El alcalde de Elche, Carlos González, ha rechazado, sin contar con el apoyo de Compromís, el ultimátum de que ha dado la Generalitat Valenciana a los ayuntamientos para cumplir con la Ley de Memoria Democrática y retirar los vestigios de la Guerra Civil y de la dictadura o de lo contrario actuará de oficio. 

El regidor socialista descartó este jueves un día después de conocerse la resolución autonómica, en primer lugar, eliminar el nombre de personas vinculadas con el franquismo de 123 calles de Carrús por su «gravísimo impacto social económico y postal» para un barrio con 80.000 habitantes, 26.000 viviendas y 8.000 locales. En segundo lugar, se negó a retirar en el plazo de un mes, como pide la conselleria, la Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías. El regidor socialista garantizó que la supresión de este monumento se realizará con la remodelación prevista para la plaza, pero dio por hecho que no será antes de las elecciones.

Sin embargo, el anuncio del primer edil no fue compartido por su socio de gobierno por dos motivos. La portavoz de la coalición valencianista, Esther Díez, tachó en declaraciones a este diario de «grave» que González trasladara esta decisión en una comparecencia sin habérselo trasladado antes a Compromís que se enteró por la prensa. A la falta de diálogo que recriminó la edil, se une la falta de consenso en el seno del ejecutivo sobre no obedecer la orden de la Conselleria de Calidad Democrática. Y es que, Compromís defiende que sí que hay que cambiar el nombre a las 123 calles franquistas en contra del criterio socialista que se ampara en que las personas que dieron nombre a estas arterias de Carrús carecieron de un papel de relevancia política y social en el régimen dictatorial.

«No vamos a entrar en la discusión de la implicación que tuvieron estas personas en el franquismo, pero está claro que hay otras personas que representan mejor los valores democráticos en la ciudad», señaló Esther Díez, partidaria de pedir a la Conselleria más plazo para poder ir cambiando los nombres. Una solución que choca de lleno con la que pretenden los socialistas aprobar este mismo viernes en la junta de gobierno. La petición que formularán los responsables municipales a València, según el alcalde, será la retirada del Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista los 123 nombres de las calles de Carrús. También comunicarán que retirarán la Cruz cuando se reforme la plaza porque consideran que «no hay motivo de urgencia para llevar a cabo una actuación tan apresurada», dijo el alcalde.

Después de elecciones

Respecto a supeditar la supresión del controvertido monumento a la remodelación de la plaza como planteó el regidor, la portavoz de Compromís admitió, en consonancia con el PSOE, que «lo ideal es que se haga la actuación completa». El objetivo municipal, tal y como anunció el alcalde es que la eliminación de la Cruz de los Caídos «siga su curso en paralelo a la reforma del Paseo de Germanías, cuya modernización significará su tematización sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y puesta en valor del refugio antiaéreo».

El primer edil fijó en el cuarto trimestre de 2023 (transcurridas ya las elecciones municipales de mayo) la adjudicación de la remodelación al tener que volver a sacarla a concurso público, y a partir de ahí iniciar los trabajos. González confía en que antes del 31 de diciembre del próximo año pueda empezar la obra en Germanías pero dio por hecho que la actuación no va a estar ni mucho menos acabada para entonces porque no hay tiempo material para ello. Esta circunstancia supondría la pérdida de la subvención de los fondos europeos Edusi que financia la mitad de la obra valorada en algo más de 800.000 euros, ya que el plazo exigido para finalizar los trabajos es final del próximo año.

El regidor se amparó en la incidencia que se produjo en la licitación al no cumplir la empresa con los requisitos, una cuestión técnica que nada tiene que ver, según González «con que el PSOE haya dado marcha atrás ni tiene que ver con ninguna otra intención divina como se llegó a decir». También alegó a la obligación de cumplir los plazos legales y que toda licitación «tarda al menos medio año en Elche o en Benidorm».

Con la eliminación del nombre de José María Pemán del callejero de la ciudad (desde 2018 es Andreu Castillejos), el alcalde de Elche defendió que en el municipio «no quedan vestigios que evidencien la exaltación del franquismo». Carlos González mostró su respeto por toda la legislación que regula la Memoria Democrática, «esencial para la convivencia y la normalidad democrática y para la dignidad de las víctimas y de sus descendientes». Sin embargo, mostró sus diferencias con el criterio de la consellera de EUPV, Rosa Pérez Garrijo por haber incluido en el Catálogo de Vestigios de la Guerra y de la Dictadura las 123 calles ilicitanas. El argumento del regidor es que las personas no fueron generales, ni tuvieron implicación directa con el régimen. Entre ellos había curas, panaderos, zapateros...