La Generalitat presenta alegaciones contra el nuevo Reglamento General de Costas del Gobierno

El Gobierno autonómico liderado por Carlos Mazón ha hecho efectivas las alegaciones contra el nuevo Reglamento General de Costas que pretende poner en funcionamiento el Gobierno central. Ha sido la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, quien ha confirmado en una comparecencia que ha llevado a cabo durante una visita institucional a Moncofa este lunes que la Generalitat ha presentado alegaciones al Reglamento General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de “hacer compatible la protección del litoral con la actividad humana”.

En este sentido, desde de la Generalitat solicitan al Gobierno en su exposición que atienda a la realidad de "una costa como la valenciana, con una importante actividad económica ligada al mar que también se regulará en la futura norma autonómica", según ha indicado Pradas en su intervención. La consellera también ha señalado que se ha solicitado en las alegaciones que se tenga en cuenta la "diversa caracterización de los temporales de los mares Cantábrico y Atlántico, y Mediterráneo, y su distinta incidencia en costas acantiladas y playas", como parte del nuevo reglamento que plantea el Ejecutivo central.

Entre las alegaciones presentadas, la consellera de Medio Ambiente ha apuntado que asimismo se encuentra la petición de que se considere a los paseos marítimos "en la fijación de la ribera del mar para abundar en la seguridad jurídica que debe regir la actuación de los poderes públicos", es decir, para asegurar que las autoridades públicas actúen dentro de los marcos legales adecuados y proporcionen seguridad jurídica, un apartado que se propone "con el objetivo de mejorar la futura norma". Además, Salomé Pradas ha pedido como parte de estas alegaciones suprimir “aquellos preceptos más arbitrarios que abren la puerta a un mayor número de deslindes” como el que señala que, con un único temporal, se puede marcar un deslinde, "aunque con anterioridad el límite se fijaba en cinco".

Salomé Pradas ha indicado que la anulación judicial del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas “abre una oportunidad de replanteamiento de los objetivos de la norma atendiendo el sentir de los ciudadanos” y ha abogado por aprovecharla.

“El establecimiento de un criterio uniforme solo por su aplicación práctica ha provocado líneas poligonales, que se han trasladado a las servidumbres de protección, de imposible comprensión por la ciudadanía, cuya consecuencia ha sido el desprestigio de la legislación de costas”, ha remarcado la consellera. De la misma forma, ha lamentado que municipios como Moncofa hayan perdido 200 metros lineales de costa en los últimos años y que el Gobierno no haya actuado para evitarlo más allá de arrebatar terreno público y privado sin aportar ninguna solución.

Asimismo, desde la Conselleria de Medio Ambiente se ha informado en un comunicado de que la vinculación del urbanismo a la norma proyectada, pese a tener carácter sectorial costero, "excedería el ámbito competencial, invadiendo el que constitucionalmente corresponde a municipios y Comunidades Autónomas".

Estas alegaciones presentadas por la Generalitat surgen después de que el pasado mes de marzo el Senado abriera la puerta a sacar del limbo legal en el que se encuentran miles de viviendas afectadas por la ley de Costas. El Partido Popular lograba sacar adelante una proposición no de ley con el fin de evitar la destrucción de «conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre».

Una propuesta de ley que, de terminar siendo aprobada, afectará a todo el territorio nacional. La propuesta popular salió aprobada por 153 votos frente a 89 en contra y diez abstenciones. Un resultado que obliga a tramitar la propuesta en el Congreso de los Diputados y con posibilidades de salir adelante, ya que algunos de los grupos políticos que han apoyado la medida se encuentran entre los socios del Gobierno. Una circunstancia que invita al optimismo entre los afectados por la ley de Costas, que en el caso de la provincia de Alicante se encuentran en la Albufereta de Alicante, playa Babilonia en Guardamar, El Pinet en Elche, o las playas al norte de Dénia.

La propuesta incluye tres requisitos para salvar estas construcciones: que dispongan de valores culturales, históricos o etnográficos por los que merezcan ser conservados, que estén integrados en el paisaje y que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo-terrestre.

El Senado abre la puerta para sacar del limbo las viviendas afectadas por la ley de Costas en la provincia de Alicante

Nueva normativa autonómica

El Gobierno autonómico, liderado por Carlos Mazón, está elaborando una nueva ley del litoral con el objetivo de otorgar a la Generalitat la autoridad para decidir sobre concesiones administrativas, hostelería y actividades deportivas en la costa, aún a riesgo de que el Gobierno central acabe impugnándola ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias.

Esta iniciativa, una promesa electoral de Mazón, busca que, por primera vez desde el ámbito autonómico, se regulen los usos de la costa bajo la premisa de que no todos los espacios tienen las mismas características, soportan idénticas tipologías de usos o requieren de las mismas intervenciones. Y todo ello bajo la premisa fundamental de simplificar la tramitación de las autorizaciones tanto de usos como de actividades. Así las cosas, la aspiración del Consell es que sea la Generalitat la que tenga la última palabra en asuntos como las concesiones administrativas, la actividad hostelera, los deportes e, incluso, los planes de temporada en las playas.

Respecto a la ordenación del territorio, la futura ley conllevará la revisión del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), que será reformulado con la finalidad de adaptarlo a la nueva ley de costas valenciana, dotándolo así de mayor seguridad jurídica.

Y, con relación a los deslindes, la normativa identificará como patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana los núcleos urbanos y poblados históricos presentes en el litoral y que deben tener una especial y singular protección como imagen tradicional, histórica y paisajística, de manera que no se vean afectados.