La Seguridad Social es incapaz de controlar 27.000 bajas laborales en Alicante por falta de médicos inspectores

Los médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que valoran, entre otras cosas, si los pacientes continúan o no de baja médica, se ven obligados a decidir sobre la marcha en una única consulta con tiempo y datos que consideran insuficientes si emiten o no el alta a un paciente. Esto sucede, afirman, desde que en mayo de 2023 desaparecieran los equipos de valoración o tribunales médicos, donde el inspector médico valoraba a los pacientes a partir del año de baja y emitía un informe proponiendo alta, prórroga o incapacidad.

Hasta la citada reforma legislativa, un órgano colegiado (equipo de valoración de incapacidades formado por inspectores médicos del INSS y del Servicio Público de Salud, un inspector de Trabajo, un subdirector de prestaciones del INSS y un secretario- letrado y funcionarios del INSS) decidía en relación a la profesión y otros datos administrativos si prolongar la baja, pasar la valoración de incapacidad laboral a permanente o gran invalidez, o darle de alta para retornar a su trabajo; o jubilar al paciente por enfermedad, bajo resolución de un director provincial.

La causa de este cambio fueron "ajustes económicos como consecuencia en un incremento del gasto derivado de las prestaciones de incapacidad laboral», según médicos inspectores, desde entonces en pie de guerra.

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Desbordados

Actualmente, estos profesionales se sienten desbordados e incapaces, "por el déficit de plantilla", de llevar el control de las más de 27.000 bajas laborales por incapacidad temporal de menos de un año que hay en este momento en la provincia de Alicante. "Es donde más control debería haber pero el volumen es brutal y en gran parte es un trabajo que no podemos hacer". Estas son las que emite el médico de cabecera y siguen las mutuas, pero deben controlarlas los médicos inspectores.

Médicos del INSS critican que tienen que decidir sobre el alta de pacientes con datos insuficientes

A esta cifra se suman otros 4.700 expedientes de incapacidad temporal de trabajadores que llevan de baja entre 12 y 18 meses, es decir, bajas de larga duración, que quedaron bajo la competencia exclusiva, y por tanto, bajo la tutela, de la inspección médica del INSS desde que se produjo el cambio legislativo. Así como 800 nuevas peticiones de incapacidad laboral en situación de espera (200 de ellas con cita) y otros 1.400 en tramitación.

Más expedientes al año

"Si no hay control de la incapacidad temporal de menos de un año más expedientes superarán los 365 días; y si no hay instrumentos para poder valorar como toca la incapacidad entre 12 y 18 meses (365 y 545 días) aumentarán los expedientes que llegan a incapacidad permanente que están atascados", explican médicos inspectores. Un atasco que, con la suma total, afecta a casi 34.000 alicantinos y que amenaza con que "el sistema pueda colapsar".

El cambio legislativo que causó "una falta de independencia" para dar las altas, según el sindicato UGT, llevó al colectivo a ir a la huelga en septiembre de 2023 y en enero de 2024. Ahora UGT formula una nueva convocatoria en distintas jornadas desde ahora hasta el verano (25 de marzo, 29 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 22 de julio), que desembocará en un paro indefinido "de no producirse un acuerdo que venga a remediar la crítica situación" por la que atraviesa este colectivo.

No depender del INSS

Los médicos inspectores reclaman, entre otras cosas, dejan de depender del mismo organismo que ha de pagar las prestaciones mientras ellos resuelven. Porque forman parte de la plantilla de la Seguridad Social y deben decidir que sea el INSS quien pague (o no) una pensión a los trabajadores que solicitan una incapacidad laboral. Es decir, quien paga las nóminas de estos médicos es quien abonará las pensiones a quienes ellos decidan que así sea», explican los sindicatos, que denuncian «presiones» para dar el alta.

Sin embargo, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han explicado este jueves que están manteniendo un diálogo constante con este colectivo, que en las últimas convocatorias de Ofertas de Empleo Público ha tenido un refuerzo extraordinario (115 en la OEP de 2022 y 115 en la OEP de 2023) para una plantilla que a finales de 2022 no llegaba a 500 en todo el país, "cuyas nuevas tareas obedecen una mejora en la organización".

Una provincia infradotada

Según los datos que manejan los médicos inspectores, la provincia de Alicante cuenta con 19 facultativos que se dedican a esta tarea siendo la cuarta del país en población activa. "En Valencia son 46. Históricamente la de Alicante es una plantilla muy deficitaria en médicos inspectores, algo que se lleva muchos años reclamando".

Porque, según indican, no solo han de controlar la incapacidad temporal y las permanentes, sino a los pensionistas, la valoración de orfandad, convenios internacionales, rcaídas, reclamaciones de altas a las mutuas, etc..."Si en general en España se aumentasen las plantillas médicas y los de control de la incapacidad temporal disminuiría el gasto".

El sindicato UGT afirma que el aumento del gasto en incapacidad temporal ha llevado a la Administración a tomar medidas "netamente economicistas que se han traducido en una pérdida de derechos de la ciudadanía y en un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los médicos, actualmente bajo presión".

De ahí los miles de expedientes atascados para un colectivo de médicos que reclaman "poder reconocer a los pacientes presencialmente en unas mínimas condiciones que a fecha actual no se dan".

Conflictividad

En este sentido, señalan que, con el cambio legislativo, tienen que decidir al mismo tiempo con los mismos datos sobre el futuro laboral de un paciente cuando antes lo hacía un órgano colegiado, por lo que "ante la duda, se protege al ciudadano y se aumenta el tiempo de baja, con lo que al llegar al año y medio se inicia el expediente de incapacidad permanente".

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Asimismo, también refieren que como el resto del colectivo médico sufren las consecuencias de la conflictividad en las consultas, con agresiones verbales y físicas; y critican que en Alicante no se ha hecho el estudio de riesgo psicosocial que sí se ha realizado en otras unidades por lo que no se están tomando medidas de protección ni aplicando la Ley de Riesgos Laborales.