El gobierno de Barcala rechaza la compra del asilo de Benalúa y la cesión de La Británica en su estado actual

Acuerdo en el desacuerdo. Este jueves, último día de mes, el Ayuntamiento de Alicante celebró el pleno ordinario de febrero, una sesión en la que la falta de consenso ha marcado una cita en la que la unanimidad en las decisiones se ha producido exclusivamente en propuestas contadas, como en la planteada para que la Corporación mostrara su rechazo a la instalación de macrodepósitos en el puerto de Alicante. El equipo de gobierno además ha aprovechado la sesión para manifestar su disconformidad con propuestas planteadas por la izquierda, como la compra del asilo de Benalúa para instalar un centro social en el barrio o el rechazo a aceptar la cesión de La Británica por parte del Estado en las condiciones —tanto legales como ambientales— en las que se encuentra actualmente la histórica instalación industrial. 

Al inicio del pleno, los concejales han guardado un minuto por las mujeres víctimas de violencia de género que en el último mes han sido asesinadas. Asimismo, la Corporación municipal al completo ha hecho constar su dolor por las víctimas mortales del incendio ocurrido en un edificio en el barrio de Campanar, en València, la pasada semana. El consenso de los grupos políticos que componen el Pleno no ha ido mucho más allá de estos primeros puntos y ha dejado entrever en el debate del resto de iniciativas la postura del gobierno de Barcala sobre ciertas cuestiones relevantes para el futuro de la ciudad. Entre ellas, la cesión de las instalaciones de La Británica, un trámite paralizado desde hace casi 600 días por el Ayuntamiento y que ahora, rechaza recibir por parte del Estado por las condiciones en las que supuestamente se encuentra el espacio. 

Ha sido el grupo municipal de Compromís el que ha planteado una pregunta en Pleno acerca de cuándo el Ayuntamiento de Alicante remitirá la documentación exigida por el Gobierno Central para lograr la cesión definitiva de la titularidad de La Británica. Una pregunta que hace referencia al estado de la tramitación por parte de Patrimonio del Estado para ceder la antigua refinería a la ciudad, a los requerimientos que ha recibido la Administración del Estado del Ayuntamiento y sobre la fecha en la que se prevé hacer efectiva la cesión.

A la pregunta, la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ha aclarado que el gobierno ya habría remitido al Gobierno toda la documentación exigida —aunque sin concretar qué— y que con esto «dejan constancia de que este gobierno está interesado en la cesión». Pese a ello, de todos los pasos descritos por la concejala, ninguno es el que aguarda el Ministerio de Hacienda, que espera que el Ayuntamiento realice el trámite patrimonial para certificar la cesión de los terrenos. Sobre este, nada se ha dicho. Gómez sí que ha aprovechado su intervención para poner en duda la «salubridad» de las instalaciones de la Británica. «No aceptaremos un bien que no es seguro, ¿o acaso quieren que asumamos una trampa? Este equipo de gobierno quiere recuperar la Británica, pero lo haremos con financiación y cuando el Estado garantice las condiciones de salubridad», aclara Gómez, haciendo alusión a un informe de la Universidad de Alicante de 2017 en el que se aseguraba la presencia de «material radiactivo como gas radón». 

En apoyo de Gómez ha salido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha indicado que el Consistorio «no puede aceptar ni del Gobierno ni de nadie que nos transmita un bien que no esté bien definido en el registro de la propiedad». «Nosotros les pedimos que pongan en orden su patrimonio y que después ya lo aceptaremos», ha agregado. Asimismo, Barcala ha hecho alusión a la situación de La Británica «por dentro» y sobre la que considera que el Estado «tiene una obligación de descontaminar este tipo de instalaciones para entregarlo en condiciones, no debemos ser nosotros los que lo hagamos», apunta el alcalde.

