76 de las 541 fosas de represaliados de la Guerra Civil y la Dictadura están en la provincia de Alicante

Setenta y seis fosas comunes de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista se localizan en la provincia de Alicante. Es la última cifra actualizada de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática quien ha elaborado el primer mapa oficial en el que se ubican las zonas de la Comunidad donde están o se intuye que pueden estar los restos de los represaliados de ambos periodos. Así, esa actualización recoge además qué tipo de fosas hay en cada municipio.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGC) publica este viernes estos datos que el departamento autonómico recoge en base a la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana que se aprobó en 2017. En uno de sus puntos se especificada precisamente que se elaboraría un mapa detallado de las fosas comunes existentes en el territorio tras un trabajo de colaboración del Consell con otras administraciones, instituciones o entidades.

En la provincia, según los datos publicados, se identifican 76 fosas comunes de las 541 que se han documentado en la Comunidad Valenciana. De ellas, las relacionadas con la represión franquista son 51; 18 serían de la represión tras la guerra; 2 son fosas de combatientes; y 5 de otro tipo de episodios como víctimas de bombardeos. En 55 de ellas se ha intervenido ya y en 21 todavía no; es decir, se ha actuado para exhumar los restos de las víctimas. En la provincia se han localizado 287 restos de represaliados de la Dictadura y se han identificado a 20 personas, según los mismos datos.

El Consell profundiza en la memoria democrática: nuevo catálogo de espacios y reconocimiento a las represaliadas

Pero el mapa publicado por el Consell tiene más cifras: las fosas comunes que hay en cada municipio. En Alicante ciudad se ubican según el Consell 41 de estas fosas; 4 en Dénia; 3 en Alcoy; 3 en Elda; y 3 en Xixona. En Pego, Benissa, Elche y Orihuela hay 2; y una en municipios como Xàbia, Villena, Ibi, Sax, Petrer, Monóvar, Novelda, Hondón de las Nieves, Crevillent, Albatera, San Isidro, Callosa, Benejúzar, Bigastro y Guardamar.

La Conselleria, en base a esa Ley, ha trabajado en una primera versión del Mapa de Fosas y lo ha hecho a partir de las fichas de localización confeccionadas durante años anteriores con los datos aportados por asociaciones, fundaciones o entidades dedicadas a la recuperación de la memoria democrática, así como mediante la adjudicación en el ejercicio 2020-2021 de un contrato de prestación de servicios a empresa especializada.

De hecho, en el DOGV se explica que en las fichas actualizadas se "recopilan una serie de datos sobre la posible ubicación y antigüedad de las fosas, el número teórico de víctimas, su nombre y profesión, así como la tipología de las fosas en función de la causa de la muerte o represión padecida, y de las fuentes bibliográficas, testimoniales o arqueológicas consultadas". La secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna, explicó a este diario que "el mapa se puede consultar en la web de la Conselleria y permitirá a todo el mundo tener la información". Pero también indicó que "no es definitivo" sino que está "abierto" y que se irá actualizando según se avance en investigaciones o recopilación de datos.

Así lo recoge también la Conselleria en su publicación: "Se trata de un trabajo de carácter inicial" que se actualizará periódicamente. Porque este primer mapa elaborado "no abarca todas las fosas que se presumen existentes según la literatura científica, así como porque pese a la depuración de aquellos datos poco fiables o contradictorios, en algunos casos las fichas de localización de las fosas constatadas ofrecen todavía resultados parciales, imprecisos, o inexactos, dada la gran heterogeneidad y dispersión de los datos y el tiempo pasado desde que ocurrieron los hechos".

Por tanto, aún queda mucho por hacer. El objetivo es continuar trabajando en la "política pública dirigida a localizar los lugares de enterramiento o fosas existentes" en la Comunidad. Pero sobre todo para facilitar la localización de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura "desaparecidas, pendientes de exhumar". Además se procederá a la "especial preservación y señalización de estas fosas como lugares de la memoria, promoviendo su conocimiento y convirtiendo estos lugares de terror en espacios de recuerdo y transmisión de valores de convivencia democrática".

Serna explicó que la importancia de estos mapas reside en que "por lo menos están localizados los lugares donde pueden estar los represaliados de la Guerra Civil y de la Dictadura" y a partir de ahí, que las familias conozcan realmente donde están sus allegados. Las fichas estarán disponibles y podrán consultarse en la página web de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática donde además se puede utilizar un visor cartográfico del Instituto Cartográfico Valenciano que ubica cada una de esas fosas comunes.

El campo de concentración de Albatera, lugar de Memoria Democrática

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha inscrito el Campo de Concentración de Albatera, ubicado en San Isidro, en el Catálogo de lugares e itinerarios de la memoria democrática de la Comunidad. Se convierte así en un lugar de la Memoria Democrática Valenciana. Así se ha publicado también este viernes en el DOGV. Con esta declaración, se suspende cualquier intervención que pueda poner en peligro los valores del bien, así como las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición y la eficacia de las que se hayan otorgado sobre el lugar.

Así, la inclusión en dicho catálogo parte de la misma Ley de Memoria Democrática de 2017 que recoge que podrán ser incluidos aquellos espacios, inmuebles o parajes que "revelen interés para la comunidad autónoma, por haberse desarrollado en ellos hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva de la lucha de los valencianos por sus derechos y libertades democráticas" en el período que abarca desde la proclamación de la II República Española, el 14 de abril de 1931, hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el 10 de julio de 1982.

Entre abril y noviembre de 1939, el campo de concentración de Albatera, antiguo campo de trabajo durante la II República que alojaba a los condenados por sentencia judicial, se utilizó como centro de clasificación de prisioneros y prisioneras. A este campo fueron a parar, entre otros, todos aquellos que no pudieron exiliarse en el Stanbrook, uno de los últimos barcos que partió desde el puerto de Alicante con refugiados de la zona republicana al finalizar la Guerra Civil. El campo funcionó como lugar de detención, identificación, clasificación y redistribución de prisioneros todavía sin juzgar, en el que un elevado número de personas fueron represaliadas mediante privación de libertad, vejaciones, torturas y asesinatos.

El recinto se clausuró siete meses después, el 27 octubre 1939. Durante este período se calcula una ocupación de 15.000 a 20.000 reclusos y un número todavía indeterminado de muertes por enfermedad o inanición, así como por actos violentos y asesinatos. Tras el cierre del campo, se produjo una profunda transformación del lugar y desaparecieron la mayoría de los rastros visibles de la presencia del campo de concentración. Las tierras fueron posteriormente ocupadas y todos sus indicios quedaron enterrados.