El gobierno de Barcala estudia aumentar la oferta a Geamur para evitar reiniciar el contrato de Zonas Verdes

"Tenemos posturas muy alejadas". Así lo ha reconocido este martes el vicealcalde de Alicante y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, tras la primera reunión con los responsables de Geamur, la compañía que fue excluida (indebidamente, según el Tribunal Superior de Justicia) del contrato de Zonas Verdes de Alicante. Para no cumplir la sentencia, que obligaba a "rebobinar" la adjudicación hasta el momento en que la mercantil fue apartada del proceso, el gobierno de Barcala planteaba la opción de indemnizar a la compañía perjudicada. Sin embargo, su oferta distaba considerablemente de lo esperado por Geamur, por lo que el primer encuentro entre las partes se zanjó sin acuerdo. Ahora, con el plazo cada vez más cerca de expirar, Villar confía en "acercar posturas" antes de que el TSJ vuelva a pronunciarse, algo que está previsto que suceda a mediados de abril.

La cita tuvo lugar la pasada semana, cuando según ha podido saber INFORMACIÓN el gobierno local ofreció una compensación económica muy por debajo del 6% del importe del contrato que la compañía consideraba razonable, una cantidad que se corresponde con el "lucro cesante" que diferentes tribunales han aplicado en sentencias de casos de contratación pública similares. Como consecuencia de la disparidad de las propuestas, la reunión concluyó sin posibilidad de acuerdo entre el Ayuntamiento y los responsables de Geamur.

Barcala prefiere indemnizar en vez de ejecutar la sentencia sobre el mantenimiento de las zonas verdes de Alicante

Ahora, una semana después del encuentro, el vicealcalde Villar afirma que "parecía lógico que en la primera reunión no llegásemos a un acuerdo dadas las premisas con las que acudíamos" y reconoce que "las posturas ahora mismo están muy alejadas" aunque el equipo de gobierno "no pierde la esperanza de poder acercarlas en un futuro a corto plazo". De lo contrario, el concejal popular asume que "tendrá que ser el TSJ el que dilucide".

Antecedentes

Una negociación que se produce, precisamente, después de una decisión del TSJ (ratificada posteriormente por el Supremo) en la que el tribunal autonómico consideró que Geamur había sido excluida indebidamente del concurso. Como consecuencia, el TSJ imponía al Ayuntamiento la obligación de reiniciar la adjudicación, actualmente gestionada por STV, haciendo que Geamur (que había sido descartada por "baja temeraria") vuelva a asumir la gestión de las Zonas Verdes. Ante la "imposibilidad material de ejecutar la sentencia", el gobierno de Barcala propuso al TSJ sustituir el cambio de responsable del servicio por una indemnización a la perjudicada, una negociación para la que la Justicia concedió sesenta días, un plazo que expira a mediados de abril.

Por ello, si el Ayuntamiento y Geamur no consiguen "acercar posturas", será de nuevo el TSJ el que deba dilucidar de qué manera se compensa la exclusión indebida de la mercantil del contrato de gestión de Zonas Verdes.

Casi tres millones de euros

La solución del Ayuntamiento alicantino para no reiniciar el contrato podría terminar suponiendo a las arcas públicas un sobrecoste cercano a los tres millones de euros. Según expertos jurídicos consultados por INFORMACIÓN, serían dos los perjuicios económicos que el gobierno local tendría que sufragar. Por un lado, la cantidad que se ha abonado de más durante estos años por la diferencia de precio entre ambas ofertas: en concreto, 993.931 (IVA incluido) a los que habría que sumar otros 331.310 por cada año de prórroga del contrato, uno por el momento.

A estas cantidades se añadiría también la indemnización a Geamur que solicita el ejecutivo de Barcala. Pese a que el documento remitido por el Ayuntamiento no incluye una propuesta económica, los expertos apuntan que la cantidad a abonar sería el 6% del beneficio anual, la que aplican mayoritariamente los tribunales en estos casos. De acuerdo con el presupuesto de licitación y las correspondientes ampliaciones, este importe ascendería hasta 1.325.693 euros, a los que habría que añadir un 21% de impuestos. En total, más de 2,7 millones.