Nómina, contrato y vida laboral: los nuevos requisitos para visitar un piso de alquiler en Alicante

En la provincia de Alicante, encontrar una vivienda en alquiler se ha convertido en una tarea cada vez más compleja y desalentadora para muchas personas. En medio de la creciente dificultad para acceder a la vivienda en la provincia, los aspirantes a alquilar un piso se enfrentan a una nueva barrera: las inmobiliarias están elevando sus requisitos, exigiendo a los interesados una serie de documentos antes de permitirles siquiera visitar una propiedad. Esta práctica, que se ha vuelto cada vez más común, está generando preocupación entre los interesados en alquilar una vivienda que se preguntan cuáles son los límites legales de esta exigencia.

En un mercado donde la competencia por los alquileres más económicos es feroz, las inmobiliarias están aplicando una práctica cada vez más común: antes de permitir una visita, solicitan una serie de documentos para evaluar la solvencia del futuro inquilino. Contratos laborales, nóminas y vida laboral se suman a la lista de requisitos que las inmobiliarias solicitan a los potenciales inquilino. Este proceso, que se asemeja a una verdadera odisea burocrática, está transformando la búsqueda de vivienda en una tarea aún más complicada y engorrosa para quienes buscan un techo en la provincia.

Con ellos las inmobiliarias realizan un perfil del inquilino y descartan a aquellos que no sean de su interés o que no cumplan los requisitos adecuados. La presidenta de API en Alicante, Marifé Esteso, justifica esta práctica como una medida necesaria para garantizar la eficiencia en el proceso de selección de inquilinos. "En un mercado tan competitivo como el actual, es crucial asegurarse de que los posibles inquilinos cumplan con los requisitos de solvencia necesarios para mantener los contratos de alquiler. Pedir documentación detallada antes de concertar una visita nos permite filtrar a los candidatos y garantizar que solo aquellos que realmente puedan cumplir con sus obligaciones accedan a las propiedades", aclara Esteso.

Sin embargo, Marifé Esteso reconoce que esta práctica puede resultar intimidante para algunos posibles inquilinos y enfatiza la importancia de encontrar un equilibrio entre la protección de los intereses del propietario y la accesibilidad al mercado de alquiler. "Entiendo que pueda resultar desalentador para algunos tener que proporcionar tanta documentación antes de siquiera ver una propiedad. Pero en un mercado tan competitivo, los propietarios necesitan garantías de que sus inquilinos podrán cumplir con sus obligaciones financieras y los profesionales no podemos estar para pasear a la gente, si no reúnes las condiciones es mejor saberlo cuanto antes para no perder el tiempo", apunta la presidenta de API.

Solo dos pisos en alquiler por debajo de 600 euros en Alicante

Por su parte, Julián de la Peña, presidente de INMOADAL y miembro de ASICVAL, comparte la necesidad que tiene el sector de filtrar a los posibles inquilinos pero señala que debe existir un equilibrio entre la protección de los intereses del propietario y la accesibilidad al mercado de alquiler. "Aunque no es nuestra práctica habitual, es evidente que cada vez más oficinas están adoptando esta estrategia porque la cantidad de solicitudes que recibimos, especialmente para los pisos más económicos, es abrumadora. Por ejemplo, esta semana en dos días hemos recibido más de 60 solicitudes en dos días por un piso de alquiler por 600 euros", indica de la Peña.

En un mercado tan diverso como el de Alicante, los precios de los alquileres varían significativamente según la zona. Desde Benidorm hasta Orihuela, la provincia ofrece una amplia gama de opciones, desde pisos modestos hasta lujosas residencias. En Alicante, los precios oscilan entre 450 y 500 euros en la zona de Juan XXIII hasta los 40.000 en Playa San Juan. En Benidorm, los alquileres van desde los 650 euros en Pueblo Levante hasta los 12.000 euros en la Sierra Helada. Por su parte, en Elche, los precios más bajos se encuentran entre 450 y 500 euros en Carrús Oeste, mientras que los más altos alcanzan los 4.500 euros en Arenales del Sol.

En Torrevieja, los alquileres parten de los 450 euros en Parque de las Naciones o Avenida Habaneras y pueden llegar hasta los 6.000 euros en Los Balcones. Por otro lado, en Orihuela, los precios más bajos se sitúan alrededor de los 400 euros en Campoamor, mientras que en Colinas Golf se pueden alcanzar los 15.000 euros. En Alcoy, los alquileres oscilan entre los 300 y 1.500 euros en la Zona Alta. En Elda, los precios varían desde los 400 euros cerca de la Plaza de Toros hasta los 1.100 euros en el centro y en Denia, los alquileres parten de los 300 euros en la zona de la Pedrera-Vessanes y pueden alcanzar hasta los 17.000 euros en l'Almadrava.

