras.

Según la documentación oficial, la memoria técnica justificativa indica que el importe total que se ha comprometido en ayudas al alquiler ha sido de 491.998 euros, que han llegado a 151 titulares distintos a los que se les han tramitado 225 ayudas (alquiler y/o suministros), que suponen según el bipartito unos 400 beneficiarios totales.

Ese expediente añade que "para poder abordar la situaciones de exclusión residencial de las personas sin hogar en la que además de la dificultad de poder acceder a un contrato de arrendamiento ajustado a su grave situación de exclusión, se añade la necesidad de un acompañamiento socio educativo que les permita la adaptación", la Concejalía de Acción Social y Familia ha dispuesto de recursos como el Centro de Acogida e Inserción para personas sin hogar en Alicante, la Red de Viviendas semituteladas y el proyecto experimental de alojamiento temporal con apoyo socio-educativo y de itinerario de inclusión formativo laboral para personas en situación de sinhogarismo en el municipio de Alicante.

Según el programa, la entidad local ha podido destinar las cantidades percibidas para abonar cualquier gasto derivado del arrendamiento, derecho de uso o cualquier régimen de ocupación temporal del inmueble necesario para su puesta a disposición de los colectivos vulnerables mencionados. A estos efectos se ha considerado solución habitacional la puesta a disposición de las beneficiarias de una vivienda de titularidad pública o privada, adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios, accesibilidad y localización, para su disfrute, de forma individual o compartida, en régimen de alquiler, de cesión de uso o en cualquier régimen de disfrute temporal admitido en derecho, respetando, en todo caso, los procedimientos de adjudicación de vivienda que tengan establecidos para los parques de vivienda de titularidad pública.

Esta solución habitacional se ha podido hacer extensible excepcional y provisionalmente si se ha acreditado que no era posible la puesta en disposición de una vivienda para cualquier alojamiento o dotación residencial, susceptible de solventar el problema habitacional de las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, objeto de desahucio de su vivienda habitual, sin hogar o especialmente vulnerables. En todo caso, la Generalitat subrayaba que se debían salvaguardar los derechos constitucionales a la intimidad y a la libertad de tránsito de las personas alojadas. Además, se ha "procurado" que nadie viviese en viviendas o soluciones habitacionales de emergencia o de transición "más tiempo del necesario para su traslado exitoso a una vivienda o solución habitacional permanente, o al menos así figuraba en el decreto".