Las familias expropiadas de San Antón urgen el pago de los 20.000 euros pactados por sus casas

Vecinos vulnerables de San Antón a los que les han concedido un alquiler social en los nuevos edificios del barrio por su complicada situación económica están a la espera de recibir 20.000 euros tras haber entregado hace un mes su vivienda de toda la vida, declarada en estado de ruina, al Ayuntamiento.

Las arcas municipales tienen que costear esta cuantía a cada una de las 16 últimas familias que han cedido su vieja propiedad a la empresa municipal Pimesa. Ese importe pertenece al valor del suelo de la vieja casa, cuyo destino es el derribo, una condición indispensable dentro del plan de regeneración urbana del humilde barrio ilicitano impulsado por el Ayuntamiento. La mercantil pública tiene que transferir el dinero a los propietarios porque se ha convertido en la titular de esas viviendas que van a tirarse abajo en los próximos meses.

Llaves para una nueva vida en San Antón

Esos vecinos que han accedido a un alquiler (desde 75 euros al mes durante ocho años en San Antón) entregaron en junio las llaves de su antiguas casas y se realojaron en las nuevas torres de viviendas a la espera de cobrar el dinero que les pertenece. Sin embargo, hay familias (Pimesa asegura que dos) que ni siquiera han podido mudarse porque necesitan esos 20.000 euros que les debe el Ayuntamiento para poder comprarse mobiliario, electrodomésticos o colchones nuevos.

«La gente lo está pasando muy mal. Nos deben mucho dinero y pensábamos que esto iba a resolverse en cuestión de un mes y estamos a las puertas de agosto con lo que con las vacaciones esto podría retrasarse más», señala una afectada. Ella se ha trasladado a los nuevos pisos y asegura que le han tenido que dejar dinero sus familiares para poder comenzar una nueva vida, pero en los viejos inmuebles del barrio quedan personas mayores que no pueden permitirse comprarse una cama si no reciben los fondos municipales.

¿La solución?

La solución para las familias que han podido trasladarse llegará, según fuentes municipales, una vez culmine el proceso administrativo de la expropiación de los inmuebles, lo que espera que sea «breve», mientras que para los dos casos puntuales que carecen de ningún medio para equipar sus futuros hogares, el Ayuntamiento defiende que está trabajando «intensamente» en buscar una solución para agilizar la transferencia de al menos una parte del dinero.

No obstante, para resolver estos casos más urgentes es necesario que los órganos municipales se constituyan formalmente y que el Consejo de Pimesa se active, lo que está previsto para principios del mes de agosto.

La Conselleria da permiso a propietarios de pisos sociales en San Antón para ponerlos en alquiler

Este contratiempo lo están sufriendo las familias que han acreditado ante los Servicios Sociales una situación de vulnerabildad que les ha abierto la puerta a tener un alquiler social y sobre todo un techo digno en su barrio.

La tardanza en recibir el dinero de sus antiguas propiedades, algo que el Ayuntamiento asegura que ya avisó a los vecinos que podría ocurrir, se suma a la larga espera que han tenido que realizar para firmar los arrendamientos autorizados en enero por la Conselleria de Vivienda.

Ellos, a diferencia de más de 250 familias que viven en los nuevos inmuebles, no tuvieron un acceso a una hipoteca para comprar el piso social que le ofrecía el Ayuntamiento a un precio muy por debajo del mercado.