El Consell destina 6 millones para igualar el sueldo de los investigadores al del personal sanitario

El Consell ha acordado este miércoles equiparar las condiciones laborales del personal investigador de la Generalitat con las del personal sanitario. Tal como adelantó este diario el pasado fin de semana, el pleno del Ejecutivo valenciano ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes que estandariza las categorías profesionales y las condiciones salariales de estos profesionales, que trabajan en las fundaciones e institutos de investigación biométrica del sector público adscritas a la Conselleria de Sanidad. Al pertenecer al ámbito instrumental de la Generalitat, sus condiciones eran diferentes a los trabajadores de Sanidad.

La Generalitat destinará un importe global de seis millones de euros a esta homologación de salarios según marca la normativa estatal, según ha indicado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien ha comparecido junto a la portavoz, Ruth Merino, tras la reunión semanal del Ejecutivo de Carlos Mazón. Las nuevas equivalencias se publicarán en el DOGV, ha anunciado.

La norma, ha remarcado el conseller, da cumplimiento a la ley estatal de Investigación Biomédica al otorgar un tratamiento equivalente entre las categorías de los investigadores y los sanitarios, que además queda blindada al recibir rango de ley. Además, "subsana la orfandad" en la que, según Gómez, se encontraba este colectivo "por parte del Ministerio de Ciencia", comandado por Diana Morant, ahora líder del PSPV.

El anuncio del Ejecutivo valenciano tiene una evidente lectura política, ya que el Consell da luz verde a este decreto ley apenas una semana después de que el president, Carlos Mazón, anunciara en la anterior sesión de control la contratación "sin dilación" de 200 profesionales de este sector. Un movimiento claramente dirigido a confrontar con el Gobierno central, como es habitual, pero más directamente con Morant.

Una vez las Corts validen el decreto ley, este sustentará un nuevo marco jurídico para los profesionales de las fundaciones e institutos del sector público valenciano que gestionan la investigación de los centros sanitarios y hospitales del sistema público sanitario, una de las necesidades a las que apuntó la Intervención de la Generalitat en su última auditoría, según ha señalado Gómez.

Mazón busca confrontar con la gestión de Morant en Ciencia y anuncia la contratación de 200 investigadores

En el ojo de la Intervención

Según ha detallado el titular de Sanidad, la situación del personal investigador ha sido cuestionada por este órgano, que en su informe de 2023 señaló que la gestión económico financiera de estos organismos en materia de personal "no se ajusta a la normativa aplicable" por "incumplimientos y limitaciones" como la aplicación de convenios colectivos sin "los preceptivos informes favorables de la Conselleria de Hacienda", así como la "no presentación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)", un trámite de obligado cumplimiento.

La intervención también apunta a un descontrol en cuanto a salarios al apuntar que "existe personal de las fundaciones que percibe retribuciones por conceptos no incluidos en su contrato laboral ni en el convenio aplicable a dicho contrato sin la autorización preceptiva". En ese sentido, también existen desigualdades retributivas entre trabajadores en función del ente al que pertenecen.

Con la nueva norma, el Consell entiende que quedan resueltas estas diferencias ya que la homologación no se produce solo a nivel horizontal (entre los organismos de investigación y biomédicos) sino también en vertical, al converger con los del personal sanitario.

La Comunidad Valenciana cuenta actualmente con seis institutos de investigación públicos de la Comunidad Valenciana: El IIS La Fe, el Incliva, Fisabio, la Fundación de Investigación del Hospital General de Valencia, la Fundación de Investigación Hospital Provincial de Castellón e Isabial.