Trabajadores y usuarios de la residencia de Foietes denuncian los impagos del Consell

La Administración autonómica adeuda 8 millones de euros a la empresa que gestiona esta residencia, la única de la comarca que forma parte de la red pública a la atención de la dependencia y cuya gestión está adjudicada a la mercantil Fundación Salud y Comunidad. La empresa lleva desde diciembre de 2012 sin haber visto satisfechas las facturas por la prestación de servicios en el centro. Y ya no da más de sí. Días atrás, representantes de la mercantil comunicaron a la plantilla que, casi con toda seguridad, a partir de este mes no podrán abonar las nóminas de los 74 trabajadores, un hecho que podría poner en peligro la continuidad del servicio y, sobre todo, la atención que se presta a los 100 residentes y 20 usuarios del centro de día con los que cuenta esta residencia.

Miembros del comité de empresa y usuarios del centro trasladaron ayer a este diario la sensación de alarma con la que conviven desde hace unos días. Antonio López Pujante, presidente del comité laboral, explicó que a fecha de hoy la plantilla ha estado cobrando sus salarios, pero «a partir de ahora no sabemos lo que puede pasar, porque no hay esperanza de que se pueda solucionar en breve».

Al parecer, según estas fuentes, la Generalitat se comprometió a abonar en agosto parte de la deuda que tenía contraída con Fundación Salud y Comunidad, en concreto 5,7 millones, de los que finalmente sólo llegaron 1,8. Para más «inri» las facturas tampoco se han incluido en el plan de pago a proveedores y ahora, según señalaron desde el comité de empresa, les han emplazado al mes de marzo para empezar a saldar los costes por la prestación del servicio. «Pero la empresa nos ha dicho que no puede aguantar tanto tiempo», porque a la deuda de Benidorm se suma la de otras residencias que también gestiona en otros puntos de la provincia, como Elche, Benejúzar o Elda.

Ante esta situación, los trabajadores se han visto abocados a un futuro incierto. Porque además de no tener ninguna garantía de que podrán cobrar sus salarios, desde el comité de empresa indicaron que parte de la plantilla reside en otras localidades de la provincia, «y encima de no cobrar, tendrán que poner dinero de su bolsillo para venir a trabajar».

Desconcierto entre los residentes

Además de los problemas que los impagos del Consell van a generar a los profesionales, el temor por el futuro de este servicio también se ha extendido entre los propios usuarios. Así lo expresó ayer José Carrasco, el presidente de la junta de gobierno de la residencia, quien indicó que los residentes están «muy afectados psicológica y moralmente, porque no sabemos qué hacer para ayudarles». Carrasco destacó que de las cien personas que están internas en el centro, más de la mitad son gente que está encamada, sin apenas movilidad y cuyos familiares no pueden hacerse cargo de sus cuidados. «Y también hay gente que no tiene familia que les pueda atender», agregó. «Son personas que han cotizado, que pagan por este servicio y que realmente lo necesitan», indicaron por su parte los trabajadores, que agregaron que «no son juguetes ni un producto que se pueda eliminar».

Desde el comité de empresa avanzaron su intención de iniciar encierros en el centro y de llevar a cabo protestas ante la Conselleria de Bienestar Social para reclamar el pago de la deuda.