El Ayuntamiento ha puesto ocho multas por ruido a los pubs del centro de Alicante en cinco años

Este mandato del bipartito va a concluir con un total de 8 sanciones por ruido a los locales del centro y Casco Antiguo y 118 expedientes abiertos por parte de la Policía Local. Los datos han sido presentados por el Ayuntamiento de Alicante en la comisión contra el ruido celebrada este miércoles en el Salón de Plenos.

A la reunión, presidida por los concejales de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), y de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs); han estado convocadas las asociaciones vecinales del centro de la ciudad —Laderas del Benacantil, Centro Tradicional y Casco Antiguo—, además de representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento. No han estado finalmente las asociaciones de hosteleros ni de comerciantes, pese a que el PP trató de incluirlos la pasada semana.

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El Ayuntamiento ha presentado los informes respectivos a las multas impuestas y a los niveles de ruido, que han excedido en algunos casos los 20 decibelios permitidos. Unos datos que tanto los vecinos como la oposición consideran incompletos, pero que, aseguran, refrendan que hay un problema: "No son sólo los locales, también las personas que van gritando por la calle. Hace falta voluntad política. Se han resuelto otros asuntos como el del alcohol en Santa Faz porque ha habido voluntad. Esto se puede hacer también con voluntad y haciendo cumplir la legalidad", ha explicado José Vicent, de la asociación Centro Tradicional.

Una postura compartida con su colega de la asociación Laderas del Benacantil, Joaquín Gangoso: "Somos zona de protección acústica especial (ZPAE) desde 2018. Significa que hay un problema. Cuando se nos declaró ZPAE, en seis meses se tenía que haber hecho un plan de acción". Un plan que no se hizo y que este miércoles todos los grupos han acordado llevar adelante.

El pasado marzo, in extremis para las elecciones, salió adelante la ordenanza del ruido. Una ordenanza sobre la que los vecinos consideraban que había aspectos que "no se han aplicado en 30 años" y que la nueva redacción del documento busca abrir la puerta a la interpretación. Los residentes, sin embargo, no pierden la esperanza: "Quiero mirar adelante porque hay compromiso de todos los grupos de una nueva comisión tras las elecciones y de hacer seguimiento del plan de acción zonal", ha apuntado Gangoso. Un compromiso que también convierte en válida esta comisión, ya que habría quedado sin efecto la próxima semana de no haber tenido continuidad.

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El concejal de Urbanismo ha señalado que la ordenanza partió de "un compromiso con los vecinos" aunque la responsabilidad "no fuera al cien por cien de Urbanismo". Además, ha apuntado que la comisión ha emplazado a empezar a valorar a partir de la próxima semana el plan zonal a nivel técnico.

Reacciones políticas

A la comisión han asistido representantes de los demás grupos municipales. El PSOE ha considerado escasas las sanciones impuestas: "No se han esmerado mucho. Las pocas cifras aportadas han sido verdaderamente alarmantes: solo 118 expedientes y 8 sanciones en todo el mandato de Barcala. Pobres cifras por lo que volvemos a insistir en que se aporte toda la documentación sobre este asunto, ya que me temo que vuelven a hacer lo de siempre en otras comisiones: ocultarnos los datos reales", ha subrayado la edil Llanos Cano.

También Rafa Mas, de Compromís, ha valorado positivamente que "se vayan a poner soluciones a este tema", aunque ha valorado que los informes evidencian que "hay un ruido horrible": "Se vulnera sistemáticamente el derecho de las personas a descansar. Han aumentado las sanciones respecto al año pasado pero no han hecho nada. El gobierno de Barcala ha permitido la vulneración de un derecho fundamental que es el descanso. No podemos permitir que los vecinos pasen un junio, julio y agosto en las mismas circunstancias que ahora".

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Una postura similar a la de Unidas Podemos, en la palabras de su portavoz, Xavier López: "Se debería de haber hecho el plan zonal en seis meses tras la declaración de ZPEA en 2018. Han pasado cinco años y no se ha impulsado. No era necesaria la ordenanza del ruido ni otro tipo de norma para aplicar medidas. Si el plan tenía que estar en seis meses, lo suyo es que lo esté ahora en seis meses tras esta comisión".

Un futuro emplazamiento que está previsto que se produzca el 1 de junio, ya tras los comicios locales.