Los recortes en los días de pesca reducen las capturas en Alicante en un 25 %

Las cofradías de la provincia desembarcan en la actualidad 2.600 toneladas menos de pescado que hace cuatro años, cuando la UE inició las restricciones

Dos pescadores sueltan amarras en el puerto de Santa Pola.

Dos pescadores sueltan amarras en el puerto de Santa Pola. / Jose Navarro

M. Vilaplana

M. Vilaplana

El hachazo en los días habilitados por la Unión Europea (UE) para la pesca de arrastre está teniendo consecuencias directas sobre las capturas. Tanto es así que las cofradías de la provincia de Alicante desembarcaron en 2023 un 25 % menos de pescado que el que llegaba a los puertos hace cuatro años, momento en el que se iniciaron las restricciones. Se trata, nada menos, que de 2.600 toneladas, lo cual está teniendo un efecto devastador sobre el sector. Y todo ello, además, sin que se atiendan las reivindicaciones que emanan desde las propias cofradías y la Conselleria de Agricultura y Pesca, dado que el Gobierno central ha descartado habilitar fondos para el desguace de parte de la flota.

La UE, justificándolo siempre en criterios de sostenibilidad, viene aplicando desde 2020 una agresiva política de recortes para la pesca de arrastre del Mediterráneo occidental. En cualquier caso, ha sido este año cuando el tijeretazo ha sido más fuerte, dado que, si inicialmente se especulaba con que la reducción pudiese ser de alrededor de 15 días, finalmente será de 45. Un hachazo en toda regla para el sector, que ha recibido con indignación una medida por medio de la cual las 120 embarcaciones de arrastre alicantinas solo podrán trabajar 125 días en el ejercicio actual, frente a las 240 de las que disfrutaban antes de empezar las restricciones.

Y eso, como cabía esperar, está teniendo su reflejo sobre las capturas. Según la información facilitada desde el propio sector, las cofradías de la provincia de Alicante cerraron 2023 con 7.800 toneladas de pescado desembarcadas, muy lejos de las 10.400 que se obtenían antes de los recortes. Una merma que ha ido avanzando de forma paulatina en los últimos cuatro años, en paralelo al veto creciente que iba imponiendo Bruselas.

El descenso de las capturas, lógicamente, también está teniendo consecuencias económicas, aunque en este caso son más difíciles de calcular, habida cuenta que el volumen de negocio depende del tipo de pescado que se captura, de distintos precios, y también de su cantidad, Con todo, diferentes fuentes destacan que las pérdidas podrían rondar los diez millones de euros.

Y el problema añadido, defienden desde el sector, es que tampoco se atienden sus reivindicaciones. Tanto las cofradías como la Conselleria de Agricultura habían planteado al ministerio del ramo la habilitación de fondos para el desguace selectivo de las embarcaciones menos rentables, es decir, aquellas construidas en madera, debido a los problemas que se encuentran para asegurarlas y también por la falta de profesionales que las reparen. La medida hubiese supuesto la eliminación de 32 barcos de estas características en la Comunidad Valenciana, 18 de ellos en la provincia de Alicante, lo que habría permitido repartir los días de pesca que les correspondían entre los restantes.

Pero no ha podido ser. Este plan fue defendido la semana pasada por los representantes sectoriales y de los diferentes gobiernos autonómicos de Andalucía, Cataluña, Baleares, Murcia y la propia Comunidad Valenciana en una reunión mantenida con responsables ministeriales, sin que fuese aceptado. Así lo señala el secretario de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante, Juan Mulet, quien indica que las contraprestaciones ofrecidas se han limitado a un aumento de las bonificaciones y a la posibilidad de incrementar levemente los días de pesca a cambio de vedas y la introducción de redes y técnicas de pesca más selectivas. Algo que el sector considera del todo “insuficiente” porque, indica Mulet, “los recortes nos han dejado sin margen de rentabilidad”. Los pescadores, por otro lado, han reclamado al ministerio que habilite algún sistema que evite que los trabajadores consuman el paro cuando las embarcaciones, como consecuencia de los recortes, permanezcan amarradas a puerto.

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