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Asilo de Benalúa

El gobierno de Barcala no solo ha puesto trabas durante este Pleno a la cesión de La Británica, también ha rechazado, a su manera y en forma de abstención, la declaración institucional con la que Compromís y Esquerra Unida-Podemos solicitaban buscar fórmulas para la adquisición del antiguo asilo de Benalúa, propiedad de la Diócesis Orihuela-Alicante, para destinarlo a su uso público. La propuesta buscaba instar tanto a Ayuntamiento de Alicante como a la Generalitat a que estudiasen las fórmulas posibles para adquirir el inmueble y dotarlo de un uso que satisfaga al vecindario de la zona, muy necesitados de dependencias públicas. 

A esta declaración se le ha sumado el respaldo de la asociación vecinal El Templete de Benalúa, representada por su presidente, Ernest Gil. «El Ayuntamiento y la Generalitat deben cooperar para que el asilo de Benalúa sea parte del patrimonio de la ciudad y que en sus instalaciones puedan convivir diferentes disciplinas», ha apuntado Gil. 

Tras su intervención, ha sido el turno de uno de los proponentes, Rafa Mas, portavoz de Compromís, que ha señalado que es necesario que «la Iglesia deje de especular con este inmueble, hay que convenir con la Generalitat para que su adquisición sea una realidad». La otra parte, el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha asegurado que «con Benalúa hay una deuda histórica y esta podría ser la solución». «Solo pedimos que se estudie su adquisición porque podría convertirse en un lugar emblemático», ha añadido. La iniciativa ha contado con el apoyo del grupo socialista. El concejal Raúl Ruiz ha indicado que este momento es «una oportunidad» y que el equipo de gobierno «debe actuar para que este espacio sea un activo que ayude a la atención social y cultural de los vecinos de Benalúa». La declaración institucional, aunque con reticencias, también ha contado con el apoyo de Vox. «Creemos que Benalúa y Alicante necesitan la creación de más centros de día y el asilo sería una buena instalación», ha asegurado el portavoz adjunto de la formación ultra, Mario Ortolá. 

Sin embargo, las buenas intenciones han caído en saco roto con el anuncio del PP de abstenerse en este punto. Las razones que ha aportado el equipo de gobierno para no respaldar la propuesta las ha dado la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien ha señalado que parece que «ahora es la oposición la que le busca compradores al Obispado». «En Benalúa disponemos de espacios municipales que trataremos de poner en orden para que puedan tener un uso por parte de los vecinos, creo que ellos ya son conscientes de que esto es una realidad», ha asegurado Gómez, sin más concreción.

Pese a la falta de apoyo a esta iniciativa por parte del Partido Popular, la declaración institucional ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, Compromís, Esquerra Unida-Podemos y Vox. 

Macrodepósitos

El consenso ha llegado casi al final de la sesión plenaria, pero finalmente se ha impuesto. Ha sido el rechazo a los macrodepósitos el que ha vuelto a unir a la Corporación después de que Compromís volviera a presentar una declaración institucional para que todas las fuerzas municipales mostrasen su rechazo al polémico proyecto en el puerto de Alicante, que se ha aprobado por unanimidad. La declaración insta a la Generalitat y el Gobierno a mostrar su rechazo a la instalación y a buscar los mecanismos legales para impedirla de forma firme. 

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha urgido al Pleno a reactivar comisión municipal Puerto-Ciudad para dialogar sobre la integración del Puerto. «El PP está titubeando ante un asunto que parecía tener anteriormente claro. Esta iniciativa la debería presentar el alcalde, como ya se hizo en 1995, y no la oposición. Necesitamos un nuevo convenio», ha aclarado el portavoz de Compromís. 

