La inflación dispara la cifra de alicantinos que no puede comer carne o pescado regularmente

La pobreza vuelve a crecer en la provincia impulsada por los efectos de la inflación. A pesar de la mejora del mercado laboral y de los ingresos medios con los que cuentan la mayoría de los hogares, el aumento desbocado de la cesta de la compra y de las facturas más habituales, como la luz o el gas, provocó un considerable repunte de la población sometida a privaciones materiales durante el año pasado y elevó el porcentaje de familias en situación de vulnerabilidad.

De esta forma, después la mejora experimentada en 2022  –cuando la recuperación de la actividad económica tras la pandemia mejoró este indicador-, la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunidad Valenciana repuntó más de dos puntos el año pasado, hasta situarse en el 29,6%, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este lunes por el INE. Una cifra que, además, supera en más de tres puntos a la media nacional, que se situó en el mismo periodo en el 26,5%.

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Del mismo modo, la población con carencias materiales severas alcanzó el 8,3% del total, lo que trasladado a la provincia de Alicante representa más de 165.000 personas, casi 25.000 más de las que estaban en esta misma situación un año antes.

Los efectos de las subidas de precios se dejan ver claramente en el desglose de algunos de los problemas más habituales por los que pasan este tipo de familias y, en especial, en el más grave de ellos, como es la imposibilidad de mantener una alimentación variada. Así, la cifra de residentes que no puede permitirse comer carne o pescado al menos una vez cada dos días prácticamente se ha duplicado, al pasar del 3,4% contabilizado en 2022, a un 6,6%.

Un dato que significa que más de 131.000 alicantinos tienen problemas para alimentarse correctamente, tras el encarecimiento que han experimentado la mayor parte de estos productos y el conjunto de la cesta de la compra.

Igualmente, hasta un 22,8% de los consultados en la autonomía asegura tener problemas para mantener su hogar a una temperatura adecuada, lo que supone casi cuatro puntos más que en el ejercicio anterior y la cifra más elevada de la serie histórica del INE, que se remonta hasta veinte años atrás. Un dato que confirma las alertas de las ONG sobre el aumento que se produjo en la denominada pobreza energética con la subida del precio de la luz y el gas.

Como es lógico, el aumento de los gastos corrientes de las familias también provocó que tuvieran menos capacidad de reacción ante los posibles sobresaltos. Así, hasta un 38,7% asegura no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, cuatro puntos más que el año precedente. Del mismo modo, un 29,1% no tiene el dinero necesario para sustituir los muebles estropeados. Además, un 4,7% no puede permitirse tener coche, y un 5,2% ni siquiera puede pagar un ordenador personal.

Con este contexto, lo que resulta sorprendente es que la cifra de aquellos que han tenido problemas para pagar a tiempo algún recibo apenas se haya incrementado y se mantenga en el 12,5% del total de la población, solo tres décimas más.

Renta

Este deterioro de los datos de pobreza se produce a pesar del notable avance que registró la renta media por persona, que se incrementó desde los 11.876 hasta los 12.805 euros, o de 29.026 hasta los 31.324 euros, si se tienen en cuenta los ingresos del conjunto de miembros de un hogar. En cualquier caso, unas cifras por debajo de las registradas a nivel nacional, donde la renta media por hogar alcanza los 34.821 euros.

Una aparente contradicción que, en realidad, apunta a un aumento de las desigualdades. Por ejemplo, durante el año pasado la renta del 20% con más ingresos fue de 5,6 veces la que tenía el 20% de población más desfavorecida, una proporción que el año anterior era de 5,2. Igualmente el denominado índice Gini –uno de los indicadores más utilizados para medir la desigualdad- también aumentó de 30,7 a 31,1 puntos.

El sociólogo y profesor del departamento de Análisis Económico Aplicado de la UA Carlos Gómez Gil no duda en vincular los resultados de la encuesta con la "escalada inflacionista y la crisis en el precio de los alimentos", pero apunta también otros elementos. Así, recuerda que siempre que se produce una crisis hay un aumento de la "pobreza extrema" y que es a este porcentaje de la población al que siempre le cuesta más superar estas situaciones de carencia material, y volver a "incorporarse social y laboralmente". Un problema ante el que considera necesario tomar "medidas de choque" para ayudar a estos colectivos.

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Del mismo modo, también llama la atención frente a la persistencia de las desigualdades entre territorios. Así, frente al 8,3% de población valenciana con carencia material severa o el 9% de la media nacional, hay autonomías como Andalucía donde este colectivo representa el 12,6%, una cifra que alcanza el 19% en Ceuta.

Más jóvenes

Por su parte, a la espera de ver si sus propios datos corroboran este incremento de la pobreza material de las familias, la responsable de Territorio de Cáritas, María Boyer, llama la atención sobre la edad cada vez más joven de las parejas que solicitan ayuda a la organización, lo que vincula con la situación de precariedad que aún sufren amplias capas de la población.