Yolanda Díaz avanza que su primera medida será mejorar los subsidios de paro

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adelantado este martes en su toma de posesión de la cartera que su primera medida en esta nueva legislatura será mejorar los subsidios por desempleo. Uno de los objetivos, entre otros, será permitir compaginar el cobro de parte de la ayuda pública con el sueldo durante los primeros meses de contrato, tal como avanzó El Periódico de Catalunya, el pasado febrero. Esta es una reforma que quedó pendiente de la legislatura pasada, que ya está comprometida con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia para la recepción de los fondos NextGeneration EU y que el adelanto electoral dejó en barbecho.

Los subsidios asistenciales al desempleo son aquellos que no dependen de la cotización previa del parado, sino de un derecho reconocido y común para toda la ciudadanía. Por ejemplo, los subsidios para mayores de 52 años, que consisten en un pago de 480 euros a todo aquel desempleado que haya cumplido los 52 años y que haya agotado ya todas sus prestaciones contributivas.

Uno de los subsidios que actualmente ya permite compaginar su cobro con el salario durante los primeros meses de contrato es la renta activa de inserción (RAI). Una ayuda que perciben 97.882 personas, según los últimos datos del Sepe publicados en octubre. La idea es que los desempleados no tengan miedo de aceptar un empleo por miedo a perder su subsidio, ya que si este al final no acaba cuajando y les despiden o se les agota el contrato, se quedan sin el sueldo y sin la ayuda asistencial. Y tienen que volver a empezar todos los trámites administrativos.

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La voluntad del Gobierno es extender ese esquema para incentivar la reinserción laboral sobre las 766.577 personas que actualmente están registradas en el Sepe como receptoras de subsidio asistencial. "Es el momento de avanzar en el nivel asistencial, vamos a empezar protegiendo a los que más lo necesitan", ha declarado la vicepresidenta segunda tras asumir de nuevo su cartera ministerial.

Subir el SMI

Otra prioridad para el departamento que dirige Díaz será la convocatoria formal "de manera inmediata" de la comisión de expertos designada para definir la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) del 2024. Actualmente el SMI está en 1.080 euros brutos al mes (en 14 pagas) y cada año, desde los últimos dos, un grupo de académicos designado por los ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Economía, además de los sindicatos CCOO y UGT, trasladan al Gobierno sus recomendaciones para revalorizar este indicador.

Una vez el Ejecutivo tenga dichas recomendaciones, el Ministerio de Trabajo citará a patronal y sindicatos para acabar de definir la cifra final, que en última instancia deberá pasar por Consejo de Ministros. La referencia que hasta ahora se ha marcado el Gobierno es ir actualizando el salario mínimo para que su cuantía sea la equivalente al 60% del salario medio de un trabajador en España.

El PSOE llevó en su programa electoral la promesa de anclar en el Estatuto de los Trabajadores esta referencia, para blindarla de los venideros cambios de color político en Moncloa. Y este martes la líder de Sumar ha defendido los anteriores incrementos -desde que Pedro Sánchez es presidente el SMI ha subido casi un 50%- como un "enorme éxito, para la vida de la gente, para el empleo y para la economía".

Los sindicatos ya han empezado a apretar para un incremento significativo de este suelo salarial y UGT, a través de su secretario general, Pepe Álvarez, habla de 1.200 euros mensuales. Y la patronal todavía no ha mostrado sus cartas. Durante los tres últimos años la CEOE se ha descolgado de los incrementos del salario mínimo.

"Ola de derechos"

La ministra de Trabajo ha prometido que esta legislatura, su segunda al frente de esta cartera, supondrá "una nueva ola de derechos laborales". El compromiso del Ejecutivo, que no tendrá una aritmética parlamentaria fácil, es elaborar el "Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI". Lo que pasa, según pretende Díaz, por rebajar la jornada laboral, hasta las 37,5 horas a la semana. También por encarecer el coste del despido, con el fin de aumentar las indemnizaciones para aquellos colectivos más vulnerables y más dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Otra ambición de la vicepresidenta es aumentar el poder de decisión de los sindicatos dentro de las empresas, sobre todo en las grandes.