Pimesa demandará a dos constructoras por fallos en las fachadas de 200 viviendas VPO

La empresa municipal Pimesa llevará a los juzgados a dos constructoras y dos equipos de arquitectos por fallos de ejecución de las fachadas de ocho edificios de 200 viviendas de protección oficial (VPO) que promovió hace más de una década. La mercantil del Ayuntamiento de Elche ha tomado esta decisión después de haber sido condenada, por un lado, a indemnizar a una comunidad de propietarios del barrio Altabix-Universidad con 300.000 euros y, por otro lado, a ejecutar la reparación, valorada en 150.000 euros, en una urbanización próxima a la Jefatura de la Policía Local.

En ambos casos, los vecinos demandaron a Pimesa porque ésta fue la promotora de los inmuebles construidos, tras sus correspondientes concursos públicos, durante el «boom» del ladrillo y entregados en el año 2009. Tanto en los seis bloques de 144 viviendas situados entre las avenidas Jubalcoy y Josefina Manresa, como en los dos bloques de 56 casas de la calle José Antonio Cañete Juárez, las fachadas acabaron con grietas y fisuras años después de su edificación.

En el primer caso, los afectados ya han iniciado unas aparatosas obras que llevaban muchos años esperando para revertir este problema. En las dos promociones se empleó ladrillo caravista para las fachadas, un material muy utilizado durante la época y en estos barrios de expansión de la ciudad donde ha habido incluso desprendimientos en otras viviendas de promoción privada.

Según el gerente de la empresa pública, Antonio Martínez, los propietarios de las dos comunidades llevaron al juzgado a la mercantil pública y no a la constructora o al equipo de arquitectos de los inmuebles porque con la empresa del Ayuntamiento tenían vigente las garantías del contrato.

Demanda civil

Tras las dos condenas, Pimesa ya ha interpuesto una demanda por la vía civil a las dos empresas que diseñaron y construyeron las 144 viviendas de protección oficial, cuyas fachadas se están reparando ahora y piensa hacer lo mismo con las dos firmas que se encargaron de la edificación de las 56 casas del entorno de la Jefatura de la Policía Local.

En el primer caso, los vecinos son los que se están encargando de la rehabilitación tras recibir de las arcas públicas 300.000 euros (los residentes pidieron una indemnización de 800.000 euros). Mientras que en el segundo extremo, donde la comunidad de propietarios reclamó una reparación y no una compensación económica, la empresa pública ya tiene el proyecto redactado para licitar las obras por 150.000 euros. Todo ello con la vista puesta en tener los dos bloques arreglados antes del verano. Una vez que finalicen las obras, Pimesa tiene previsto interponer entonces la demanda con el objetivo de recuperar el dinero perdido.

A destajo

La rapidez a la hora de levantar edificios por la alta demanda que había antes del estallido de la crisis inmobiliaria, la menor calidad de los materiales y el hecho de que no fuera obligatorio realizar juntas de dilatación pudieron estar detrás de estos fallos de ejecución que le ha costado a Pimesa perder dos sentencias judiciales y, en consecuencia, 450.000 euros.

Había que vender más y eso tuvo sus repercusiones. Ahora, el sector dispone de un código técnico nuevo y más exigencias a la hora de construir para evitar caer en los mismos errores del pasado.