La nave cerrada de graneles en el puerto de Alicante encara su recta final, tras años de retraso

La compañía espera que la infraestructura, actualmente al 75% de su capacidad, esté completa en este mes de abril

La Autoridad Portuaria y la mercantil sostienen que ya no se realiza ninguna descarga al aire libre pero los vecinos aseguran que se han desplazado a otros muelles

La nueva nave cerrada para el tratamiento de graneles en el puerto de Alicante en una imagen reciente.

La nueva nave cerrada para el tratamiento de graneles en el puerto de Alicante en una imagen reciente. / Jose Navarro

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Dos años. Ese era el plazo inicial que daba la Generalitat para la puesta en marcha de la nave cerrada del puerto. Una infraestructura vital para que la carga y descarga de graneles se lleve a cabo bajo techo, impidiendo la emisión de materiales contaminantes y perjudiciales para la salud que ha tenido desde hace años a los vecinos en pie de guerra. Ahora, con cerca de tres años de retraso, la mercantil encargada de su construcción espera que la infraestructura esté operativa al 100% este mismo mes de abril.

Pese a que los trabajos para que pudiese entrar en funcionamiento concluyeron el pasado año, la nave sufrió un «asentamiento» del terreno sobre el que está construida que la desplazó varios centímetros. Como resultado de este fenómeno, varios de los raíles y mecanismos automatizados del interior de la infraestructura necesitaron de un complejo ajuste y reparación. Por este motivo, la novedosa construcción ha estado varios meses operando al 75% de su capacidad.

Pese a ello, tanto la Autoridad Portuaria como Eiffage sostienen que la totalidad de las descargas de materiales pulverulentos (aquellos que producen partículas que pueden quedar en suspensión y ser potencialmente peligrosas) se está llevando a cabo en el interior de la nave. El resto de graneles, descargas que se producen en el muelle exterior y que son objeto de las críticas de los vecinos, corresponden según ambos a materiales como la escoria, que no produce polvo, o la biomasa, que no puede tratarse en interior porque produce gases inflamables al tratarse de materiales de origen biológico.

Fuentes de la compañía apuntan a que esta falta de operatividad del 25% «a los únicos que afecta es a nosotros», ya que está suponiendo «un sobrecoste importante, tanto por la reparación de la maquinaria como por el incremento de camiones que tenemos que hacer para solventar esa falta de capacidad de la nave».

De hecho, la mercantil apunta que, de acuerdo con los datos facilitados por la Generalitat, la contaminación en la zona ha descendido hasta en un 70% en el último año, desde que la infraestructura comenzara a operar. Una mejoría «más que notable» para la compañía ya que los medidores también recogen emisiones procedentes del tráfico rodado en la zona. A preguntas de este diario, la Autoridad Portuaria ha confirmado que sigue pendiente de la evolución y finalización de las obras, que esperan que sea «inminente». En cuanto al tráfico de graneles, el Puerto señala que en 2023 se incrementó un 10%, «mejorando significativamente» los datos de calidad del aire. 

Para los vecinos, en cambio, la demora en concluir la construcción no tiene justificación. Miembros de las asociaciones vecinales del sur de Alicante han reclamado en reiteradas ocasiones que se interrumpa la actividad mientras que las obras no concluyan por completo. Además, alertan de que el problema con los graneles no se ciñe únicamente al muelle 17, donde se ubica la nave, sino también al 13 y al 15.

Los vecinos insisten contra los macrodepósitos

Colectivos vecinales de Alicante reclaman al Puerto la nulidad de la modificación de la concesión para instalar macrodepósitos de combustible en la zona.

La Plataforma Puerto Sostenible y Unir Alacant piden que la Autoridad Portuaria revise de oficio la nulidad de la concesión puesto que su aprobación incluye, a juicio de las plataformas, diferentes defectos técnicos como la falta de publicación de datos en el BOE o de algunos documentos requeridos. Aseguran que, pese a la posición pública contra los macrodepósitos del alcalde, el presidente del puerto y demás políticos, su actitud es de «completa pasividad» a la espera del TSJ.

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