Ya hay fecha para el primer cara a cara judicial por la subida de sueldos en el Ayuntamiento de Alicante

El 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Alicante está citado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 ante la demanda interpuesta por la Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep) contra el reglamento de la carrera profesional, una herramienta que, cuando se ponga en marcha, supondrá en la práctica una subida salarial para los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante.

El sindicato busca tumbar el acuerdo, que no tuvo votos en contra en su aprobación en el Ayuntamiento, por no contener cuantías económicas ni plazos de ejecución, según fuentes conocedoras del proceso. El pasado mes de abril, el sindicato ya ganó una batalla judicial sobre la carrera profesional, esta vez en el Ayuntamiento de Benidorm.

Para finales de año está prevista otra vista judicial, en este caso entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno, que en este caso recurrió la partida presupuestaria, de poco más de 200.000 euros, recogida en el Presupuesto municipal para empezar a implantar la carrera profesional en el Consistorio alicantino, donde los funcionarios no esperan las primeras cantidades, como pronto, para 2023, año electoral. La implantación de la carrera profesional fue una de las promesas que el alcalde, Luis Barcala, a las que se comprometió por escrito en la previa de las pasadas elecciones municipales de mayo de 2019.

La mejora salarial de los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante: con secretos de Barcala y sin avances con los pagos

Unas tres horas de reunión suelen dar para mucho, salvo para informar a los representantes de los sindicatos de un asunto capital: que la Subdelegación del Gobierno había llevado a los tribunales la partida incluida en el Presupuesto municipal de 2022, que ronda los 200.000 euros, para poner en marcha la carrera profesional en el Ayuntamiento de Alicante. El alcalde no informó hace dos semanas de la decisión tomada por la Subdelegación que dirige Araceli Poblador durante su participación en una reunión que se prolongó unas tres horas y a la que se sumó a los pocos minutos de su inicio. En el arranque, estuvo al frente el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, que tampoco compartió una información que había llegado días atrás al Ayuntamiento.

Que la Subdelegación haya acudido a los juzgados para intentar frenar la implantación de la carrera profesional, alegando que es una subida salarial encubierta al margen de los Presupuestos Generales del Estado, no es una sorpresa, ya que fue la fórmula que ha seguido anteriormente con la Diputación de Alicante. Aunque, en ese caso, sin mucha suerte. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado recientemente el recurso presentado por la Subdelegación de Gobierno contra la puesta en marcha de la carrera profesional en el Consorcio de Bomberos.

La carrera profesional supondrá, cuando se active, un aumento en el sueldo de los funcionarios municipales por cuestiones como la antigüedad, el puesto de trabajo, la formación, la participación en logros o el desempeño laboral, que en un primer momento se llegó a cifrar en hasta 900 euros mensuales en la nómina de los empleados de mayor rango y de casi 400 euros para los de un escalafón más bajo.

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