Llopis descoloca a Barcala: ofrece "su cabeza" para desbloquear el Presupuesto de Alicante

Pese a que no aparecía en el orden del día del pleno de febrero, el Presupuesto de Alicante para este 2023 (aún sin aprobar) se convirtió en protagonista inesperado del debate. La "bomba" la detonó la concejala de Acción Social, Julia Llopis, durante su respuesta a una pregunta de Compromís sobre la convocatoria de la Mesa de la Solidaridad, una de esas cuestiones que suele pasar sin demasiada gloria por los plenos, y sobre todo si son de esos eternos como el de ayer, que terminó once horas después de su inicio. "Dicen que si Barcala me retira las competencias, firman los Presupuestos. ¿Es así? Pues les voy a retar", empezó diciendo Llopis, captando así el interés de todos: "Si votan a favor y no perjudican a 350.000 alicantinos, esta concejala entregará la delegación de sus competencias. Si no lo hacen, los alicantinos verán que son unos mentirosos. Para mí, ellos son lo más importante. Y como no van a dar el paso, pediré que les reprueben".

Llopis lanzaba así un reto que nadie esperaba en respuesta a las exigencias lanzadas por Compromís en la fase de negociación de las cuentas. En esas conversaciones, la coalición valencianista marcó a Barcala dos caminos para desbloquear el Presupuesto: "O bien destituye a la concejala Llopis como responsable de buena parte de las políticas de mal gobierno de la derecha que han atacado los servicios públicos y las personas más vulnerables o nos sentamos a negociar unos nuevos presupuestos que sean útiles para el futuro de Alicante".

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El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, no dejó caer ayer en saco roto la propuesta de Llopis. Veía cerca su objetivo: apartar a la concejala de sus competencias, por cuya gestión ha recibido tantas críticas durante este mandato. Así, Bellido aprovechó la primera opción que tuvo en el pleno, cuando pudo recuperar el turno de palabra en las preguntas "in voce", para matizar el reto: "Si usted deja el acta de concejal, ya puede ir convocando el gobierno municipal la Comisión de Hacienda y el Pleno de Presupuestos. Cuando usted quiera, Alicante tendrá Presupuestos. Que usted desaparezca de la escena política, bien vale una abstención". 

Ante la deriva que estaba tomando el pulso entre Compromís y la concejala de Acción Social, Barcala tomó la palabra. Y es que el Presupuesto se había convertido, sin esperarlo, en protagonista del pleno, pese a que el bipartito ya había dado por amortizado el fracaso de llegar a las elecciones sin las cuentas de 2023 aprobadas. Primero, el alcalde intentó matizar lo ya matizado: "Ustedes firman comprometiéndose a respaldar el Presupuesto y entonces se convocará la Comisión de Hacienda. Y no al revés". Sin embargo, a continuación, sin dar tiempo para pensar, el regidor popular intentó zanjar el debate, recordando que la delegación de áreas es una competencia del alcalde y no de los ediles. "Eso sí, los limites de los Presupuestos los marco yo, porque la delegación de competencias es cosa mía», añadió Barcala, que prefirió dejar ahí el asunto, como si nada hubiera pasado durante esos minutos en un pleno de febrero que terminó con Julia Llopis al frente de sus áreas y con la ciudad sin Presupuesto para 2023. Hablando de ingresos, tampoco hubo cambios en la fiscalidad, ya que Unidas Podemos solo sumó a Compromís a favor de cambios en cuatro impuestos (IBI, IAE, ICIO y vehículos) para hacerlos más "progresivos". 

Pese a todo, de vuelta al debate del Presupuesto, ese no fue el momento más tenso para Barcala. Los tuvo peores. Y es que esta sesión de febrero, será por aquello de que se acercan las elecciones, se amontonaron las protestas en la antesala al Salón de Plenos. Los primeros en alzar la voz fueron los trabajadores de la Alcoyana, la adjudicataria del servicio del transporte metropolitano de Alicante, que gestiona la Generalitat. Fue durante una moción presentada por Unidas Podemos para crear una comisión para abordar "soluciones de mejora en el transporte a fin de tener un servicio digno y de calidad, teniendo en cuenta las condiciones de los trabajadores". La propuesta no salió adelante -la derecha votó en contra y el PSOE, que aprovechó también el pleno para hacer una férrea defensa de Ángel Franco por haber sido diana de los ataques de Vox, se abstuvo-, pero dio pie a un momento tenso en el pleno con unos trabajadores que advirtieron de las consecuencias: "Al final pararemos el servicio, que es lo que queréis". La plantilla tenía previsto ayer el primero de los paros anunciados para los autobuses "azules", que frenaron para llegar a un acuerdo con la empresa, con la que mantienen un ya duradero conflicto laboral.