Tras la intervención de todos los grupos, que se han mostrado favorables a esta propuesta, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha tomado la palabra y ha querido remarcar su posición: «Lo diré por enésima vez: ‘no’ a los macrodepósitos». Barcala ha acusado a Mas de cómplice con la situación actual porque «Compromís en el Botànic se lavó las manos y no dijo que no hacían falta informe de impacto ambiental», ha apuntado. Además, el alcalde ha asegurado que su equipo de gobierno está «trabajando» en una estrategia acerca de su línea de actuación respecto a los macrodepósitos. «Nuestra postura, y la de la Generalitat, está condicionada por la sentencia del TSJ de la que estamos pendientes. Nosotros estamos trabajando en este tema, pero nunca recibimos ayuda suya cuando estaban en conselleria», ha indicado Barcala. 

Sin consenso por el 8M

Dos declaraciones instituciones diferentes con motivo del 8M y ningún consenso. Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante no ha alcanzado, como viene siendo habitual en los últimos años, un consenso para sacar adelante una declaración institucional conjunta por el Día de la Mujer. 

En primer lugar, ha tenido lugar la lectura de la propuesta de declaración institucional que han trasladado las fuerzas de izquierdas, en la que se solicitaba, entre otras cuestiones, la recuperación de la Concejalía de Igualdad, la derogación de la polémica Ordenanza de Convivencia Cívica o que el Ayuntamiento no financie actividades ni colabore con entidades cuya finalidad sea mermar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Tras ella, era el turno de la declaración institucional del Partido Popular con motivo del 8 de marzo. La propuesta, que se basa en el documento base impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), llegaba a defender el «impulso de manera eficaz del protagonismo imprescindible de la mujer en el mundo rural» o «construir una sociedad igualitaria» y también «acabar con la brecha de género existente en algunos entornos laborales».

Finalmente, ambas propuestas han sido rechazadas, la primera por los votos en contra de PP y Vox y la segunda por PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos y Vox, que ha votado en contra de ambas propuestas. Al final, Alicante celebrará el 8M sin una declaración respaldada por la mayoría del Pleno. 

Bienestar Social

Uno de los momentos más tensos del pleno se ha vivido durante la intervención de la concejala de Bienestar Social, Begoña León, que ha comparecido a petición del PSOE para que diera cuenta de diferentes cuestiones referentes a su área como los desahucios o la falta de vivienda pública. Antes de la intervención de la responsable de Bienestar Social, ha sido el turno de intervención de la concejala socialista Silvia Castell, que ha señalado que «las personas desahuciadas en la ciudad se enfrentan a un mercado de alquiler sin oportunidades» y ha pedido explicaciones sobre la falta de vivienda social «porque hay 92 familias en lista de espera en Alicante», según el gobierno. 

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha empleado su intervención para lamenta la generación de «una ciudad en la que se pone la alfombra roja a los turistas y se machaca a las personas que necesitan una vivienda». Además, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha recordado a la responsable de Bienestar Social que su área «devolvió más de tres millones de euros en ayudas a la Generalitat Valenciana». 

El turno de intervención de la concejala Begoña León ha encendido la sesión y ha puesto además de pie al público presente en el salón contiguo, que ha abucheado sus palabras. Todo ello, cuando León, por ejemplo, ha señalado que la responsabilidad de la gestión de alternativa habitacional es «responsabilidad de la Generalitat», ahora en manos de PP yVox. «Actualmente, la EVHA, que corresponde a la Conselleria de Servicios Sociales, es la que lleva el registro de familias en situación de emergencia habitacional que hace seis meses estaba gobernada por el Botànic. Es competencia pública y no local dar una vivienda a una familia», ha asegurado León. 

En la sala, en la que se encontraban miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, la madre de la familia desahuciada en enero con dos menores, Isabel López, ha apuntado que «es mentira lo que está diciendo». «A mis hijos no se les ha ayudado, no hay ningún seguimiento a mi familia y no se han enterado de nada porque no han querido enterarse. La única solución que me dan es que entregue a mis hijas a los servicios sociales», ha señalado López, que se negó a abandonar el hostal cuando el Ayuntamiento dejó de financiar el alojamiento ante la falta de recurso habitacional.