La líder ultra que atacó a la niña víctima de la violación grupal de Burjassot, al banquillo

Hasta cuatro años y medio de cárcel y 50.000 euros de indemnización han pedido las acusaciones pública y privada para la líder ultra María Cristina Seguí García, cofundadora de Vox en València, por contribuir a revelar la identidad de la niña de 12 años que fue víctima de una violación grupal en Burjassot y por atentar contra la integridad moral de la menor.

De momento, el juez de Instrucción número 6 de València, que ha dirigido la causa contra Seguí, ya ha dictado el auto de apertura de juicio oral, por lo que la ultraderechista, que ya fue condenada por la vía civil el año pasado a pagar 6.000 euros por difamar al exministro José Luis Ábalos a través de Twitter, se sentará en el banquillo de los acusados en unos meses.

Su defensa ya ha anunciado que recurrirá el auto del juez, recurso que provocará retrasar unos meses el inicio del juicio contra Seguí, que se celebrará en un juzgado de lo Penal de la Ciudad de la Justicia de València.

Tal como ha venido informando Levante-EMV, la líder ultra difundió un vídeo grabado por el entorno de los presuntos violadores de móvil a móvil en el que captaron un directo en la red social de Instagram realizado de manera privada por la menor en el que aparecía ella, la otra niña que fue violada en ese mismo episodio en Burjassot y una tercera adolescente, amiga de las anteriores, cuya madre fue quien puso en alerta a la Policía en el momento en que se estaban produciendo las agresiones sexuales, en la tarde-noche del 16 de mayo de 2022, tal como adelantó en exclusiva este diario.

Las niñas, que únicamente cubrían su rostro con filtros de la propia red, por lo que sus caras eran visibles en varios momentos del vídeo, comentaban entre sí que el caso derivaría en un juicio y las consecuencias que ello acarrearía. 

Un vídeo del ámbito privado

El directo, recuerda la acusación particular, no tenía ningún afán de publicidad, ya que «se había mantenido en el ámbito privado y no había sido publicado» por ellas.

Esa grabación fue utilizada por la ahora acusada para verter una serie de mentiras contra las chicas y aprovechar esa violación grupal para iniciar una «campaña de descrédito» en la red Twitter -hoy X-, en la que Seguí tenía en ese momento 201.000 seguidores, contra la ley del ‘solo sí es sí’, que en ese momento estaba en fase de tramitación parlamentaria. 

La publicación de los tuits con el vídeo y los sucesivos comentarios en la cuenta de Seguí García comenzó el 19 de mayo de 2022 -y continuó varios días más-, tres días después de que las dos menores fueran objeto de la violación múltiple -una de ellas sufrió una agresión sexual individual, primero, y grupal después, por parte de tres menores de los cuales uno ni siquiera es imputable, mientras que la otra niña fue víctima de una violación individual-.

"No ocultó ni pixeló el nombre de usuario"

Nada más producirse ese ataque en redes, Seguí fue denunciada por la asociación de defensa de los consumidores Facua ante la agencia de protección de datos, que obligó a la ultra a retirar los tuits y publicar su escrito demandando esa retirada, circunstancia que ella aprovechó para volver a hacerlos accesibles, incluido el vídeo, usando para ello la herramienta Tweetstamp, que permite ‘estampar’ o fijar cualquier tuit.

Las dos acusaciones coinciden en que la ultra cometió un delito de revelación de secretos, al promover la identificación de la niña -que tuvo que cambiar de instituto y ciudad tras el acoso sufrido, con un aluvión de «criticas y amenazas» porque la reconocieron en su centro escolar a raíz de esa publicación- ya que «no ocultó o pixeló el nombre de usuario de la cuenta» de la menor y otro delito contra la integridad moral por los comentarios denigrantes que acompañaban el vídeo.

Con agravante de género

Entre ellos, citan el primero, cuando Seguí escribió: «Esta todo mal no es una niña de 12, sino de 15 o 16, el sexo fue acordado y consentido y lo hicieron para hacerse famosas en TV gracias a medios de difusión de bulos como vosotros». Los cuatro acusados de las violaciones están a la espera de juicio y afrontan las máximas penas que prevé la ley, tal como adelantó este periódico.

Aunque ambas acusaciones coinciden en la tipificación de los delitos, las penas difieren porque la Fiscalía de Odio, que ha impulsado la causa desde el inicio, incluye la agravante de género. Así, la acusación pública pide 3 años por la revelación de secretos y año y medio por el daño moral.

Graves secuelas psicológicas

Por su parte, la acusación particular, que ejerce el despacho del penalista Juan Carlos Navarro en nombre de la madre de la menor que sufrió la agresión sexual grupal, demanda algo menos de cárcel: dos años y medio por la revelación de secretos y seis meses por el delito contra la integridad moral de la niña, que tenía 12 años cuando fue violada y a continuación vilipendiada en Twitter por la ahora acusada.

Sin embargo, en la indemnización la fiscal solicita 15.000 euros, mientras que la acusación particular eleva esa cuantía a 50.000 euros.

Cinco años castigada sin Twitter

Las dos acusaciones piden que la ultra sea expulsada de Twitter durante cinco años, que su cuenta sea borrada y que no pueda crear ninguna más, petición que la Fiscalía acompaña con otra medida más: una orden de alejamiento que le impida acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con la menor por ningún medio durante ese mismo periodo de cinco años.

La niña continúa actualmente en tratamiento psicológico por las graves secuelas de aquellos hechos y de la difusión de esos tuits.