Esta disparidad refleja la diversidad económica de la provincia y la dificultad que enfrentan muchos para acceder a una vivienda digna. "Publicamos todos los detalles de las propiedades, pero la mayoría de los interesados no leen las condiciones o no las comprenden y cuando llegamos a ver la vivienda nos encontramos muchas veces con personas que no cumplen las condiciones y hemos hecho que un agente vaya hasta allí para nada o con personas que nos presentan contratos y nóminas falsas modificadas con herramientas de edición", explica el presidente de INMOADAL y miembro de ASICVAL.

"Como resultado, muchos propietarios están optando por contratar seguros de impago para protegerse porque desean tener garantías sobre los ingresos de los inquilinos y su estabilidad laboral, algo similar a lo que haría un banco al otorgar un crédito. Aunque pueda parecer invasivo solicitar tanta documentación al posible inquilino, al final del día, se trata de proteger los intereses de todas las partes involucradas en el contrato de alquiler", asegura de la Peña.

Implicaciones legales

Sin embargo, estas nuevas prácticas pueden suponer posibles infracciones en materia de protección de datos. Rubén Martínez, profesor de Derecho Administrativo y delegado de Protección de Datos en la Universidad de Alicante, de que "estas exigencias podrían limitar la capacidad de elección de los potenciales inquilinos y vulnerar sus derechos fundamentales", ya que, con tantas trabas, "se podría estar vulnerando el acceso libre a la vivienda como garantiza la constitución española y se estaría invalidando el consentimiento de manera inequívoca. Si algún consumidor va a la agencia de protección de datos y dice que si no facilita esa información no ve el piso se le podría caer el pelo a la agencia inmobiliaria y se podría sancionar".

Rubén Martínez destaca la importancia de informar adecuadamente a los interesados sobre el uso que se dará a sus datos personales y la necesidad de garantizar la seguridad y privacidad de dicha información. "La vida laboral, el DNI o el contrato de trabajo son documentos muy sensibles cuyo tratamiento requiere que las inmobiliarias cuenten con una base de datos con garantías, por ejemplo, si en la vida laboral aparece que he estado de baja durante seis meses y me obligan a explicarlo tendré que decir que fue porque me rompí un pie, eso son datos médicos, y son muy sensibles", subraya el profesor de Derecho Administrativo.

Además, Rubén Martínez señala las complejidades en el tratamiento de datos cuando hay terceros involucrados, como cuando se emplean formularios de Google como cauces para entregar esta información a las inmobiliarias. "El tipo de canal tiene otras implicaciones porque, aunque la inmobiliaria sea responsable del tratamiento, Google puede almacenar los datos. Hay muchas empresas que no comprenden la seriedad del tema, lo que puede llevar a sanciones económicas considerables, que pueden suponer varios millones de euros".

Martínez advierte que este tipo de datos también puede emplearse para realizar un perfilado de los clientes mediante inteligencia artificial. "El perfilado está prohibido si se realiza mediante inteligencia artificial según el reglamento de protección de datos y el reglamento de IA de la Unión Europea". Esta técnica, utilizada comúnmente en la evaluación de candidatos para alquileres, puede conducir a discriminaciones injustas y violaciones de los derechos de igualdad y acceso a la vivienda. "Es importante tener en cuenta que el perfilado está regulado por el reglamento de protección de datos, y cualquier incumplimiento puede resultar en sanciones, especialmente si no se informa adecuadamente a los usuarios sobre el tratamiento de sus datos" explica el delegado de Protección de Datos en la Universidad de Alicante.

La provincia de Alicante se sitúa como una de las más rentables de España para invertir en vivienda

El control de datos en el sector inmobiliario

En un mundo cada vez más digitalizado, el sector inmobiliario se encuentra ante nuevos retos que les permitan llevar a cabo buenas prácticas en cuanto al manejo de datos de sus clientes. Para arrojar luz sobre este tema, Rubén Martínez, profesor de Derecho Administrativo y delegado de Protección de Datos en la Universidad de Alicante, hace un balance de la situación en la que se encuentra el sector inmobiliario, el desarrollo normativo y desafíos en este ámbito.

Ante la complejidad en torno al uso de la inteligencia artificial y el tratamiento de datos, ¿cuáles son las implicaciones éticas y legales del perfilado de datos en el acceso a la vivienda?