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No menos duro, tal vez más, fue el choque que se vivió instantes después. También como consecuencia de otra moción presentada por Unidas Podemos, con la que pretendía crear una comisión para impulsar un plan local de vivienda y emergencia habitacional. En este punto, antes del debate político, en una intervención llena de verdad, de dignidad, con un Pleno en silencio absoluto, María, una mujer de 72 años que hace menos de un mes fue desahuciada por un fondo buitre del piso en el que llevaba más de una década viviendo de alquiler con su hijo discapacitado, relató su historia. Lo hizo sin estridencias, sin demagogia, casi sin protagonismo pese a contar su pesar. "Me dicen que vivo en un barrio residencial, cuando Carolinas es un barrio obrero. No me puedo ir a otros pisos porque me piden 600 euros y tengo que pagar, luz, agua y comer. Yo cobro 750 euros, pagaba 300 euros y ofrecí subir a 400 euros. Ha sido muy vergonzoso salir como he salido de mi piso. Lo que esta pasando con los pisos de alquiler en Alicante es increíble. No quiero vivir en ningún sitio residencial, solo un pisito bajo porque mi hijo tuvo intentos de suicidio". Nadie miró el reloj. 

Tras su emotivo relato, y después de que el Pleno rechazara la propuesta por el "no" de los tres grupos de la derecha, la crispación ganó enteros con los gritos de enfado de miembros de colectivos antidesahucios. Tanto que Barcala, ante la dificultad de devolver la calma a la sesión plenaria pese a la presencia policial, optó por hacer un receso de unos minutos. 

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Esa distribución de votos no fue la única vez que se dio en la jornada, como ha sido habitual en este mandato, aunque saltó por los aires más veces de lo normal. Vox se quedó solo en dos ocasiones. Una al principio del pleno, cuando rechazó el ajuste legal del impuesto de la plusvalía, que salió adelante con el apoyo del resto de grupos. Y otra, al final, cuando fue única formación que mostró su "disconformidad" con el Constitucional por avalar la Ley del Aborto. El PP, tras los últimos bandazos, finalmente se posicionó con la izquierda. También Ciudadanos, que aprovechó el debate para criticar a los populares por presentar el recurso ante el alto tribunal contra "leyes progresistas". 

La siempre extraña unión de Vox y la izquierda permitió aprobar una declaración de Unidas Podemos, que nada apunta que el bipartito vaya a asumir, para incluir al comercio en el Patronato de Turismo. También así se dio luz verde a la declaración socialista con la que se presiona al bipartito para que el proyecto del Parque Central, tras dos décadas en un cajón, se apruebe durante este mandato. 

Lo que no se aprobó, y por segundo año consecutivo, fue ninguna declaración institucional con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer. Ni la del bipartito, ni la conjunta de Unidas Podemos y el PSOE ni la de Compromís en solitario. La ley del "solo sí es sí", junto a los recortes en la Concejalía de Igualdad y la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución fueron los argumentos de unos y otros para que ninguno de los textos saliera adelante. "Es lamentable que no se haya aprobado ninguna de las declaraciones", dijo el alcalde, tras votar en contra de las propuestas de una izquierda que también rechazó la del gobierno local, pese a ser el texto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Y Vox, en el "no". 

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Todo lo demás, prácticamente, salió por unanimidad, algo poco habitual en el pleno de Alicante, y aún más excepcional a las puertas de elecciones. Así, se aprobó reclamar al Gobierno central que impulse proyectos de infraestructuras clave para la provincia de Alicante, valorados en unos 2.000 millones de euros, y a la Generalitat Valenciana, que agilice la construcción del colegio la Almadraba, así como instar a la Concejalía de Educación a que planifique las necesidades educativas de la zona de playas. También por unanimidad se aprobó el respaldo para construir un centro sociocomunitario en Benalúa, uno de los barrios con menos infraestructuras municipales y más envejecidos de la ciudad. A su vez, con todos los votos a favor, se aprobó el compromiso del Pleno, pese a que es una competencia de la Concejalía de Transportes, de poner en marcha de manera "inmediata" el transporte a la demanda en las partidas rurales. También se aprobó el respaldo a las víctimas de los terremotos de Turquía y Siria, y por otro lado a las personas con enfermedades raras y a con esclerosis lateral amiotrófica. Por último, tras un ajuste en el orden previsto para acabar en positivo, se mostró el apoyo unánime a que las fiestas de los Moros y Cristianos de cuatro barrios de la ciudad sean declaradas Fiestas de Interés Turístico por la Comunidad Valenciana. 

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