La Ley Antidespoblación de la Generalitat obligará a reforzar los servicios de asistencia social a mayores en zonas rurales

La nueva Ley Antidespoblación de la Generalitat obligará al propio gobierno autonómico a reforzar todo el sistema de servicios de asistencia social en las zonas rurales de la Comunidad Valenciana, promoviendo así tanto la mejora de la calidad de vida de los residentes como la creación de puestos de trabajo. El texto, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este periódico, incide en la necesidad de apostar por estos recursos, al tratarse de unos entornos por lo general muy envejecidos, de manera que se genere un beneficio a esa población al tiempo que tiendan a eliminarse los desequilibrios territoriales.

El proyecto del ley fue aprobado en el pleno del Consell del pasado 13 de enero, y ahora debe ser tramitado y discutido en las Cortes hasta que se convierta en un texto legal definitivo. En él se establecen los criterios para considerar que un municipio de la Comunidad está en riesgo de despoblación, y diferentes medidas para tratar de paliarla en aspectos como las infraestructuras, la vivienda, el empleo y la creación de empresas, la fiscalidad, la educación o los servicios de salud y sociosanitarios, entre otros. En estos últimos se pone especial énfasis.

Así, en este apartado, correspondiente al artículo 19 del proyecto de ley, se citan de forma explícita criterios muy concretos, como favorecer que las residencias de mayores estén a un máximo de 20 kilómetros del domicilio del usuario. Con ello se quiere evitar el desarraigo y sus consecuencias, como agravar la soledad de la persona o que al sentirse desubicada se acelere su deterioro cognitivo. Además, se apuesta por que los habitantes del entorno tengan preferencia en la adjudicación de plazas. Estos mismos criterios de proximidad y preferencia se aplicarán en el caso de las residencias para personas dependientes, por idénticos motivos.

Hasta ahora, la práctica totalidad de los mayores que han requerido el ingreso en una residencia en el área de la provincia de Alicante en situación de despoblación, el entorno montañoso central donde confluyen El Comtat, l'Alcoià, la Marina Baixa y la Marina Alta, han acabado normalmente como poco en las localidades medianas más próximas, como Cocentaina, Muro, Pego o Callosa d'en Sarrià. Hubo durante unos años una residencia en Tollos, que supuso un revulsivo para este minúsculo municipio, pero que finalmente cerró por motivos económicos. El objetivo con la nueva ley es evitar que este tipo de servicios desaparezcan y potenciarlos.

Servicios domiciliarios

La ley también aboga por incentivar "otros tipos de residencia o convivencia en el ámbito rural para las personas mayores que tengan dificultades para permanecer en su domicilio o carecen de este o no reúne las condiciones básicas de habitabilidad o accesibilidad". La Generalitat alude a la creación de viviendas tuteladas, o bien pequeñas comunidades colaborativas, a modo de residencias abiertas -hay experiencias de ese tipo en algunos puntos de España. O bien, incluso, fórmulas novedosas como las familias acogedoras. Todo ello, siempre, con el mismo objetivo de evitar, en la medida de lo posible, que la persona mayor salga de su entorno territorial y social.

Asimismo, se busca la colaboración de las entidades locales, como son los ayuntamientos, las mancomunidades y las diputaciones, para poder facilitar servicios de asistencia domiciliaria que faciliten el día a día de personas que, aun manteniendo una autonomía óptima como para vivir en su propia casa, ya no pueden hacerse cargo de igual forma de las necesidades del hogar. Entre otros, se citan los servicios de comidas o lavandería, aunque también encajan aquí, por ejemplo, los de higiene personal, o incluso otros como fisioterapia y veterinaria para las mascotas de estas personas. Ya hay alguna experiencia piloto en este sentido en la zona de la provincia de Alicante afectada por la despoblación.

Una cuestión clave de de todo esto es que, de manera indirecta, contribuye a fijar población en estos entornos, más allá de las propias personas mayores, al implicar la creación de puestos de trabajo para prestar estos servicios, parte de ellos cualificados. En este sentido, la ley habla de "promover la estabilidad y la profesionalización de las personas" que presten los diferentes servicios, y apunta que una fórmula para ello serían los contratos-programa con la entidades locales.

Criterios más flexibles

El proyecto de ley estipula que la Generalitat destinará cada año al menos un 0,1% del presupuesto de gasto no financiero a luchar contra la despoblación. Fuentes del Consell defienden que así se "blindan" este tipo de políticas, ya que en las últimas anualidades ya se venía llevando a cabo esta medida, pero ahora se convierte en "un compromiso que queda reflejado en un documento legal". 

Además, se han flexibilizado los criterios para que un municipio pase a ser considerado en riesgo de despoblación, como ya avanzó este periódico hace algún tiempo: todas las localidades con menos de 300 habitantes entrarán ahora en esa categoría, y solo será necesario cumplir con cuatro de los seis indicadores demográficos definidos para medir la pérdida de población. Estos son la densidad de población, el crecimiento demográfico, el crecimiento vegetativo, el índice de envejecimiento, el índice de dependencia y la tasa migratoria. Hasta ahora era necesario cumplir con cinco.

La directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant), Jeannette Segarra, destaca estos cambios para que más municipios puedan acogerse a las medidas previstas en la ley y a los fondos destinados para esta materia, y señala que el Consell ha dado un "vuelco" a estas políticas, "que han pasado de no existir en 2015 a ser un área prioritaria de nuestra acción". Asimismo, hace hincapié en que la nueva norma "consolida y aporta seguridad jurídica a muchos aspectos que, aunque ya se cumplían no aparecían reflejados con carácter legal", con lo cual se "garantiza que en el futuro se seguirá apostando por estas políticas".