El interventor "reprueba" al bipartito por el retraso en la aprobación del Presupuesto de Alicante: señala los motivos y advierte de las consecuencias

El interventor municipal no se muerde la lengua respecto al retraso en la aprobación del Presupuesto de 2023, señalando los motivos y las consecuencias de una práctica que ya es habitual en el Ayuntamiento de Alicante, donde no se arranca un año con las cuentas en vigor desde 2015, justo antes de llegar los gobiernos plurales.

"Para poder dar cumplimiento a los tiempos legalmente establecidos, el expediente debió haberse remitido completo a la Intervención a finales de septiembre. Habiéndose sometido el expediente a Intervención dos meses después del plazo legalmente establecido, resulta difícil dar cumplimiento a la obligación legal de que el presupuesto entre en vigor el día uno de enero", señala el interventor en su informe, en el que añade además por qué el trámite de fiscalización se extendió más allá de los diez días supuestamente previstos: "El anexo de personal contenía errores aritméticos que imposibilitaban la labor de control, y que la oficina presupuestaria se limitó a incorporar al presupuesto sin verificaciones para detectar posibles errores. Ni la memoria ni el informe económico-financiero citan cuestiones significativas, únicamente en lo que al importe se refiere (Contrato Programa y Centro de Tecnificación) pero sin justificar las cuantías". 

Así, según añade el alto funcionario, "Intervención tuvo que hacer uso de la facultad de solicitar información complementaria, que son contestados de forma ambigua, por lo que la Intervención reitera la petición, hechos que ralentizan la emisión del informe". Respecto a esos tiempos, Intervención explica que el 2 de diciembre tuvo lugar la entrada del anteproyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Alicante, pese a que el alcalde, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, presentaron el documento días antes en una rueda de prensa.

El 15 de diciembre, según explica, se solicita a la Oficina Presupuestaria informe complementario sobre los convenios suscritos con la comunidad autónoma en materia de gasto social, concretamente el contrato programa y la titularidad del Centro de Tecnificación, que es contestado remitiendo informe del servicio de Acción Social el 20 de diciembre y de Deportes el 19 y el 20 de diciembre.  

Con fecha 20 de diciembre, prosigue Intervención, se solicita al servicio de Recursos Humanos informe complementario sobre el anexo de personal y su conciliación con el presupuesto, que es contestado dos días después. Ese 22 de diciembre, observado que la Oficina Presupuestaria no responde la cuestión planteada sobre la titularidad del Centro de Tecnificación, se solicita nuevo informe a la Oficina de Patrimonio, que es contestado mediante escrito el 23 de diciembre.

El 26 de diciembre, añade Intervención, se remite escrito al servicio de Gestión Patrimonial solicitando aclaración sobre la contestación dada sobre titularidad del Centro de Tecnificación, que es contestado tres días después.  

Finalmente, el pasado 4 de enero, Intervención validó su informe favorable, lo que permitió al bipartito, en una Junta de Gobierno extraordinaria, aprobar las cuentas ese mismo día, ya superado el plazo legal del 1 de enero para su aprobación plenaria. Así, los grupos municipales tienen ahora hasta el viernes para presentar sus enmiendas, que se debatirán y votarán en una comisión de Hacienda previa al pleno, aún sin fecha.

Recursos insuficientes

Las consecuencias de la no entrada en vigor de las cuentas el día uno de enero son, según explica, "la preparación y contabilización de la prórroga del presupuesto, la contabilización de las operaciones en el presupuesto prorrogado, consecuentemente cuando entre en vigor el nuevo, el traspaso a éste de esas operaciones".

"Tareas -según añade- todas ellas innecesarias si el nuevo presupuesto hubiera entrado en vigor el uno de enero, con el consecuente incremento de trabajo sobre una oficina con recursos insuficientes para atender con diligencia y en plazo sus obligaciones legales". 

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En el informe, no solo hay tirones de orejas para los gestores políticos, sino también para áreas del Ayuntamiento. "La oficina presupuestaria no debe limitarse a incorporar y dar traslado al presupuesto de la información suministrada por los centros gestores, debe tener su propio sistema de información con el objeto aportar valor añadido para coordinar la presupuestación de los programas que, por ser multidisciplinares, afectan a varios centros gestores del Ayuntamiento y evitar que determinados gastos queden sin previsión, tal y como puede suceder con los gastos relativos al Contrato Programa y al Centro de Tecnificación".  

Por otro lado, Intervención también advierte que "se observa que, no consta en la plantilla el puesto de responsable de Contabilidad reservado a funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, situación que debería proceder a regularizarse". 

Entre sus observaciones, figura además que se observan "incrementos significativos e insuficientemente motivados en partidas de ingresos de los capítulos 2 y 3", la aportación de la Generalitat "insuficiente para la total financiación de los servicios delegados por convenios de colaboración", además de "gastos insuficientemente justificados, potencialmente infravalorados del Centro de Tecnificación". Estas cuestiones en conjunto, según afirma, "podrían comprometer el equilibrio presupuestario". 

Críticas por las subvenciones a dedo

Por otra parte, Intervención mantiene su cruzada contra las subvenciones a dedo. En el informe, subraya que "la gestión de las subvenciones, de conformidad con la ley, debe realizarse de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación".

"Se reitera lo ya dicho en los informes del presupuesto de ejercicios anteriores de que el Ayuntamiento no dispone de un plan estratégico de subvenciones, por lo que debería proceder a la mayor brevedad a su elaboración de acuerdo con lo establecido en Ley General de Subvenciones, su Reglamento y la Guía de la Intervención General de la Administración del Estado", apunta el interventor, que debería servir para "discernir si las subvenciones se corresponden con lo establecido en la normativa al efecto, cuáles deben otorgarse mediante convocatoria, o bien, si se trata de prestaciones propias de la Ley de Contratos del Sector Público, cuáles son los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles, etc. La falta de elaboración del plan estratégico de subvenciones, puede ser causa de nulidad de las que se concedan".

"Demoledor"

Desde el PSOE, el portavoz municipal, Miguel Millana, se ha mostrado crítico con el gobierno municipal por el proyecto de Presupuestos. "El interventor municipal pone en evidencia la forma de gestionar el Ayuntamiento de Barcala en un informe demoledor que se incluye en la redacción de los presupuestos de 2023. Intervención señala la desconexión entre los diferentes departamentos municipales, la falta de información, la improvisación, la carencia de un plan de inversiones según marca la Ley de subvenciones y el escaso personal en el Ayuntamiento que ponen en evidencia la deficiente gestión del alcalde”, ha indicado Millana.

Por otro lado, respecto a los recortes en áreas sociales, el grupo municipal de Compromís ha criticado "el boicot encubierto a igualdad del gobierno municipal del PP". El concejal Rafa Mas ha subrayado que se "han recortado las partidas de la concejalía y solo hay dos funcionarias, lo que provoca que no se pueda, como ejemplo, ejecutar los fondos del pacto de Estado contra la Violencia de género de casi 150.000 euros que le corresponden a la ciudad de Alicante".