Los vecinos de las pedanías exigen que los taxis a demanda les lleven a los centros de salud y los colegios

El transporte público en Alicante -cuya gestión se adjudicó a finales de 2022 por los próximos diez años y más de 125 millones- sigue dando de qué hablar debido al descontento vecinal. Los vecinos de las partidas rurales, que tendrán por primera vez transporte a demanda (TAD), denuncian que no recoge sus peticiones ni conecta con los servicios que necesitan, como centros de salud y colegios.

El TAD anunciado por el Ayuntamiento -que en un primer momento se iba a poner en marcha en julio pero cuyo funcionamiento se ha adelantado coincidiendo con las elecciones municipales- contempla un total de seis líneas que funcionarán mediante taxis con reserva previa.

El taxi a demanda en las pedanías arrancará antes de lo previsto pero sin parada en San Vicente

Un servicio que se incluye dentro del presupuesto de la nueva contrata con un coste total de 3,96 millones de euros en diez años, casi 400.000 anuales. En cuanto a su funcionamiento, está previsto que tenga el mismo precio para los usuarios que el resto de los transportes metropolitanos (1,45€ por trayecto) y que se puedan beneficiar de él hasta 8.000 personas que residen en las partidas rurales de la ciudad.

Sin embargo, las rutas propuestas por el bipartito en las que «no se podrán realizar paradas en puntos que no estén autorizados» no han convencido a los vecinos de las pedanías, que aseguran que los trazados no recogen las necesidades actuales de los residentes, ya que únicamente conectan con la capital de la provincia. Un problema que "tendría fácil solución" si no estuviese prohibido «alterar el recorrido o paradas establecidas en la reserva».

En concreto, los vecinos de zonas como El Moralet, Fontcalent o la Cañada del Fenollar señalan que muchos de sus servicios habituales como centros de salud, escuelas, bancos u oficinas de Correos se encuentran en otros municipios limítrofes como San Vicente del Raspeig, Mutxamel, Sant Joan o la pedanía ilicitana de Torrellano, zonas a las que no se puede acceder con el citado servicio.

Por ello, la asociación Trekrural ha convocado una concentración de protesta el próximo jueves -coincidiendo con el Pleno municipal- para reclamar al Ayuntamiento que modifique las líneas propuestas, al igual que hizo con las de los autobuses urbanos a petición de los vecinos.

Posible rectificación

Tras las reclamaciones vecinales, el bipartito alicantino ha abierto la puerta a una posible modificación de las líneas para atender las peticiones de las partidas.

Según señaló esta semana el concejal de Transportes, Manuel Villar (PP), el Ayuntamiento tiene prevista una reunión con la Generalitat para estudiar que los taxis del servicio puedan parar en San Vicente del Raspeig, lo que solventaría el problema para varias de las pedanías afectadas.

El edil popular recuerda que el primer anuncio del transporte a la demanda se llevó a cabo en el año 2016, cuando gobernaba el tripartito de izquierdas, pero que se pone en marcha ahora, lo que -según Villar- "se considera un logro por la mayor parte de entidades vecinales que lo venían reclamando".

El responsable de Transportes señala también que la conexión con otros municipios estaba prevista en el proyecto original pero que "una alegación cuestionando el paso de término municipal obligó a los técnicos a tener que dejar fuera a San Vicente de las líneas", por lo que "si la conselleria da su permiso y colabora en el servicio, este se pondrá en marcha".

Sin embargo, se trata de una reunión de la que nada saben en la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que gestiona, entre otros servicios, el transporte público interurbano. Fuentes del departamento consultadas por INFORMACIÓN han trasladado que en la Generalitat "ya estamos acostumbrados a tener que arreglar los continuos errores del Ayuntamiento de Alicante".

Movilidad recuerda que existe un servicio de transporte a la demanda para dar respuesta a las necesidades de los municipios de menos de 5.000 habitantes, pero que en casos como el de Alicante -con una población ampliamente mayor- es el Ayuntamiento el responsable de "atender a sus vecinos" y proporcionarles un servicio "que garantice su movilidad en transporte público hasta los principales núcleos de población e infraestructuras" a los que están adscritos.