La supresión de los tribunales médicos retrasa cerca de 4.000 expedientes de incapacidad laboral

Los tribunales médicos desaparecieron hace diez meses. Ahora ya no es un equipo multidisciplinar el que decide el futuro laboral de una persona que no puede trabajar por problemas de salud durante más de un año. Ahora es una única persona la que valora, decide y gestiona. Se trata de los inspectores médicos que protestan desde el primer día por este cambio (que entró en vigor el 17 de mayo de 2023) y anuncian nuevas movilizaciones. El trabajo se ha duplicado y los expedientes se acumulan. 

En València hay más de 3.000 expedientes de incapacidad laboral pendientes, según fuentes de UGT. Esos expedientes, además, afectan a personas de València, Castellón y Ciudad Real, ya que «la Dirección General distribuye expedientes entre la plantilla pero sin tener en cuenta que esto provoca que muchos pacientes no puedan acudir a visitas presenciales».

Más de 800 en Alicante

En Alicante son más de 800 los que se encuentran en la misma situación de espera aunque unos 200 ya cuentan con cita asignada. En total, hay más de 105.000 expedientes bloqueados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social de los que cerca de 4.000 son de la Comunidad Valenciana.

Desde el mes de mayo ya no es un equipo multidisciplinar el que decide si una persona que lleve más de un año de baja por enfermedad debe continuar en esa situación, pasar la valoración de incapacidad laboral, permanente o gran invalidez, o darle de alta para retornar a su trabajo. Ahora lo decide una única persona. Este cambio responde a ajustes económicos «como consecuencia en un incremento del gasto derivado de las prestaciones de incapacidad laboral», lo que puso en pie de guerra a los inspectores médicos. 

Las pensiones: peticiones, concesiones y cuantías

La más solicitada: Incapacidad total (869 euros al mes, de media)

La más demandada es la de «incapacidad total» que es la que reconoce la falta de capacidad de la persona para realizar su trabajo habitual. Implica cobrar una pensión media de 869,39 euros. Esta pensión es compatible con otro empleo.

La más concedida: Incapacidad absoluta (1.274 euros, de media)

La pensión de incapacidad más numerosa es la «absoluta». Es decir, la persona no puede trabajar en ningún sector y cobra una pensión media de 1.274,28 euros al mes.

La que tienen muy pocos: Gran invalidez (2.250 euros al mes, de media)

Es para quien no puede valerse por sí mismo. La retribución es de mayor cuantía (la media es de 2.250,13 euros) ya que incluye un complemento destinado a pagar al cuidador.

Además, esos mismos inspectores médicos forman parte de la plantilla de la Seguridad Social y deben decidir que sea el INSS quien pague (o no) una pensión a los trabajadores que solicitan una incapacidad laboral. «Es decir, quien paga sus nóminas es quien pagará las pensiones a quienes ellos decidan que así sea», explican las mismas fuentes sindicales. 

De hecho, denuncian «presiones» para dar el alta cuantos más expedientes, mejor. Es más, reconocen que hay bonificaciones por hacerlo. Pero la suya no es una reivindicación salarial. «Los médicos reivindican que los casos de mayor complejidad puedan ser resueltos de modo multidisciplinar y no exclusivamente por un único médicos evaluador. Reclaman medios y condiciones de seguridad en las consultas, así como pasar a depender de la Secretaría de Estado para trabajar con independencia. Además, exigen la correcta clasificación de sus puestos de trabajo», explican desde UGT.

Cinco jornadas de huelga

Tras el fracaso en las negociaciones, UGT convoca una nueva jornada de huelga para el 25 de marzo «y en previsión de que la administración continúe sin dar respuesta, también los días 29 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 22 de julio. Y no descartamos la huelga indefinida», explica. 

Los inspectores, además, exigen un aumento de las plantillas. En Alicante hay 21 médicos inspectores, en València hay 50 y en Castellón, 7. Las plantillas están desbordadas de trabajo, ya que, además de tramitar, valorar y gestionar las solicitudes de incapacidades laborales también son el único mecanismo de control de las bajas médicas (incapacidades temporales) de larga duración, es decir, aquellas que están entre los 12 y los 18 meses. Y ahí, de nuevo, hay atasco. 

«Además de otras muchas funciones también controlamos las bajas, es decir, las incapacidades temporales. Con el cambio legislativo quedan bajo nuestra tutela las bajas de entre 12 y 18 meses, y en este apartado, solo en Alicante, sumamos más de 4.700 expedientes de bajas de larga duración. Además, hay un déficit de plantilla tan grande que no podemos atender las bajas de menos de un año, que es donde más control debería haber pero el volumen es brutal: 27.000 expedientes sin personal para controlarlo», explican desde la inspección médica de UGT. 

La jornada de huelga ya está convocada para la semana que viene con servicios mínimos, en aras de reanudar la negociación y conseguir un acuerdo.

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