El perfilado de datos plantea serias implicaciones éticas y legales. Con la nueva normativa estas técnicas automatizadas para ofrecer productos inmobiliarios van a tener que estar muy controlado, ya que realizar estas prácticas a través de la IA está prohibido en la Unión Europea porque este tipo de sistemas en los que en base a un perfil te descartan o te escogen como posible arrendatario vulnera tu acceso a la vivienda en condiciones de igualdad con el otro.

Esta práctica afecta de forma directa al arrendatario...

Sí. Por ejemplo, el sistema basado la inteligencia artificial puede estar elaborado de tal forma que considere que es mejor para el propietario de esa vivienda alquilar a una pareja de 30 años que a una persona de 55 años que vaya a vivir sola o al revés. En esos casos puede haber vulneraciones de los derechos de igualdad o de acceso a la vivienda. No es que sean ilegales ahora, es que ya no se pueden hacer, al Banco Santander le han puesto 3 millones de euros por hacer perfilado de los clientes, la gente se toma a broma este tema, pero es muy serio.

¿Cuál es el límite en el consentimiento para la entrega de datos en este ámbito?

La clave está en el consentimiento de la persona interesada. El límite estaría en que no afecte a datos de carácter sensible, como datos sanitarios o relacionados con la raza o la orientación sexual, porque ahí el consentimiento ya se vería limitado incluso aunque consientas. El problema en estos casos se produce porque es una práctica en la que el consentimiento no es libre, la ley dice que el consentimiento tiene que ser libre, inequívoco y específico y si a ti la inmobiliaria te dice que o le das los datos o no puedes ir a ver el piso, no hay un consentimiento libre.

Estas prácticas pueden acarrear sanciones...

En estos casos existe una prelación de un derecho fundamental, el del acceso a la vivienda, por delante de la libertad empresarial, el que una inmobiliaria elija a qué clientes quiere mostrarle el piso. Si no se dan alternativas a los interesados, el consentimiento no es libre y podría vulnerar la normativa. Si algún consumidor va a la Agencia de Protección de Datos y le comentan que se encuentran en una situación en la que o facilitan la información o no ven el piso la Agencia podría llegar a sancionar. 

Se está solicitando información sensible, como el DNI o los datos bancarios, ¿lo hace más peligroso?

La vida laboral, por ejemplo, es muy sensible y el DNI es muy documento con el que hay que llevar mucho cuidado. Además, si tienes datos bancarios de una persona y, por lo que sea sufres una brecha digital y logran acceder a ellos pueden intentar hacer compras o con tu DNI puede haber una suplantación de identidad y ahí la inmobiliaria podría incurrir en una infracción y ser sancionada.

La vida laboral se pide bajo la premisa de que sirve para ver si una persona tiene continuidad en sus empleos, pero acarrea riesgos añadidos...

En este caso sí porque se trata de datos relacionados con la salud. Al tratarse de datos de carácter sensible el consentimiento ya se vería limitado, incluso aunque el interesado acepte. Con la vida laboral pueden ver si has estado de baja y, si te preguntan, te ves obligado a decir que te rompiste el pie, eso son datos médicos y son datos sensibles y puede acarrear sanciones mayores.

Muchos de estos datos se piden a través de terceros como Google, ¿qué desafíos surgen cuando entran en juego del tratamiento de datos estos actores?

El tipo de canal tiene otras implicaciones porque el responsable del tratamiento es la inmobiliaria, pero ahí tienes un tercero que es Google. En estos casos hay que ver cómo está hecho ese formulario, si Google va a hacer almacenamiento de datos o no lo va a hacer. Cuando la cuenta de Gmail está vinculada con el formulario se almacenan los datos y es un problema. Para esto hay que firmar un contrato de tratamiento de datos y muchas empresas no lo saben todavía.

Por ello es importante que cuando se recogen datos a través de estas aplicaciones se alerte al usuario...

Sí. En la Universidad, cuando autorizamos que un proyecto de investigación recoja datos a través de Google obligamos a que se haga de manera anónima para que no incurra en un incumplimiento de la normativa. En estos casos debería establecerse una información antes de completar los datos en los que se informe al usuario de sus derechos como el periodo mínimo de conservación de la información, quién es el delegado de protección de datos de la compañía o cómo eliminar sus datos del fichero.

¿Qué medidas sugiere para evitar posibles brechas de seguridad en el manejo de datos económicos por parte de las inmobiliarias?

Es crucial implementar medidas sólidas de protección de datos, desde evaluaciones de impacto hasta protocolos de seguridad robustos, para salvaguardar la información financiera de los clientes y evitar posibles sanciones por incumplimiento. Como profesor de Derecho Administrativo siempre le digo lo mismo a todos mis alumnos: lo que prima en temas de protección de datos es el sentido común. Cuando a una persona con sentido común le chirría algo es porque, seguramente, la norma no lo permita.

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