Cara a cara judicial entre el Ayuntamiento de Alicante y el sindicato de la Policía por la carrera profesional

La carrera profesional del Ayuntamiento de Alicante ya está en los juzgados. El Consistorio y el sindicato policial Fesep tuvieron este martes un cara a cara ante la titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, que será ahora la encargada de determinar la legalidad del reglamento impulsado por el gobierno de Luis Barcala para poner en marcha una herramienta que, en la práctica, supone una subida salarial para los funcionarios en función de variables como la antigüedad, el puesto de trabajo, la formación, la participación en logros o el desempeño laboral. «Nuestro objetivo es que se declare nulo por no tener presupuesto y no poder ser ejecutable. Queremos que se anule y que se haga otro con parámetros económicos reales, como ya conseguimos en Benidorm», señaló Luis Santamaría, abogado del sindicato, al término de la vista celebrada en los juzgados de Benalúa, en la que ambas partes han expuesto sus argumentos. Desde el Ayuntamiento, el letrado municipal ha defendido que ya se ha aprobado el reglamento y que se ha activado una comisión técnica para su puesta en marcha.

El TSJ abre la puerta a la subida de sueldo a los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante

Este cara a cara se iba a celebrar el pasado 8 de marzo, pero una huelga judicial aplazó la fecha. Se trata, con todo, del primer proceso judicial al que se someterá la carrera profesional, que todavía no ha entrado en marcha en el Ayuntamiento de Alicante, pese a ser una proceso electoral de Barcala en la cita con las urnas de 2019. Para finales de año está prevista otra vista judicial, en este caso entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno, que en este caso recurrió la partida presupuestaria, de poco más de 200.000 euros, recogida en el Presupuesto municipal de 2022 para empezar a implantar la carrera profesional en el Consistorio alicantino. 

Que la Subdelegación recurriese también a los juzgados para intentar frenar la implantación de la carrera profesional, alegando que es una subida salarial encubierta al margen de los Presupuestos Generales del Estado, no es una sorpresa, ya que fue la fórmula que siguió anteriormente con la Diputación de Alicante. Aunque, en ese caso, sin mucha suerte. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazó recientemente el recurso presentado por la Subdelegación de Gobierno contra la puesta en marcha de la carrera profesional en el Consorcio de Bomberos.