El 88% de los desahucios programados en Alicante se consigue aplazar

La Conselleria de Vivienda destaca que 50 de los 57 lanzamientos planificados en la ciudad el pasado año se cambiaron de fecha | El Sindicat de Barri de Carolines lamenta que los desalojos no se paralizan, sólo se prorrogan

Vecinos protestan contra el desahucio de un hombre en el barrio del Cementerio de Alicante.

Vecinos protestan contra el desahucio de un hombre en el barrio del Cementerio de Alicante. / ÁXEL ÁLVAREZ

Este jueves, un hombre logró aplazar su desahucio dos semanas tras la presión vecinal. Un caso habitual cuando se trata del primer aviso por desalojo, según datos de la Conselleria de Vivienda, que señalan que 50 de los 57 desahucios (el 87,7%) que fueron programados el pasado año en la ciudad de Alicante se aplazaron de fecha.

Los datos pertenecen a la Unidad de Ayuda en casos de Desalojo (UAD) de la Generalitat, quienes matizan que los desalojos se suelen retrasar gracias al apoyo de abogados y de organizaciones sociales. Sólo en Alicante hay más de un desahucio por semana de media. El servicio de atención de la UAD resalta que en Alicante se concentran el 18% de los casos de toda la Comunidad Valenciana.

Paralizan un desahucio en el barrio del Cementerio de Alicante y lo posponen para dos días después de las elecciones

Áxel Álvarez

Una de estas organizaciones que pelea por paralizar los desahucios es el Sindicat de Barri de Carolines, que consiguió aplazar ayer el desalojo de Ibrahim El-Gharroubi, un vecino del barrio del Cementerio que vive de manera precaria en una vivienda con numerosas deficiencias. Francisco Llopis, portavoz de la asociación, lamenta que, "a pesar de la presión vecinal que se ejerce, los desahucios no se paralizan, sólo se prorrogan más o menos en la mitad de los casos".

"A pesar de la presión vecinal que se ejerce, los desahucios no se paralizan, sólo se prorrogan"

Francisco Llopis

— Sindicat de Barri de Carolines

En el caso del desahucio aplazado esta semana, el de Ibrahim, la fecha ha pasado del 18 de mayo al 30 del mismo mes. Apenas doce días y ya después de las elecciones, lo que no deja mucha esperanza a los activistas: "Probablemente en doce días la situación sea la misma. Es poco probable que en este tiempo encuentre trabajo, regularice su situación y encuentre una vivienda", lamenta Llopis.

Lo que se puede conseguir en se tiempo, asegura, es tiempo para movilizarse: "Daría tiempo para que los servicios municipales y el EVHA (la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo) se coordinasen y activasen los recursos de vivienda que hay para atender a esta familia". El problema, apunta, es que cuando se llega a la situación del desahucio "ya se suelen haber pasado por todos estos pasos".

En resumen, señalan, en la mayoría de segundas citas el aplazamiento suele ser inevitable ya que la situación suele ser "idéntica" pero además se suma la "reticencia de la comisión judicial a conceder otra prórroga", como subraya Llopis.

Manifestación

Este viernes, vecinos y asociaciones antidesahucios se han manifestado frente al Centro Social 2 de Alicante para protestar por el desahucio de una familia que ya había abandonado su casa para no enfrentarse a la escena mediática y policial.

La familia que será desahuciada oficialmente este viernes vive en el barrio de Altozano, en una vivienda propiedad del fondo buitre Intrum Spain Real State SLU. El Sindicat de Barri de Carolines califica este desahucio como "invisible", y señala que será otra familia vulnerable, al ser una mujer y su hija menor de edad las que perderán la vivienda.

Esta familia ha agotado todos los recursos legales disponibles para detener el desahucio, y la asociación antidesahucios señala que ninguna administración ha provisto una alternativa habitacional para la familia. La familia tiene unos ingresos de 880 euros, de una pensión de viudedad y la Renta valenciana de inserción, los que se consideran "suficientes" para la búsqueda de una vivienda en el mercado según la respuesta del Ayuntamiento de Alicante. El Sindicat de Carolines considera que esto es "imposible dados los precios y las condiciones que se exigen en Alicante para alquilar una vivienda".

El pasado 28 de abril, con fecha de desahucio, la mujer afectada entregó en Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) un informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales municipales, tras el cual el EVHA solicitó al Ayuntamiento el decreto de Emergencia Habitacional, del cual no ha recibido respuesta por el momento.

Desde la Generalitat señalan que la Unidad de Ayuda ante Desahucios ahora se regula con el Decreto ley aprobado recientemente por el Consell, por el cual se adoptan medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial en la Comunidad Valenciana agraviadas por la guerra de Ucrania, y para evitar abusos al ámbito inmobiliario. Además, apuntan que con él se han puesto en marcha medidas de fomento de los sistemas de intermediación extrajudicial para la resolución de conflictos en materia de vivienda.