Siguen las descargas de graneles al aire libre en el puerto de Alicante

El conflicto por la descarga de graneles al aire libre en Alicante se encuentra lejos de resolverse. Los vecinos de los barrios del sur de la ciudad denuncian una nueva operación en el exterior y reclaman más contundencia a la conselleria en sus acciones. La Autoridad Portuaria asegura que un problema técnico impide que la nave funcione al 100% de su capacidad.

Este mismo fin de semana, dos nuevos buques han realizado operaciones industriales en el puerto de Alicante: el Unity Endeavour y el BBG Master. Dos embarcaciones de grandes dimensiones que han manipulado diferentes materiales en la costa alicantina y que -según denuncian los vecinos- han generado una vez más nubes de polvo que podrían ser perjudiciales para la salud de los residentes en dicha zona de la ciudad, situada a escasos kilómetros del puerto.

Nuevo retraso en la apertura de la nave cerrada para graneles del puerto de Alicante

Desde la Autoridad Portuaria aseguran que los niveles de PM10 -nombre que reciben las partículas sólidas suspendidas en el aire- se han mantenido "por debajo de los umbrales permitidos por la normativa", por lo que no ha sido necesario adoptar "ninguna medida especial adicional".

Además, en referencia a otras operaciones similares realizadas en las últimas semanas, fuentes del Puerto consultadas por INFORMACIÓN señalan que se trata de materiales como la escoria -restos metálicos derivados de las labores de fundición- que no son pulverulentos y, por lo tanto, no constituyen un riesgo para la salud de los ciudadanos.

La Conselleria sanciona al Puerto de Alicante y a una empresa por el movimiento de graneles

En cuanto al motivo por el que este tipo de labores se desarrollan de manera ocasional fuera de la nave cerrada construida con ese propósito, el Puerto sostiene que -según la información proporcionada por la empresa- existe un problema técnico que solo ha permitido poner en funcionamiento el 75% de la infraestructura.

La compañía encargada de la nave asegura que el problema reside en un "asentamiento" del suelo, que se ha "vencido" unos centímetros. Un fenómeno habitual en este tipo de construcciones que es complejo de predecir con exactitud y que impide el funcionamiento de parte de la maquinaría, ya que se desplaza en el interior del edificio a través de raíles, afectados por el cambio en el terreno.

Fuentes de la mercantil atribuyen lo ocurrido a la antigüedad del muelle -de más de 450 metros de longitud- que fue construido entre los años 80 y los 90, cuando la normativa existente no era tan restrictiva como la actual. Lo que, sumado al paso de los años en los que se ha operado con graneles de gran magnitud, habría favorecido el asentamiento.

Un inconveniente que aseguran que se está trabajando actualmente en su resolución. Desde la compañía ya se anunció el pasado mes de febrero que la fecha estimada para la plena operatividad de la construcción sería a lo largo del primer semestre de 2023, después de varios años de retraso atribuidos a diferentes motivos, como la escasez de componentes electrónicos ocasionada por la guerra en Ucrania.

Gestos electorales

Unas explicaciones que no convencen a los vecinos, cansados de "fiscalizar" las labores que se desarrollan en los muelles ante la "pasividad" de la Conselleria de Transición Ecológica. Desde la asociación Gran Vía Sur - Puerto, su portavoz José Santamaría sostiene que "la nave no opera habitualmente, a pesar de estar ya terminada" y desconfía de las razones esgrimidas por la empresa: "suenan a cuento chino".

Para el representante vecinal, la "pasividad" de las administraciones ante la situación es "alarmante" ya que la Ley de Calidad de Aire -en la que se apoyó la Conselleria de Transición Ecológica para sancionar a la mercantil por una operación desarrollada en enero- también contempla la posibilidad de paralizar o suspender la actividad, así como de aplicar multas de hasta 200.000€. Opciones que la conselleria no ha valorado emprender por el momento.

En este sentido, el colectivo vecinal asegura que la sanción propuesta por la Generalitat -que reclama el importe mínimo contemplado por la normativa- es un mero "gesto electoral". La asociación reclama mayor "contundencia" ante un problema que mantienen que genera "graves perjuicios para la salud" de los residentes de la zona, en la que existen varios colegios.