El Gobierno intercede y la Subdelegación en Alicante reparará el elevador para personas con discapacidad

Solo cuatro días ha tardado el Ministerio de Política Territorial en contestar al comité de discapacitados CERMI, después de que este elevara al órgano del Gobierno su protesta por la falta de accesibilidad en la sede del Ejecutivo en Alicante. Una falta de accesibilidad para personas con discapacidad que CERMI considera que "provoca la discriminación y la exclusión de la ciudadanía con discapacidad" además de un "incumplimiento legal". La primera barrera, la menor y la única que depende de la Subdelegación del Gobierno, la de la movilidad, será solventada en un plazo de 6 a 8 semanas, lo que supondría que estuviera listo antes de julio, según ha confirmado el organismo que dirige Araceli Poblador.

Sin embargo, el edificio de la plaza de la Montañeta afronta más dificultades que la de la movilidad, y es que tampoco es accesible para personas con otro tipo de discapacidades, como la comunicativa o la cognitiva. Para resolver esta situación son necesarias unas obras en un edificio protegido como BIC que se licitaron hace varios años pero que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento frenó sin que posteriormente se volvieran a reanudar.

La Subdelegación del Gobierno en Alicante, no apta para personas con movilidad reducida

CERMI elevó al Ministerio de Política Territorial la pasada semana su molestia por esta situación a través de un escrito formal. La respuesta ha llegado cuatro días después por parte de Agustín Torres Herrero, director general de la Administración General del Estado en el Territorio, mediante una carta. En ella, señala al presidente de CERMI que comparte "la necesidad de hacer realidad el plan de accesibilidad lo antes posible" y añade que el Gobierno tiene "el firme compromiso" de llevar a cabo "su materialización", la cual apunta que "ha resultado imposible como consecuencia de no haber podido obtener la preceptiva licencia municipal para el anteproyecto que en su día presentamos".

En el escrito, Torres Herrero insiste en la versión que ya dio la Subdelegación del Gobierno: se presentó un anteproyecto en 2016, el proyecto y la solicitud de licencia en 2018 y la modificación del mismo ajustándolo a los requerimientos del Ayuntamiento en 2020, estando ahora a la espera de respuesta municipal. El director general de Territorio subraya en la misiva que "garantizar que los servicios de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno sean de calidad y presten la debida atención a la ciudadanía en condiciones de igualdad, es nuestra máxima prioridad".

Necesidades del edificio

Luis Vañó, presidente de CERMI en la Comunidad Valenciana, explicó a este diario que el edificio tiene numerosos problemas de accesibilidad que dependen de la licencia de obra y que van más allá de reparar el ascensor de la entrada: "El problema no es solo el elevador, es un tema puntual, pero es que hay más cosas en el propio edificio. Hay más problemas de accesibilidad cognitiva, comunicativa y señalética correcta que no se pueden hacer sin licencia de obras. No puedo entender el porqué. Es considerada una forma de discriminación. Las personas con movilidad reducida tienen derecho a acceder en igualdad de condiciones".

También la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Alicante (Cocemfe) a través de su presidente, Antonio Ruescas, explicó que la situación actual del edificio público "contradice a la ley que indica que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones".