Barcala pide tiempo a la Justicia para negociar la indemnización a la empresa excluida del concurso de Zonas Verdes de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante sigue buscando la forma de compensar a la empresa a la que excluyó indebidamente (según la Justicia) del concurso por la contrata de Zonas Verdes. El gobierno del popular Luis Barcala y la mercantil perjudicada, Geamur, se reúnen para tratar de alcanzar un acuerdo pero piden, junto con STV (la otra implicada), más tiempo.

Barcala prefiere indemnizar en vez de ejecutar la sentencia sobre el mantenimiento de las zonas verdes de Alicante

El concejal de Medio Ambiente y portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Villar, ha señalado este martes, al término de la Junta de Gobierno, que el ejecutivo local ya se ha reunido con Geamur para abordar la solución al conflicto judicial. Como consecuencia del encuentro, ambas partes han iniciado una negociación sobre la mejor forma de cumplir con lo dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y ratificado por el Tribunal Supremo.

En este sentido, Villar ha señalado que "en la empresa son conscientes de que [asumir ahora el servicio] podría ser un fruto envenenado", por lo que se está trabajando en "intentar llegar a un punto de acuerdo" pero que, de no alcanzarlo, "será el tribunal el que tenga que decidir".

Esa decisión del TSJ es precisamente la que tanto el Ayuntamiento como las empresas implicadas buscan demorar, para ganar tiempo en las negociaciones. Por ello, los tres implicados en el caso de la gestión de Zonas Verdes en Alicante han remitido un escrito al tribunal. En él, piden a los magistrados que amplíen durante sesenta días el plazo para alegar a la propuesta del Ayuntamiento, en la que se planteaba indemnizar a la empresa damnificada en vez de reiniciar la adjudicación del servicio.

La estrategia del Ayuntamiento con la contrata de zonas verdes podría costar casi 3 millones más

Este conflicto tiene lugar después de que el Tribunal Supremo diese la razón a los representantes de Geamur, que denunciaron su exclusión del citado concurso público por "baja temeraria" dado que su propuesta era en torno a un millón de euros más barata que la de STV Gestión, que finalmente se hizo con el contrato.

Tras un periplo judicial de varios años, la Justicia terminó rechazando los recursos del Ayuntamiento y de STV y poniendo punto final al asunto al asegurar que Geamur no tendría que haber sido apartada del proceso, por lo que se imponía al gobierno municipal la obligación de reiniciar la adjudicación de la contrata.

Ante la "imposibilidad material" de cumplir con la sentencia, según el ejecutivo de Barcala, se propuso al TSJ sustituir el reinicio del concurso por una indemnización a la compañía apartada. Un "sobrecoste" que, de acuerdo con los expertos, podría situarse en torno a tres millones de euros.

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