El comité de discapacidad eleva al Gobierno la demanda para que el edificio de Subdelegación en Alicante sea accesible

El edificio de la Subdelegación del Gobierno en Alicante no es apto para personas con discapacidad. No solo porque el elevador que se encuentra en la entrada lleve más de un año sin funcionamiento, sino, especialmente, porque el inmueble, protegido como BIC, no ha lugar a unas obras que faciliten su accesibilidad no solo para personas con movilidad reducida sino también para aquellas que tienen dificultades cognitivas o comunicativas. Ahora, el comité de discapacitados CERMI ha solicitado en un escrito formal al Gobierno que facilite los trámites e interceda para poder cumplir con esta accesibilidad reconocida como un derecho.

La Subdelegación del Gobierno en Alicante, no apta para personas con movilidad reducida

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, señaló la semana pasada que si las obras no se han realizado es porque la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante las paralizó cuando ya estaban licitadas.

En un escrito a la Dirección General de Territorio, CERMI ha apuntado que esta situación supone un «incumplimiento legal» que «provoca la discriminación y exclusión de la ciudadanía con discapacidad».

Obras paralizadas

Para dotar a la Subdelegación del Gobierno con estructuras de accesibilidad, el comité le apunta al Ejecutivo que las obras llevan «años a la espera de materialización, por ausencia de impulso y por desencuentros y burocratismos entre las administraciones estatal y local».

La Concejalía de Urbanismo asegura que la Subdelegación de Alicante renunció a las obras de accesibilidad pero no muestra la documentación

Según ha podido consultar este medio, la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis), organismo dependiente del Gobierno, ya ha comenzado el proceso de investigación para poner solución a este problema que afecta a todos los usuarios con discapacidad que tienen que realizar trámites o acceder al edificio estatal por cualquier otro motivo.

Desde la Concejalía de Urbanismo indicaron la pasada semana que el proyecto de obra que se presentó desde Subdelegación «tiene carencias porque es un edificio protegido». Además, añadieron que «si el Consejo de Ministros hace un decreto de urgencia especial será otro tema». El cruce de acusaciones se realizó sin ninguna documentación que las pruebe por parte de Urbanismo.

Los trámites se iniciaron en agosto de 2016, hace ya casi siete años, cuando se solicitó al Ayuntamiento de Alicante un informe técnico previo a la solicitud de Licencia de Intervención. Un informe que resultó favorable. Las obras, sin embargo, no llegaron a ejecutarse.